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Es un desafío que, probablemente a ese nivel de sofisticación y complejidad, no habíamos enfrentado", dijo ayer el fiscal nacional, Ángel Valencia, a ser consultado por las características del secuestro del empresario de O'Higgins, Rudy Basualto, quien fue liberado el viernes tras el pago de un monto, según confirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Y es que este tipo de situaciones han encendido las alarmas en las autoridades, y de paso, reabren un debate más profundo respecto a la crisis de seguridad que vive el país: los delitos más violentos se multiplican, de la mano con un fenómeno de crimen organizado que se instala en el país. Los expertos advierten que el fenómeno aún no permea a las instituciones, lo que aún deja un margen de acción, aunque precisan que el problema "va en escalada".
Y es que la lista suma y sigue: la llamada "
pequeña Caracas", en Estación Central, es un ejemplo de la
proliferación de casos de extorsión a locatarios. El modus operandi consiste en amedrentar a los dueños de los locales, solicitándoles altas sumas de dinero; y para ello, hay amenazas claras como disparos o incendios, como un mensaje a quienes no quieran pagar el dinero que se les solicita.
Los secuestros, por su parte, también van en aumento. En 2022, la PDI emitió un informe que da cuenta del aumento de estos delitos: se registraron 42 secuestros reales y 75 detenidos. Las estadísticas superan los registros de 2021 cuando hubo 26 casos y 22 detenidos.
Estas últimas semanas, al caso del empresario de Rancagua, se suman dos de estos delitos en Tarapacá, ambos con menos de 24 horas de diferencia. El primero ocurrió en Alto Hospicio, donde un sujeto de nacionalidad extranjera llamó a la familia de la víctima -de 18 años para pedirle 30 millones por liberarlo, finalmente, la familia logró negociar tras entregarles $10 millones. En el segundo, lo secuestradores dejaron a la víctima en Caleta Los Verdes -a 40 km de iquique-, y cuatro personas resultaron detenidas.
El sábado, un hombre envió una carta a El Mercurio donde denunció que su hijo fue secuestrado por un chofer de la aplicación Uber, mientras que ayer lunes, se reportó un robo con homicidio en pomaire, que también incluyó un secuestro, aunque desde la aplicación aseguran que el joven nunca abordó el auto.
"¿Qué preguntas tiene que hacerse Chile frente este tipo de delitos?", dijo ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuando presentaba, junto al fiscal valencia, el nuevo "Equipo contra el crimen organizado y homicidios". La respuesta, en palabras del propio Monsalve, es "si tenemos legislación para enfrentarlo", junto con recordar que este año vio la luz el proyecto del Ejecutivo que aumenta las penas en materia de secuestros.
Pero hay otras preguntas rondando en el aire. ¿Está Chile a tiempo de enfrentar delitos que vienen de la mano del crimen organizado? ¿es suficiente aumentar las penas de cárcel para desincentivar este tipo de ilícitos? En conversación con Emol, expertos intentan responder estas dudas.
¿Hay vuelta atrás?
Pía Greene, integrante del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, es clara en su diagnóstico: "No creo que no haya vuelta atrás, creo que todavía hay opciones para atacar esto". Eso sí, advierte que "el secuestro es el paso de una línea que te indica que todo lo que estamos viviendo en el país no es un invento, no es que los medios de comunicación metan miedo, sino que es real: los delitos están más violentos, están siendo contra las personas y estamos en presencia de crimen organizado en el país".
Greene plantea en ese escenario que "
esto puede seguir escalando", tal como en otros países donde el crimen organizado se ha instalado "y secuestran a personas comunes y corrientes o empresarios para pagar extorsiones, el día de mañana pueden ser autoridades, personas más reconocidas, y eso es escalable".
"Pero hablar de que estamos en el despeñadero y a que nuestro país 'se lo comió' el crimen organizado, no. Creo que estamos a tiempo de detenerlo", comenta.
Esto, porque "aún no estamos en la etapa donde el crimen organizado ha permeado a las autoridades de las instituciones de gobierno. Si bien tenemos casos como el caso de nexos con el narcotráfico en la Municipalidad de San Ramón o en policías del Aeropuerto, aún son casos aislados, y tenemos que creer que esto aún no corrompe totalmente la institucionalidad".
Las acciones urgente vs el "populismo punitivo"
Greene plantea que hay tres grandes acciones en materia de política pública que se deben tomar. La primera, apunta a "avanzar con la creación del Ministerio de Seguridad en materia de coordinación de las instituciones; es muy relevante".
Si bien la experta destaca que las autoridades han señalado que están poniendo énfasis en el trabajo coordinado, la creación de esta nueva institucionalidad vendría a responder con roles clave, como "tener una autoridad con presupuesto, con el mandato de poner metas y objetivos comunes, y que pueda fiscalizar que las cosas realmente ocurran".
La segunda, comenta, es que debe existir inteligencia, "porque su accionar no es suficiente para el complejo momento que estamos viviendo hoy día" y en tercer lugar, "una política integral de cárceles; porque no sacamos nada con hacer populismo penal, cuando seguimos hablando de construir más cárceles o metiendo gente a la cárcel, y no solamente no caben más personas, sino que el contacto criminógeno en las cárceles es brutal".
En la misma línea, Pablo Galain, investigador y docente de la Universidad Andrés Bello, comenta que el "populismo punitivo", tampoco es una vía adecuada para enfrentar este fenómeno.
"Agravar las penas de delitos ya existentes es una política criminal equivocada que pretende cumplir simplemente con objetivos políticos de tipo electoralista, esto es, brindar una señal al electorado de que la administración se va a ocupar del problema. El aumento de penas responde a lo que se puede denominar como 'populismo punitivo' o 'tolerancia cero' frente al delito, es una política criminal que solo se ejerce desde lo semántico y simbólico", comenta.
"No basta" con agravar las penas de cárcel
Parlamentarios de oposición ya han comenzado a tomar acciones para avanzar en una agenda que ponga urgencia y especial atención a la nueva criminalidad en Chile. Esto, pese a que en abril de este año se publicó en el Diario Oficial la ley -enviada por el Ejecutivo- que aumenta las penas por delitos de secuestro.
Desde la UDI, solicitaron una sesión especial en la Cámara y pedirán una sesión secreta en la Comisión de Seguridad, donde buscan invitar a distintas autoridades. En tanto, los diputado Henry Leal y Cristhian Moreira, emplazaron ayer al Presidente Gabriel Boric para que cite al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para que se tomen acciones en la materia. Sin embargo, el Gobierno se negó, argumentando que el país cuenta con una legislación "dura".
"Es clave avanzar, en el marco de la Primera Política Nacional contra el Crimen Organizado, lanzada a fines del año paso, en la construcción de una Política anti Secuestro".
Neftalí Carabantes, ex subsecretario de Carabineros
En esta línea, Galain complementa que "
la pura sanción de leyes ofrece mensajes de seguridad con el fin de incidir en la sensación subjetiva de seguridad de la población".
Según precisa, la ejecución de una política criminal eficaz no necesita de nuevas leyes ni de penas más graves "sino de análisis contextuales del delito, de prevención por zonas calientes o 'hot spots', de estrategias conjuntas de fiscalía y policía para comprender la complejidad de formas delictivas de grupos organizados que actúan a nivel nacional e internacional con objetivos económicos".
"Descubrir cómo operan estos grupos (no solo quienes los integran) y quienes son los partícipes que cooperan de las distintas etapas del delito (funcionarios que no controlan, profesionales que los asisten para hacer perder la trazabilidad del dinero, etc.) podría ser una política criminal mucho mas provechosa para resolver la 'crisis de seguridad' que vive no solamente Chile, sino la mayoría de los países de la región, acosados por el crimen organizado transnacional que no solo realiza secuestros, sino que puede llegar a infiltrar a las instituciones estatales y poner en peligro al Estado de Derecho mediante la corrupción y, en menor medida, la violencia", acotó.
En tanto, el ex subsecretario de Carabineros y secretario general de la U. Central, Neftalí Carabantes, agrega que "es clave avanzar, en el marco de la Primera Política Nacional contra el Crimen Organizado, lanzada a fines del año paso, en la construcción de una Política anti Secuestro".
"Esto debe hacerse bajo la coordinación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que reúne de manera proactiva a 17 instituciones públicas, por cierto, las Policías, todas las cuales cumplen un rol protagónico en el combate al crimen. Es decir, debemos aprovechar al máximo las capacidades alojadas en cada institución y asegurar una respuesta estatal coherente y consistente, en el marco de un nuevo instrumento que se haga cargo de la cruda realidad que vivimos", agrega.
En esa línea, recalca que "es el minuto de construir una Política antisecuestro dando paso a un Estado articulado bajo un objetivo claro".
"Luego, un punto central es el fortalecimiento de la recién creada Unidad especializada anti secuestros del Ministerio Publico en conjunto con la PDI, en lo que atinge a sus recursos humanos y logísticos; y otro tema clave es la capacitación para el personal policial y del Ministerio Público. Debemos mejorar los tiempos de respuesta, en la determinación de la naturaleza y el grado de la amenaza de cada secuestro; la gestión de crisis, la coordinacio´n y direccio´n, en las técnicas de investigación, la negociación, la vigilancia, las opciones de intervención, y los recursos requeridos para hacer frente a la amenaza".
Por último, recalca que "es clave que nuestra sociedad asimile que este tipo de delito debe ser denunciado y la dirección de la investigación y la negociación, que son cosas distintas, deben estar a cargo de las unidades especializadas del ministerio público y de la PDI".
