En abril de este año, y ante el avance del crimen organizado y la crisis de seguridad que enfrenta el país, el Gobierno y las presidencias de ambas cámaras del Congreso se comprometieron a avanzar en
31 proyectos en materia de seguridad antes del 31 de diciembre de este año, en el denominado "fast track" legislativo.
No obstante, a sólo días de terminar el año, la promesa se alcanzó sólo en un 70%, es decir, 22 de los 31 proyectos priorizados; y el balance de aquel trabajo se hizo por separado entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Fue el presidente del Senado, senador UDI, Juan Antonio Coloma, quien reparó en que "obviamente el haber aprobado el 70% de la agenda es una buena señal, pero claramente no es suficiente".
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo en su análisis que "el Gobierno del Presidente Boric ha aprobado 48 proyectos en materia de seguridad y de los 31 proyectos priorizados por las cámaras, tenemos despachados 22; los nueve que faltan van a seguir trabajados con prioridad para despacharlos ojalá en los primeros meses del año".
El acuerdo de ambos poderes constaba de tres plazos para el despacho de las iniciativas: 75 días, 150 días y 270 días. De hecho, a fines de septiembre, el senador Coloma había mostrado optimismo respecto al proceso, al señalar que para entonces, de los 31 proyectos, 14 ya estaban despachados, dos serían despachados en la semana entrante y otros diez estaban en tramitación, "o sea, estamos cerca de llegar a la meta".
Entre aquellos que lograron ser despachados está la ley que sanciona los actos preparatorios de sicariato; la ley marco sobre ciberseguridad; la ley de usurpación, la normativa que establece mayores exigencias para la obtención de libertad condicional; modificación a la ley de tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados; la simplificación de procedimientos para construir cárceles; y la ley Nain-Retamal.
Pero nueve materias legislativas quedaron en el camino, los que a juicio de varios parlamentarios de la comisión de seguridad, siguen resultando "clave" para el combate a la delincuencia.
Parlamentarios fijan prioridades
En conversación con Emol, parlamentarios de la comisión de Seguridad coinciden en que la creación del Ministerio de Seguridad, las mejoras al Sistema de Inteligencia y la Defensoría a Víctimas son los proyectos que resultan vitales o "urgentes" para avanzar en lo que resta del fast track.
La diputada PC, Alejandra Placencia, comentó que "este año logramos importantes avances en materia de seguridad con la aprobación de leyes que sancionan el sicariato, los delitos económicos y que enfrentan los nuevos tipos de criminalidad de nuestro país".
"De lo que queda pendiente, nos parece que se debería priorizar la Ley de Inteligencia y la creación del Ministerio de Seguridad como un organismo especializado en la prevención y persecución efectiva de la delincuencia. Tenemos que implementar todas las leyes aprobadas y fortalecer las instituciones del Estado en materia de seguridad", cerró.
Desde el PPD, el diputado Jaime Araya, comentó que, a su juicio, avanzar en la inteligencia financiera "es fundamental para cortar la ruta del dinero del narcotráfico, del crimen organizado, el financiamiento del terrorismo y también de los que se enriquecen con la corrupción, y en eso espero que la Comisión de Seguridad del Senado despierte y entienda que las organizaciones criminales se mueven por el lucro, y que si en Chile se puede seguir lavando dinero sin problema, seremos un autentico paraíso fiscal para el crimen organizado".
"Debemos tener claridad que, seguir con el secreto bancario como está, significa atraer transnacionales del crimen a Chile, ese proyecto debiera tener discusión inmediata. Y el segundo proyecto importante es Ministerio de Seguridad, porque modela la creación de un sistema institucional y coordinado para combatir organizadamente el fenómeno delictivo", cerró.
Desde la oposición, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Longton (RN), comenta que "sin duda que la Defensoría de las Víctimas, la que regula Sistema de Inteligencia y el de reincidencia, son vitales dentro del fast track, para enfrentar la desprotección que viven las víctimas y fortalecer las labores preventivas y de persecución de nuestras policías y fiscalía. Además de eliminar resabios garantistas que siguen favoreciendo a los delincuentes".
Desde la vereda de la DC, el senador Iván Flores, comentó que si bien no hay dudas en que se ha avanzado en el despacho de los 22 proyectos, "creo que el más relevante que queda, y creo que el Gobierno tiene que apurarse y preocuparse de ello, es de sacar el proyecto que está en la Cámara, entiendo con poca urgencia o poco empeño, para mejorar el Sistema de Inteligencia. Hemos desmantelado nuestro sistema preventivo a través de la inteligencia policial y eso hay que tramitarlo con urgencia".
De todas formas, el senador planteó que "yo no soy partidario de seguir avanzando con los proyectos uno a uno, hay que hacer un paquete coherente, integrado, integral, que dé cuenta no sólo cómo vamos alineando las penas de los delitos tradicionales, sino que cómo nos preparamos como el país para enfrentar el crimen organizado, que es lo que hoy día sacude al mundo".
Los nueve proyectos "pendientes" y su estado de tramitación
Los proyectos de ley pendientes son el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Este proyecto ingresó el 27 de septiembre de 2021, durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera, y busca separar la función de seguridad de la función política propia del Ministerio del Interior, junto con proponer una coordinación intersectorial ante los desafíos de la delincuencia.
El segundo proyecto en tramitación apunta a "
mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social", y está en su segundo trámite en la comisión de Constitución de la Cámara.
El tercero, "regula la habilitación del control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas y establece un análisis previo de admisibilidad antes de ser reconocido como solicitante de refugio", el que se encuentra en comisión mixta.
El cuarto proyecto que quedó pendiente para este año es el que fija "reglas del uso de la fuerza en materia de orden y seguridad pública", que quedó en su primer trámite en la comisión de Constitución y Seguridad (unidas).
El quinto proyecto, "fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado", y quedó en su segundo trámite en la Comisión de Defensa de la Cámara. Se trata del proyecto que más tiempo lleva en el Parlamento, tras ser ingresado en noviembre de 2018.
El sexto, crea el "Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas", y se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara.
El séptimo proyecto pendiente fortalece el rol de prevención del delito de las municipalidades, y se encuentra en primer trámite en la Comisión de Gobierno de la Cámara.
El octavo proyecto apunta a "la inteligencia financiera para perseguir el delito, capacidades especializadas en SII y Aduanas, levantamiento del secreto bancario para el caso de crimen organizado y creación de registro de beneficiario final", el que se encuentra en su primer trámite en el Senado, en la Comisión de Seguridad. Se trata de uno de los proyectos que, junto al Ministerio de Seguridad y la Defensoría de Víctimas, más urge puesto que perseguir la ruta del dinero es una de las principales fórmulas para enfrentar el crimen organizado.
Y el último proyecto pendiente, para regular la enajenación de los decomisos, fue ingresado como indicación.
