La noche de este miércoles el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez Maldonado, fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones, luego de que se mantuviera prófugo al ser acusado de cometer delitos que afectaron a las arcas municipales de la entidad vecinal.
La detención de Yáñez fue ordenada el martes pasado, luego de la formalización de la tesorera municipal, Belén Carrasco (30), tesorera municipal, quien habría traspasado más de $1.060 millones de los fondos a cuatro cuentas particulares.
Será la tarde de este jueves, a partir de las 12 horas aproximadamente, que se realizará en el Juzgado de Garantía de San Antonio e
l control de detención y formalización del jefe comunal por delitos reiterados de malversación de caudales públicos.
Detalles de la captura
El subperfecto César Cofré, jefe de la Brigada de Delitos Económico San Antonio, aseguró que se ubicó el paradero del alcalde, lo que llevó a que este se entregara.
"En virtud del trabajo investigativo por parte de oficiales de esta brigada, logramos establecer su red de apoyo y sus domicilios de residencia", dijo.
Lo anterior llevó a que "el abogado defensor tomara contacto con el equipo investigador, con la finalidad de coordinar su respectiva entrega".
En ese sentido, detalló que la captura se realizó "ayer, alrededor de las 23.50 horas, en la vía pública, en el Camino Viejo Cartagena, frente al motel En Sueño de la Comuna de San Antonio. El detenido va a ser puesto a disposición del tribunal en el transcurso de la mañana", cerró.
Querella del CDE
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, interpuso ayer miércoles una querella criminal en contra de la encargada de Tesorería de la Municipalidad de Algarrobo, Belén Constanza Carrasco, en calidad de autora del delito reiterado de malversación de caudales públicos, y de todos quienes resulten responsables del ilícito.
El consejo estima que los hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023 son constitutivos del delito que se imputa, el cual sanciona al empleado público que, "teniendo a su cargo caudales o efectos públicos, los substrajere o consintiere que otros los substraiga".
La acción del CDE señala que la querellada incluyendo al menos a cuatro personas naturales a quienes no les correspondía recibir pago alguno por parte de la entidad edilicia, concertándose con estas últimas con el objeto de sustraer un monto superior a $1.069 millones, a través de la autorización de transferencias bancarias.
La acción agrega que, "con el objeto de cumplir con su cometido, la querellada solicitó la aprobación de los apoderados bancarios quienes autorizaron las irregulares transferencias confiando en los antecedentes adulterados presentados por Carrasco Serrano, verificándose de esta manera cada uno de los elementos del tipo que contempla el delito de malversación".
