Este sábado la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, abordó la polémica que generó el hecho de que más de dos millones de dosis contra el covid-19 habrían vencido y, por ende, no se habrían podido administrar a las personas.
La cifra se da al sumar las 80 mil vacunas del laboratorio Pfizer que vencieron a mediados de este año en Atacama (información que se conoció a fines de noviembre); y los datos entregados por El Líbero a través de un reportaje. El citado medio dio cuenta que durante este Gobierno vencieron 1.850.362 inyecciones contra el covid-19 a nivel central, específicamente entre marzo de 2022 y agosto de 2023. Además -según datos obtenidos desde 11 seremías regionales ministeriales-, que 692.813 dosis se habrían eliminado por haber caducado, o porque rompieron su cadena de frío, se quebraron o se perdieron.
El hecho provocó diversas reacciones. Por ejemplo, el exministro de Salud, Enrique Paris, dijo que "se requiere una explicación plausible de la autoridad sanitaria actual, y de por qué se ha producido esta pérdida tan grande de vacunas, sobre todo porque en niños se podrían haber evitado enfermedades".
El diputado Andrés Celis (RN), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, anunció en tanto, que recurrió al Ministerio Público y a Contraloría pues "son hechos gravísimos sobre los que hay tomar cartas en el asunto. Aquí se ha puesto en peligro la salud pública y aquello está sancionado en el Art 318 del Código Penal, se ha actuado negligentemente y no se puede dejar pasar".
Albagli dijo en conversación con CHV Noticias en primer lugar que "tenemos que entender es que es imposible que no hayan mermas. Eso es imposible".
Luego, apuntó a que la pérdida nacional estaba por debajo de lo recomendado internacionalmente. "El porcentaje de merma en Chile de la estrategia de covid-19 es un 7%, es decir, esos 2 millones de vacunas que se perdieron cuando uno las piensa en el total de las inyecciones que fueron adquiridas por el país, es solo de un 7%, y cuando hacemos la comparación internacional, otros países, como por ejemplo Singapur, tiene un 15%, y Canadá tiene un 16%, es decir cuando nos comparamos internacionalmente con países con muy buen sistema de salud, Chile tiene la mitad de merma en porcentaje que dichos países e, incluso, estamos por debajo de lo que está recomendado internacionalmente. Eso es como en cantidad", indicó.
Entonces, continuó, "en términos internacionales tenemos muy buenos resultados, muy buen desempeño de porcentaje de merma, que es considerado razonable. Insisto, la mitad que Canadá, la mitad que Singapur, por debajo de lo recomendado internacionalmente".
Ahora, otro argumentó que utilizó fue el de la actualización de las inoculaciones. "Hemos tenido tres tipos de vacunas de covid-19, la primera es la monovalente, que quiere decir que protege contra una cepa. La segunda es la bivalente, bi es por dos, es decir, cubre dos cepas (...) incluía lo que tenía la vacuna anterior, pero le sumó la protección contra la cepa que estaba en circulación en ese momento, que es la Ómicron".
"Ahora estamos en la tercera vacuna, la tercera formulación, que vuelve a ser monovalente, es decir, contra una cepa que es un sublinaje de Ómicron, que es XBB y que es también la que está circulando actualmente. Entonces, lo que ocurrió es que cuando estábamos vacunando con la estrategia de la primera vacuna, llegó la segunda, que es la vacuna actualizada, y la recomendación que hace la OMS y la recomendación que le hace al Cavei y también al Ministerio de Salud (Minsal), es siempre poner a disposición de las personas la vacuna más actualizada posible, y es por eso que en ese momento, sin que existiera ningún gap de estrategia de vacunación, es decir, se mantuvo siempre la vacunación de las personas, se cambió el tipo de vacuna, porque nuestra responsabilidad es ofrecer la mejor vacuna disponible", puntualizó.
"La única forma que hubiéramos tenido como Gobierno de no incurrir en esas mermas hubiera sido haber tomado la decisión consciente de no entregarle a las personas la mejor vacuna disponible, y ese es un costo sanitario que nosotros como gobierno, y yo como autoridad, no estoy disponible a pagar. Esa es la razón por lo que esto ocurrió", finalizó.
