Un año se cumplió este sábado, desde que el presidente
Gabriel Boric decidió indultar a
doce condenados por hechos de violencia ocurridos en el contexto del estallido social del 2019 y al ex frentista
Jorge Mateluna. Decisión que no sólo generó críticas desde la oposición, sino que también una serie de repercusiones para La Moneda que siguen hasta el día de hoy.
Aquello llevó a la oposición a bajarse de la mesa de seguridad impulsada por el Gobierno e incluso gatilló una ofensiva de la derecha a raíz de los beneficios otorgados. "Pueden tener la tranquilidad de que esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria", dijo el Mandatario, añadiendo además que se trataba de un compromiso y que los indultados "son jóvenes que no son delincuentes".
A inicios de enero del 2023, Chile Vamos anunció la presentación de una acusación constitucional en contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, motivados principalmente por los indultos concedidos días antes.
Con el paso de los días fueron apareciendo más información sobre los indultos, algunos de los cuales contaban con un prontuario policial previo al 18-O, como era el caso de Luis Castillo. En medio de ello, crecía la presión porque el Mandatario respondiera sí tuvo o no esos antecedentes a la vista al momento de conceder los beneficios. Esto finalmente fue atribuido a un "error administrativo".
Fue el sábado 7 de enero cuando se cobraron las primeras responsabilidades en el Gobierno, al anunciarse que el Mandatario había aceptado la renuncia de la titular de Justicia.
"Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además, la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera", explicó más tarde Boric en un punto de prensa en La Moneda. En su reemplazo asumió Luis Cordero.
Pero Ríos no fue la única perjudicada con la situación y las repercusiones llegaron también al círculo más íntimo del Presidente, quien se dijo que aceptó también la renuncia de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopenhandía.
Pese a ello, el lunes 9 de enero Chile Vamos concretó el libelo contra Ríos, apuntando a las "desprolijidades" en los indultos presidenciales y a beneficios en la cárcel de Angol. La AC siguió en marcha y el 25 de enero, la ex ministra sorteó el libelo en su contra con 49 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones, además de 7 pareos.
El 10 de enero, en tanto, pidió al Gobierno los antecedentes de los 13 indultados, tras un requerimiento de diputados de la UDI. Pero el organismo se abstuvo de pronunciarse, porque el tema ya estaba siendo revisado por el Tribunal Constitucional.
Desde la oposición cuestionaban la legalidad de los indultos y pedían al Gobierno que fuesen revertidos. Así, el 16 de enero pasado un grupo transversal de senadores de Chile Vamos y Demócratas, recurrieron al TC ara presentar un requerimiento ante el organismo para revocar los beneficios otorgados a Mateluna y a otros seis condenados en el marco del estallido social: Bastián Ignacio Campos; Claudio Anatanael Romero; Jordano Jesús Santander; Luis Arturo Castillo; Brandon Sebastián Rojas y Felipe Eduardo Santana.
Semanas después también se concretó la creación de una comisión investigadora en la Cámara abocada al tema, cuyas conclusiones fueron aprobadas a fines de noviembre pasado.
A mediados de marzo aparecieron nuevos antecedentes, luego de que se conociera que Gendarmería emitió informes negativos sobre las personas que solicitaron la conmutación de sus penas, recomendando no entregar el beneficio a seis reos por peligro de reincidencia, reactivándose así el tema.
Fue el 21 de marzo cuando el TC rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad ingresado por la oposición y los decretos no fueron impugnados. Mientras, el Gobierno intentaba dar por cerrado el asunto.
Meses habían pasado hasta que el tema reflotó, luego que el pasado 14 de diciembre uno de los indultados volviera a hacer noticia. Se trataba de Castillo, quien había sido detenido en Copiapó. Fue imputado por secuestro extorsivo y robo con violencia a menos de un año de su liberación.
El viernes, en tanto, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, dijo a T13 Radio que el indulto a Castillo y la última polémica por pensiones de gracia, "es evidente que ha afectado al Gobierno" en el combate a la inseguridad y la delincuencia. "Son decisiones políticas complejas. Las decisiones se tomaron; el Gobierno asumió las consecuencias de aquello", sostuvo.
