En medio de las acciones que el Gobierno ha intentado encauzar para enfrentar la crisis de seguridad, la presión para que se resuelva la crisis migratoria continúa creciendo, puesto que la oposición ha cuestionado las cifras que se reportan sobe los ingresos irregulares, lo que ha dejado un debate sobre
"dos lecturas" en torno a los números.
La polémica se desató luego que el lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, detallara durante su exposición ante la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, que "en ese tema, el país ha tenido en los últimos 12 meses una reducción bastante significativa de la afluencia de personas por pasos irregulares".
En concreto, agregó Tohá "
este año, comparado en lo que vamos del año, con el año anterior, tenemos un 29% de ingresos irregulares al país".
Y añadió: "quiero mencionar esto porque hay un dato que se ocupa muchas veces y genera mucha confusión, porque se ha señalado que hay un incremento de circulaciones irregulares ocupando el dato de las personas que se autodenuncian, ese es un dato erróneo, porque las personas que se autodenuncian no son personas que entraron en el año, pueden ser personas que entraron hace cinco años. Y cuando hay un proceso de empadronamiento, que pone como requisito la autodenuncia, mucha gente se autodenuncia, y eso no quiere decir que entró este año".
No obstante, el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la instancia salió a cuestionar el diagnóstico. "Es la misma métrica que se ha ocupado en todos los gobiernos señora ministra", a lo que ella replicó: "pero los ingresos irregulares son la métrica que se ha ocupado siempre". Ante ello, el parlamentario insistió: "pero en el Gobierno de Sebastián Piñera se ha ocupado la métrica de la PDI también".
"Ocupar hoy día las autodenuncias es una total distorsión, porque es llamado a autodenunciarse para el empadronamiento, entonces no tiene nada que ver el ingreso con la denuncia".
Carolina Tohá, ministra del Interior
"Ocupar hoy día las autodenuncias es una total distorsión, porque es llamado a autodenunciarse para el empadronamiento, entonces no tiene nada que ver el ingreso con la denuncia", insistió Tohá.
Más tarde, Longton insistió en su punto: "Ocupa una métrica que es muy original porque no la habíamos visto antes, que es la métrica de las flagrancias y los avistamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ejército que está en la frontera o las policías ven a un inmigrante ilegal o lo detienen en flagrancia y esa la contabilizan en el registro final, pero ¿qué pasa con los que entran al país y no son detenidos en flagrancia? Tenemos una frontera extensa".
"Lo que realmente vale, y el dato que se ha ocupado siempre, es del ingreso real al país, independientemente de la fecha que lo hayan hecho, y por eso esa es la cifra oficial", agregó el legislador.
La ministra Tohá, por su parte, insistió en su punto y llamó a terminar con polémicas "inútiles". Según comentó, "la razón por la que no se usa la cifra que la oposición quiere ocupar, es porque esa cifra se refiere a la denuncias y autodenuncias, y este año se hizo un proceso de empadronamiento y se invitó a las personas a autodenunciarse, por eso ese dato no es válido este año (...) los datos policiales de ingresos irregulares sí se pueden irregular, no hagamos polémicas inútiles".
Las autodenuncias
Una minuta del Servicio Nacional de Migraciones, emitida ayer, muestra que las denuncias por ingreso irregular "han disminuido un 11% respecto a la misma fecha del año anterior; las reconducciones han aumentado en un 79%, y las detecciones en fronteras bajaron un 28%".
Asimismo, sostienen que el empadronamiento biométrico ha tenido una alta convocatoria, y a la fecha, "son más de 120 mil las personas registradas, algunas residen hace años en el país, de las que no se tenía ningún tipo de información".
En concreto, las denuncias por ingresos irregulares bajaron en un 11% respecto a la misma fecha del año anterior, lo que equivale a 4.972 denuncias menos. "Esta disminución considera el llamado que se hizo en junio a autodenunciarse para participar del proceso de empadronamiento: 130 mil inscritos en cero filas de PDI", señalan.
Asimismo, el Sermig detalla que en 2023 han iniciado 7.147 procesos de expulsión y decretado 1.000 órdenes de expulsión. A la fecha se han expulsado 739 personas (242 administrativas y 497 judiciales).
"Que las FF.AA. no detengan a los migrantes no significa que no entren"
El director del Observatorio de la Migración Responsable, Ávaro Bellolio, envió una carta a El Mercurio donde apunta a los reparos que ha planteado la ministra sobre el uso de las cifras de la PDI sobre denuncias y autodenuncias, "porque puede haber desfase en las fechas de ingreso", y por lo tanto, preferiría utilizar las cifras de la UCEN, que mide a las personas detectadas y detenidas por Carabineros o FF.AA. que resguardan las fronteras.
Bellolio toma en cuenta a las cifras de la PDI, donde se detalla que los ingresos 2018 a 2021 fueron 87.792, y de 2022 a octubre de 2023 fueron 94.086. "Ocupando los números que le gustan a la ministra, en 2021, la UCEN reportó 16.051 ingresos irregulares detectados; en 2022, fueron 25.050, y en 2023, a la fecha, fueron 18.606", agrega.
En ese contexto, el director comenta que "es cierto que estos números son menores a los ingresos clandestinos reportados por PDI, pero el punto principal es que las FF.AA. no detengan a los migrantes no significa que no entren".
"Un caso concreto, el de los ciudadanos venezolanos que le lanzaron la granada a la carabinera la semana pasada. Ambos ingresaron en 2022 y no están en los registros de la UCEN ni en el proceso de registro biométrico que realiza el Gobierno. A su vez, los involucrados en el secuestro del empresario en Rancagua, tampoco están en los registros de los datos preferidos de la ministra Tohá", comenta Bellolio.
