Una nueva polémica que afecta a la administración del Presidente Gabriel Boric surgió durante las últimas horas. Se trata del otorgamiento de la quinta pensión vitalicia a un condenado por delitos cometidos bajo el marco del denominado estallido social.
El nombre del beneficiado es Jonathan Alfonso Parra Rebolledo (28), que recibe desde octubre de 2022 una pensión de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales (a diciembre de 2023 se reajustó a 1,5, lo que equivale a $444.767) luego de que el Ejecutivo le concedió el privilegio, según dio a conocer Ex-Ante.
Parra había sido condenado por quemar una caseta de Carabineros en la Plaza de Armas de Talca el 19 de octubre de 2019. Producto de que aceptó las imputaciones de la fiscalía, fue sentenciado en un procedimiento abreviado.
Si bien el Juzgado de Garantía de Talca en un principio había dictado contra el imputado la pena efectiva de 4 años por el delito de incendio y otro año de prisión por cometer desórdenes públicos, este asumió el relato de la fiscalía, por lo que la condena se sustituyó por la de libertad vigilada intensiva de 5 años de duración.
Con ello, cinco condenados han recibido el beneficio por parte del Ejecutivo. Estos son -además de Parra- Andrés Fuica (condenado por robar un supermercado durante el estallido social), Gabriel Allende (procesado por lanzar un artefacto incendiario a Carabineros en 2019), Adán Castro (sentenciado por 2 delitos de maltrato de obra a Carabineros durante el estallido social, pateando en el cráneo a uno de los funcionarios cuando estaba en el piso) y Eliseo Carrera (condenado por lanzar piedras contra un carro de Carabineros en Iquique en 2019).
Oposición
El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Longton (RN), exigió que el Gobierno de pie a través con estos beneficios para quienes han sido condenados. "Creemos que lo más prudente es que este Gobierno revoque o deje sin efecto pensiones que se entregaron a personas, que cometiendo hechos delictuales, les fue entregada una pensión de gracia", dijo este miércoles en un punto de prensa.
En ese sentido, afirmó que "a quienes agredieron a carabineros y tienen condena por ello, a quienes saquearon, a quienes estafaron y a quienes tiraron bombas molotov y patearon en la cabeza carabineros hoy día, por esos hechos están recibiendo una pensión de gracia".
Apuntó: "Hoy día el Estado está subsidiando a delincuentes en su diario vivir e incluso para que se fuguen de la justicia.
Señaló a su vez que estos casos significan una "provocación" tanto para la ciudadanía como para las víctimas, destacando así que aquello es "tremendamente indignante" para quienes "no les alcanza para llegar a fin de mes".
"El Presidente de la República (Gabriel Boric) decía que la oposición le ha faltado el respeto a Carabineros cuando lo critica en materia de seguridad, yo le digo al Presidente que faltar el respeto a Carabineros es otorgarle pensiones de gracia vitalicias a quienes los han pateado en el suelo, a quienes les han quemado las casetas y a quienes han atentado contra su vida tirándoles bombas molotov", sostuvo.
Anunció que se convocará a una sesión especial en la Cámara Baja y se invitará a la contralora subrogante Dorothy Pérez a la comisión de Seguridad, con el objetivo de que "nos dé las señales jurídicas y se las dé al Gobierno porque no puede ser que tengamos que esperar un proyecto de ley, que puede demorar un tiempo, y mientras tanto estos delincuentes sigan recibiendo pensiones de gracia con recursos de todos los chilenos".
Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), escribió a través de su cuenta X (antes Twitter): "Es una vergüenza que el Gobierno entregue pensiones a delincuentes".
"Realmente no hay un interés de resolver los problemas de seguridad, no tan solo dejándolos libres sino que además, premian a personas que solo provocan daño a los chilenos. Dicen constantemente que respaldan a Carabineros, pero entregan pensiones a quienes los agreden", completó.
El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, comentó por la misma vía que "siguen apareciendo pensiones de por vida a delincuentes 'víctimas del estallido social' otorgadas por Gobierno a condenados por violencia".
Con todo, dijo que "este caso, pensión vitalicia de $449 mil pesos al sr. Parra. Solicitamos al Presidente Gabriel Boric dejar de pagar y revertir este beneficio".
El diputado Diego Schalper (RN) le solicitó al Mandatario "cortar los cables con el octubrismo”. "Presidente Boric, los chilenos no se explican cómo usted puede poner arriba de la mesa una pensión de gracia en favor de personas que han cometido estas situaciones. Le pedimos que se ponga del lado de las víctimas y que corte los cables con el octubrismo que todavía pareciera ser mantiene vigente en alguna parte de su gobierno".
Agregó: "Posiblemente, al Presidente Boric le da pavor pensar en que la primera línea se expresara o se manifestara en la manera que ellos lo hacen en la Plaza Italia y tener que verse en la posibilidad siquiera de aplicar las fuerzas públicas para reprimirlos. Posiblemente, ese pavor del Presidente lo hace estar permanentemente con un cable vigente en su cabeza, con el octubrismo que se ha expresado a inicio de cada uno de los años de su mandato".
Finalmente, el diputado por Antofagasta, José Miguel Castro (RN), aseguró que "el problema es que las pensiones de gracia se dan en base a criterio, y eso es lo que creemos que les falta al Presidente, o por lo menos no está en lo correcto. Hay que tener sentido común frente a la crisis de seguridad más brutal en los últimos años, y para eso es necesario dejar de romantizar la delincuencia".
"Le exigimos entonces al Presidente que revierta las pensiones concedidas a estos delincuentes, y asuma con humildad que se equivocó y de que sin efecto este beneficio a quienes no son víctimas, sino que son victimarios", remató.
Por último, el senador Rojo Edwards (Ind.) planteó por este caso a través de su cuenta de X "ante mal uso de recursos públicos debe evaluarse quitar atribuciones al Presidente".
