El informe de este 2023 también abordó, de forma inédita, la violencia en la zona centro-sur del país.
INDH.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este lunes su informe anual 2023 de la situación nacional de los derechos humanos en Chile, coincidente con los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y a 30 años de la declaración y Programa de Acción de Viena, a partir del cual se generan los principios de París, que crean las instituciones nacionales de derechos humanos en todo el mundo.
A ello, se suma la reciente conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en el país. El informe trata sobre las violaciones a los derechos humanos en dictadura, pero también incorpora nuevos temas, sobre los cuales no había una visión en esta línea, como "las violencias" en la zona centro-sur del país.
El primer capítulo del informe toca los avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional. Según detecta, a 50 años del golpe de Estado, el 73% de las recomendaciones dirigidas al Estado de Chile por parte del INDH en sus informes anuales, se encuentran pendientes.
En tanto, hay una valoración positiva de la ideación e implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada, pero se cataloga como "particularmente preocupante que habiendo pasado tanto tiempo, el decreto Ley de Amnistía de 2.191 de 1978 aún se encuentre vigente en nuestro sistema normativo".
El segundo capítulo aborda las violencias y vulneraciones de derechos humanos en la zona centro-sur de Chile, focalizándose en hechos cometidos por agentes no estatales y en trabajo con varias fuentes, tales como organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violencia rural, comunidades mapuche y autoridades.
Así, se detectaron detectaron brechas en seguridad personal, libertad de educación y religiosa, y en los derechos de circulación y propiedad.
El tercer capítulo se refiere al principio de no discriminación y derechos sociales, detectando que pese a los compromisos adquiridos por el país, "persiste una mirada biomédica que no aborda en la atención de salud los problemas de integración en la sociedad, de las personas con algún tipo de discapacidad", señala el informe. Esto, afecta tanto a las personas con discapacidad como a las personas LGTBIQ+.
El informe además detectó y establece que las isapres castigan a las mujeres con cobros muchos más elevados en sus planes de salud.
En su cuarto capítulo, el documento revisó la función policial y orden público, ítem que arroja que los controles de identidad preventivos no se han logrado enmarcar en la legislación y los estándares internacionales, detectando que "su eficacia es mínima y los datos que se registran sobre esta herramienta no aportan información sobre la idoneidad del procedimiento para la persecución de los delitos".
El quinto capítulo aborda la gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los derechos humanos, donde se hallaron nudos críticos en el diseño e implementación de la ley que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), así como problemas en el restablecimiento de los medios de vida para la subsistencia de personas afectadas por un desastre.
El capítulo sexto, revisa el derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile. En éste, se detecta que "hay una cifra incierta de miles de menores de edad que fueron dados en adopción en Chile y el extranjero en el marco de una serie de ilícitos". Asimismo, detallan que "el Estado no ha actuado con la debida diligencia para localizar su paradero; restituirle su identidad y permitirles el reencuentro con sus familias de origen".
