La crisis de seguridad que enfrenta el país se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para el Gobierno; tanto por el propio contexto de violencia, potenciado por el crimen organizado -y sus respectivas externalidades negativas-, como por complejo debate político que se ha instalado.
Y es que el plan de acción del Ejecutivo no ha resultado fácil de ejecutar, ni aún en medio de la premura por tomar acciones prontas que puedan dar mayores garantías de seguridad a la población.
La
ministra del Interior, Carolina Tohá, hoy no está en buen pie ante el Congreso, desde donde acusan una mala relación. De hecho, los parlamentarios de oposición levantaron una ofensiva para acusarla constitucionalmente y aseguran tener una mayor cercanía con el subsecretario Manuel Monsalve.
Según argumentaron desde RN, el libelo acusatorio se impulsaría si no se concreta la expulsión de 12 mil extranjeros que tienen la orden correspondiente, acción que tomó mayor relevancia luego que se conociera que el sujeto que
atacó con una granada a la carabinera Rayén Currihuil, el pasado 15 de novimebre, en la comuna de Santiago.
Fue en medio de esa tensión que la semana pasada la ministra Tohá llegó hasta la comisión de Seguridad de la Cámara, donde se abrió una nueva polémica, luego que secretaria de Estado señalara que se registra un 29% menos de ingresos irregulares al país, al compararlo con el año pasado. La ministra cuestionó así que se hablara de "aumentos" en base a las autodenuncias, puesto que "no son personas que entraron en el año, pueden ser personas que pudieron entrar hace cinco años".
No obstante, el presidente de la instancia, diputado Andrés Longton (RN) cuestionó el método: "Ocupa una métrica que es muy original porque no la habíamos visto antes, que es la métrica de las flagrancias y los avistamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ejército que está en la frontera o las policías ven a un inmigrante ilegal o lo detienen en flagrancia y esa la contabilizan en el registro final, pero ¿qué pasa con los que entran al país y no son detenidos en flagrancia?", sostuvo.
Polémica por la Enusc
Pero los cuestionamientos a las cifras no sólo se dieron en materia migratoria esta semana. La segunda polémica se levantó el jueves,
tras los dichos del ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien afirmó a
EmolTV que el Gobierno "
alteró la fecha de toma de muestras de la encuesta de victimización, cosa que no había hecho ningún gobierno en los últimos 15 años".
Esa tarde, el subsecretario de
Prevención del delito, Eduardo Vergara, salió a reconocer que hubo una modificación en la metodología de la encuesta, luego de la versión que se aplicó en su última entrega, durante la pandemia (2021-2022).
"La decisión que se adoptó fue que había que aprovechar la oportunidad para incorporar mejoras que han sido recomendadas hace varios años por parte de la academia, los expertos y el Instituto Nacional de Estadísticas", dijo Vergara. Agregó que los ajustes para llegar a ese proceso de mejora -por ejemplo, que el sondeo que se verá en 2024 tendrá representación comunal y más de 50 mil encuestados-, implicaron que se tuviera que aplicar una Enusc de transición.
"Este itinerario tenía la dificultad de interrumpir la secuencia de la encuesta puesto que el 2022 el INE piloteó la nueva encuesta en lugar de aplicar la antigua. Por esa razón se decidió hacer una Enusc de transición con apoyo de Microdatos de la Universidad de Chile", subrayó.
Y pese a que el subsecretario intentó zanjar el tema, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana -en medio de una pauta junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve-, cuestionó a Harboe por "instalar dudas tan bananeras respecto a la validez de los datos", e incluso lo exhortó a disculparse con la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Pero la "defensa" de Orellana hacia la jefa de Gabinete tuvo un revés, luego que el propio subsecretario Monsalve descartara que Harboe hubiese atacado a la ministra Tohá. "No percibo que el ex subsecretario Harboe haya criticado a la ministra Tohá, hizo una crítica a un instrumento que es la Enusc, lo que nos corresponde como Gobierno es aclararlo", sostuvo en Mega.
Así las cosas, y en medio del tenso ambiente político, el Presidente Gabriel Boric dio una señal, al desistir del viaje a la COP 28 que se realizará entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Dubái. "Para poder cumplir con una intensa agenda de trabajo que tiene a la seguridad y la economía como sus principales prioridades, indicaron el miércoles desde Presidencia.
Los hechos delictuales
Y mientras el enredo político avanza, por su propio carril también lo hace el escenario delictivo. Noviembre ha registrado una serie de hechos que estuvieron marcados por bullados secuestros, balaceras y homicidios.
Las alertas las dio el caso del empresario Rudy Basuado, en Rancagua, quien el 8 de noviembre fue secuestrado, para ser liberado dos días después, luego del pago de su rescate, según reveló la ministra Tohá; situación que acarreó una oleada de críticas desde la oposición, al tildarla de "imprudente" e "irresponsable".
Los casos de este tipo continuaron: hubo dos secuestros en Iquique, y por uno de ellos, la familia de la víctima pagó $10 millones para su rescate. A mediados de noviembre, se registró otro delito en Estación Central, cuya víctima fue un ciudadano colombiano que fue liberado al día siguiente.
"Hay un aumento considerable de secuestros en Chile. Es un desafío que, probablemente, a ese nivel de sofisticación y complejidad no nos habíamos enfrentado", dijo días después el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien además entregó cifras sobre las denuncias.
En 2021 hubo 492 denuncias de ser por secuestro; en 2022 hubo 826. "O sea, pasamos de casi 500 a un poquito más de 800 denuncias en el contexto de un año. Y veníamos de un periodo en que las denuncias por secuestro rondaban en torno a un poco menos de 500, pero teníamos un aumento progresivo desde el año 2017, que termina con esta, no quiero decir explosión, pero este aumento significativo entre el 2021 y el 2022", sostuvo.
Pero los homicidios también mantienen a la población en alerta. El pasado 15 de noviembre, un hombre en situación de calle fue asesinado a sólo pasos del casino de Viña del Mar. En tanto, la madrugada del miércoles se confirmó la muerte del hombre que fue
quemado vivo mientras estacionaba su auto afuera de la cárcel Santiago 1. Si bien el hombre logró escapar del auto, las graves quemaduras terminaron por quitarle la vida.
A raíz del hecho, el subsecretario Monsalve sostuvo que "detrás de ese tipo de delitos normalmente hay grupos, hay organizaciones que comenten ese tipo de delitos violentos", mientras que desde Fiscalía, apuntaron a un posible "ajuste de cuentas".
