La comisión investigadora de las pensiones de gracia aprobó el informe de la oposición.
Aton (archivo)
En noviembre del año pasado, la comisión investigadora que tenía como mandato reunir antecedentes relacionados a la entrega de pensiones de gracia a víctimas de hechos ocurridos durante el estallido social aprobó dos informes con conclusiones y recomendaciones que son contradictorios entre sí.
Uno decía que no se incumplió lo establecido en la normativa, y el otro que sí. Situación que complicó a la secretaría de la Cámara de Diputados y se solicitó realizar nuevamente la votación.
Este miércoles los parlamentarios de la comisión se volvieron a pronunciar sobre los informes y ganó el documento que elaboró la oposición, con el respaldo de los parlamentarios de Chile Vamos, Republicanos y los diputados Andrés Joaunett (Amarillos) y Joanna Pérez (Demócratas).
Ahora, el informe pasará a la sala de la Cámara de Diputados para que sea sometido a votación por todos los parlamentarios.
En este documento se expone una serie de falencias en la Ley de Pensiones de Gracia y asegura que los decretos no cumplen con las exigencias de la normativa.
En esa línea, se le recomienda al Gobierno hacer seguimiento de la situación de beneficiarios con lesiones leves a fin de revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron el otorgamiento del beneficio y, en definitiva, verificar si todavía persisten esas afectaciones.
Además, reevaluar el mérito de las pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales, así como revocar el beneficio si se llegare a detectar la mejora física de beneficiarios con lesiones leves, considerando que las pensiones -según los decretos que las concedieron- se pagarán de manera vitalicia y se mantendrán vigentes mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento.
Finalmente, se recomienda evitar el otorgamiento de pensiones de gracia como medida de reparación por eventuales violaciones a los derechos humanos, independientemente del contexto en que se originen.
El presidente de la comisión investigadora, Henry Leal (UDI) dijo a Emol que "podemos visibilizar un problema que estaba escondido. Nadie sabía en Chile que se habían entregado 418 pensiones de gracia a presuntas víctimas del estallido social. Y nadie sabía que habían personas condenadas por los tribunales con pensiones. Esto permitió que los chilenos se enteraran y también permitió que hoy día haya un repudio generalizado a esta figura. Y lo más relevante, es que esto va a permitir que hacia el futuro esto nunca más vuelva a ocurrir".
"Seguramente la legislación va a ser revisada y modificada sustancialmente", agregó el legislador.
En relación a las víctimas del estallido social que hoy reciben este beneficio, Leal dijo que "el Gobierno puede invalidar o revocar. Nosotros creemos que se puede revocar. Hay respaldo de dictámenes de Contraloría. No se requiere una ley. Pero si el gobierno insiste, bueno, que mande la ley luego, que le ponga suma urgencia y la saquemos en 15 días. Pero tiene que ser rápido, porque lo que no puede ocurrir es que estemos meses discutiendo un proyecto de ley y los delincuentes sigan recibiendo un sueldo que pagamos todos los chilenos".
