La ley de reajuste para el sector público se está tramitando en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y una de las alertas que se puso sobre la mesa fue la intención del Ejecutivo de aumentar en más de $3,5 millones el salario de los ministros del Tribunal Constitucional (TC).
Descontento que se suma a la indicación que adelanta a Índice de Costo de la Salud (ICSA) para mitigar el impacto del fallo de la Corte Suprema contra las isapres.
Si bien la inquietud la manifestó el jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, rápidamente parlamentarios oficialistas también expresaron su preocupación sobre la indicación.
Romero - junto a otros parlamentarios - solicitaron votación separada del reajuste del sector público y así poder oponerse al alza de sueldos en el TC. El representante de la bancada del Partido Republicano cuestionó el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel, "el ministro Hacienda está para hacerle la pega para caerle bien a las asociaciones, a los sindicatos, a los ministros o a los intereses particulares o está para hacerle la pega a los chilenos que quieren que haya austeridad".
"Estamos llegando a niveles de sobre endeudamiento que están llegando al límite máximo y tenemos un ministro que lo que quiere es quedar bien con las asociaciones, quedar bien con los funcionarios públicos, pero no se preocupa de quedar bien con los chilenos y quedar bien con los chilenos significa empatizar con lo que están sufriendo en este país y efectivamente tener este tipo de reajustes me parece que son absolutamente desproporcionados y completamente desconectados de la realidad económica del país, tal como ocurre en el Ministerio del Interior con la desconexión que hay en materia de seguridad", agregó.
Tras el rechazo del diputado Romero, otros parlamentarios se sumaron a los cuestionamientos. Carlos Bianchi (IND-PPD) indicó que "aquí se ha usado la mesa del sector público para una inmoralidad. Yo hago la siguiente pregunta, dígame qué trabajadora, qué trabajador, qué funcionario o funcionario público, en un solo acto podría tener un incremento en su renta de $3 millones y medio mientras al sector público se le incrementa en un 4,3%, este Gobierno, lo que ha traído aquí al Congreso para discutir es un aumento del 36% para los señores del Tribunal Constitucional, es de un grado inmoral extraordinario, por lo tanto, yo no estoy dispuesto a avalar, ni a apoyar, ni a votar a favor de esta inmoralidad, donde los señores del Tribunal Constitucional en un acto tienen un incremento de 3 millones y medio de pesos, lo vamos a votar en contra".
Por su parte, la presidenta de la comisión de Hacienda, Gael Yeomans (CS) sostuvo que "no tenía en consideración" este punto y que se evaluará en su mérito cuando corresponda. No obstante, aseguró que su criterio es el mismo que antes y que sigue siendo crítica de los altos sueldos del servicio público.
"A mí me parece que las altas autoridades públicas y esto lo digo en general, esta es una opinión mía como parlamentaria, debiese ser acorde a lo que ganan también los chilenos y chilenas y en eso creo que es importante mantener esa orientación de aquí en base", indicó la legisladora, aunque optó por no adelantar su votación hasta que se lleve a cabo el debate.
La explicación del Gobierno
Si bien el reajuste del sector público lo lidera el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue su par de Justicia, Luis Cordero, quien salió a defender la decisión adoptada por el Ejecutivo.
En ese contexto Cordero apuntó a una corrección técnica: "Aquí hay dos cosas que son distintas. La primera, recuerden que producto de la reforma constitucional y legal de ajuste a las rentas del sector público se produjeron esos ajustes y esa rebaja, eso afectó al Poder Judicial, a los jueces fundamentalmente, para el cual se hizo un mecanismo de corrección. Históricamente las rentas de los ministros del Tribunal Constitucional están homologadas de ministros de Corte Suprema y lo que se ha solicitado es que sea por esa vía. Y una tercera razón, y es que después de esa reforma, recuerden que la Constitución regula una comisión, que es el famoso artículo 38 bis, pero esa comisión solo puede regular las remuneraciones que están vinculadas al Presidente de la República, a diputados, a senadores, a funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, a gobernadores regionales, por lo tanto ese eventual mecanismo de ajuste que podría ser por esa vía tampoco se puede utilizar porque no se realiza a los jueces. Aquí lo que se ha hecho es una corrección técnica".
"Las reformas en remuneraciones se realizan en un contexto principalmente pensando en las remuneraciones del Ejecutivo. El esfuerzo durante largos años desde el retorno a la democracia en Chile es mantener un régimen de remuneraciones adecuado para las altas magistraturas judiciales, fundamentalmente por la situación en la que ellos se encuentran. Yo vuelvo a insistir, las remuneraciones de ministro del Tribunal Constitucional con las de la Corte Suprema han estado históricamente homologadas y por los ajustes, ahí se produjo un desajuste, que es lo que se presentó, llega un requerimiento que realizó el Pleno del Tribunal Constitucional", agregó.
En esa línea dijo que "hay una razón técnica que explica esto, no es una razón de capricho, hay una razón técnica histórica, sobre la cual cómo se encuentran vinculadas esas rentas. Otra cosa distinta es como usted las valores, pero no hay capricho ni decisión arbitraria detrás de eso, sino tratar de corregir un fenómeno que se produjo por un productivo de los últimos ajustes de rentas".
