Cristian Cayupan y Matias Rojas tras ser indultados por el Presidente Boric.
Aton
El caso de Luis Castillo ha marcado las ultimas semanas del Gobierno, pues si bien la polémica por los indultos parecía un tema que había quedado atrás, la eventual reincidencia reactivó la polémica en torno a la decisión del Presidente, hace un ano exacto, de liberar a 12 condenados por delitos en el marco del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna. De ellos, dos se encuentran en la cárcel -el imputado por secuestro y uno que tenía penas anteriores- y respecto de los 11 restantes, solo se controla su firma mensual por parte de Gendarmería, según han señalado en el Ministerio de Justicia. Respecto de ellos, el titular de esa cartera, Luis Cordero, ha asegurado que no existen antecedentes que den cuenta de que hayan delinquido, y que han cumplido mensualmente con su obligación de reportarse, descartando que exista un plan de reinserción obligatorio o el deber de informar un trabajo, por ejemplo. Desde la confirmación de la captura del indultado, el Ejecutivo desplegó vocerías a cargo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra Segegob, Camila Vallejo, donde se puso el énfasis en que se trataba de un delito presunto. No obstante, se presentó una querella contra Castillo, que omitía su prontuario de cuatro condenas y 16 detenciones, además de su calidad de beneficiado por el Presidente. Dos días después de la formalización, el ministro Cordero abordo el tema, y posteriormente, en conversación con "El Mercurio", remarcó que "yo negué todos los indultos que estaban pendientes del estallido social". El Presidente Boric, en tanto, no ha abordado el tema directamente.
