La hoja de ruta del Ministerio de Educación ha despertado varias dudas desde el sector político y también entre técnicos en la materia.
Además de los cuestionamientos a la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a propósito de la crisis en la Región de Atacama, se suman otros puntos críticos como la reducción del presupuesto para jardines infantiles y los anuncios relacionados a la condonación del CAE que realizó el Gobierno en los últimos días.
Destrabar estos nudos será responsabilidad del titular de la cartera, Nicolás Cataldo, quien no tendría una tarea fácil ya que habría comenzando con el pie izquierdo con los parlamentarios.
Esto se vio reflejando cuando no fue aceptado como un interlocutor válido en la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024 y fue el ministro de Hacienda Mario Marcel y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quienes llegaron a un protocolo de acuerdo con los senadores para que se pudiera aprobar la partida de Educación, mientras que Cataldo siguió la tramitación desde su oficina en Santiago.
Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)
Tras varias reuniones entre el Gobierno y los parlamentarios, se acordó suspender transitoriamente el traspaso del servicio educativo a los Servicios Locales de Educación Pública a quienes les correspondería hacerlo a partir del 1 de enero de 2024, a excepción de aquellos que, de acuerdo a la evaluación del Ministerio de Educación, se encuentren en condiciones adecuadas para ello.
Para eso, el Ministerio de Educación deberá comunicar su decisión, a través de informe fundado, que contenga las razones de las definiciones adoptadas, el que deberá presentar ante las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara, dentro de los 15 días posteriores a la publicación de la Ley de Presupuestos, la cual aún no ha sido promulgada.
Asimismo, se acordó ampliar los plazos de implementación que estaban establecidos con anterioridad y se comprometieron una serie de evaluaciones y reformas a la Política de Nueva Educación Pública.
Presupuesto para jardines infantiles
Por otro lado, tras la aprobación de la Ley de Presupuesto 2024, expertos constataron escasos recursos para jardines infantiles y más fondos para la gratuidad en la educación superior, dando cuenta de una postergación de la primera infancia.
El presupuesto a jardines infantiles cayó respecto al 2023 pasando de un 7,7% a un 7,2%, representa un menor porcentaje en la cartera. En esa línea, el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, dijo a El Mercurio que "llama la atención la prioridad secundaria otorgada a la educación preescolar, pese a la importancia que tiene para el desarrollo cognitivo y social de los menores".
El mismo medio dio cuenta que los recursos para la educación superior superan los $3 billones y que sólo la política de gratuidad aumentó en casi $282 mil millones. Además, desde Libertad y Desarrollo advirtieron que el 45% del mayor gasto en Educación irá a esa política pública, pero solo un 0,8% a la reactivación educativa que se vio duramente afectada durante la pandemia.
"Una vez más queda en evidencia cuáles son las prioridades en Educación, lo que lamentablemente no coincide con las necesidades ni lo que es óptimo socialmente", planteó María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de LyD.
Condonación del CAE
Dentro de los acuerdos que se adoptaron en la tramitación de la Ley de Presupuesto, el Ejecutivo se comprometió a ingresar - antes de la tramitación del erario del 2025 - un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior.
En ese contexto, las autoridades de Gobierno aseguraron que se estarían evaluando las maneras de implementar una condonación y se ha descartado que tenga un carácter universal por el alto costo fiscal que tendría. El titular de la Segpres, aseguró que una medida de este tipo "superaría con creces la capacidad fiscal" del país.
Horizontal, el centro de pensamiento ligado a Evópoli, apuntó a que en cualquier escenario la condonación "es una política altamente costosa y regresiva".
Según el informe que elaboró el centro de estudios si la medida fuera universal, abarcando las 1.112.378 personas, el costo sería del orden de US$11.270 millones (3,7% del PIB). Por otro lado, si se beneficia a quienes tienen una deuda que supera el valor inicial del crédito, que alcanzan las 522.104 personas, el costo fiscal sería de US$5.160 millones (1,7% del PIB).
Si se quiere focalizar a quienes tienen deuda con saldo remanente pre-2012, el monto a financiar llega a US$4.240 millones abarcando un universo de 343.025 personas (1,4%).
En esa línea, Horizontal simuló diversas posibilidades y llegó a la conclusión de que "en vez de insistir con condonar universalmente la deuda del CAE, la política pública debiese ser enfocada en perfeccionar el crédito existente".
Pese a que desde el propio oficialismo han sostenido que no es una prioridad avanzar en la condonación al CAE, el Gobierno argumentó que este tema nunca ha estado fuera del programa y que fue un compromiso de campaña.
En ese contexto, se está trabajando en el diseño técnico del proyecto que se presentará a mediados del próximo año al Congreso Nacional.
