La postura de los involucrados ha sido una suerte de intento de desdramatizar el hecho de que las reuniones no quedaran registradas, con argumentos como que "no todo diálogo es lobby"; que desconocían la lista de los invitados; que fue "un caso excepcional"; o que "los encuentros no tenían los elementos constitutivos que hacían necesario su registro", en palabras de Jara, o "
", en voz del Presidente Gabriel Boric.
No obstante, organismos pro transparencia tienen una postura contraria. Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) comentó ayer que "la reunión en la casa del lobista Zalaquett debió haber sido registrada, más allá de la interpretación restrictiva que hagan los ministros el presidente de la República, Gabriel Boric Font". Asimismo, opinó que la instancia se debió dar a conocer "por el principio de probidad pública, es decir, el derecho que tenemos a saber y conocer esa conducta que yo declaro como importante".
De hecho, ayer en la tarde, la Contraloría ofició a los seis ministerios cuyos titulares han participado de las reuniones en la casa de Zalaquett. El oficio establece que las carteras tienen un plazo de 10 días para responder a las denuncias efectuadas por parlamentarios -como los del Partido Republicano- y particulares.
¿Se debían registrar las reuniones?
Fuentes cercanas al mundo del lobby señalan a Emol que los encuentros debieron quedar registrados, precisamente porque cumplirían con todas las características de una audiencia de lobby, donde un grupo de particulares, a través de una empresa (en este caso, la figura de Zalaquett), convocan a autoridades. Es más: el hecho de que las reuniones hayan sido en la casa del ex alcalde, ahora bautizada como "la casa de todos", no exime que pudiera haber lobby.
¿De qué depende mayormente? De lo solicitado y conversado en esa instancia. Así lo comentó esta mañana Marcelo Drago, abogado y ex presidente del Consejo para la Transparencia a 24 Horas. "
No importa el lugar, no importa la hora, no importan las condiciones. Lo único de que depende, es el tema. Si el tema involucraba una petición a la autoridad, de algún tipo, sobre un proyecto de ley, un reglamento, la tala de un árbol en un barrio, eso ya es una reunión de lobby y debe registrarse".
En la misma línea, María Jaraquemada, directora de Chile Transparente, comenta a Emol que "la ley de lobby a lo que va es al objetivo de la reunión, si se tratan de audiencias o reuniones que buscan influir en alguna decisión pública que puede tomar una autoridad de cualquier poder del Estado -aunque para el Poder Judicial hay ciertas particularidades, por la prohibición del llamado 'alegato de pasillo'-".
"No importa el lugar u horario, lo relevante es el objetivo de la audiencia o reunión. Tampoco es imprescindible que haya sido solicitada previamente vía formulario por el privado, si ésta reunión se da y cumple con estas características, se debería de publicar por transparencia activa", cerró.
Qué dice la ley de lobby
Para comprender mejor la actividad en cuestión y sus márgenes, es clave acudir a la ley de lobby, normativa que fue publicada en marzo de 2014, y precisamente regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
El
lobby, en concreto, se entiende como "
aquella gestión o actividad remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos conforme a la ley respecto de los actos y decisiones reguladas en la misma". En tanto, la
gestión de intereses no es remunerada, pero apunta a los mismos fines.
Los sujetos "pasivos", corresponden a las autoridades y funcionarios frente a los cuales se realiza el lobby o la gestión de interés particular, los que deben cumplir deberes de registro y transparencia fijados en la ley. En tanto, los sujetos "activos", son aquellos que realizan las gestiones de lobby; por ejemplo, Pablo Zalaquett.
Las actividades que los sujetos pasivos deben registrar y a las que se les debe dar publicidad, -es decir, deben hacerse públicas- son: reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas que tengan por finalidad influir en una decisión pública; los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones; y los regalos que reciban las autoridades o funcionarios.
Asimismo, la resolución 13 exenta, publicada el 28 de enero de 2015, fija el registro público de lobbistas y gestores de intereses particulares. Es la Dirección General de Crédito Prendario la que administra dicho registro, al que se incorporan automáticamente lobbistas o gestores de intereses particulares que hayan sostenido audiencias o reuniones con autoridades. Además, pueden ser incorporadas las personas -natural o jurídica- que, voluntariamente, lo soliciten. En la página 9 del registro, por ejemplo, es posible encontrar como lobbista a Pablo Zalaquett Said, inscrito como persona natural.
Una práctica "satanizada"
Personeros del mundo del lobby reconocen que en Chile la actividad está "satanizada", a raíz del manchado historial de gestiones, traducidas en la "entrega de minutas" por parte de un interesado para, por ejemplo, una legislación. Tal como ocurrió con la cuestionada Ley de Pesca.
Por eso, conocedores de la práctica comentan que finalmente se trata de una actividad válida, donde un gestor de interés finalmente busca acercarse al mundo público, para que determinada regulación o medida no les afecte. Lo clave, nuevamente: es que todo aquello quede registrado.
Por eso, para algunos en poco y nada ayuda el llamado "caso lobby" a mejorar el valor reputacional de la actividad. Pese a que Zalaquett no estaba obligado a dejar registro -puesto que la ley obliga a los sujetos pasivos a hacerlo-, que efectivamente se tomara acción en esta línea hubiera ayudado a no dejar sospechas sobre lo que realmente se habló o acordó en las reuniones en su casa.
En la misma línea, para Marcelo Drago, una de las situaciones que resulta más evidente que debió haberse registrado, atañe al ministro Grau, puesto que "es el ministro de Economía, que tiene a cargo la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que tiene a Sernapesca, que regula la acuicultura, y se reúne con acuicultores (en la casa de Zalaquett). Para mí, es totalmente nítido, que no pudieron hablar de otra cosa que no sea la regulación y fiscalización".
Fuentes comentan que hay todavía algunas situaciones sujetas a "interpretación" en la ley, una de esas apunta precisamente al "lugar" escogido para la reunión. Algunas veces, elegir una cafetería, permitiría no dejar registro de la instancia, pero si el gestor de interés o lobbista acude a la oficina del actor pasivo (una autoridad), debe quedar registrado.
La normativa señala sobre dicho punto que "se deberán considerar las excepciones que dispone el artículo 6 de la ley; actividades que no están reguladas por ésta y, por lo tanto, no se deben registrar. Se trata, en general, de actividades que tienen relación con el trabajo en terreno, audiencias o reuniones públicas y las presentaciones en un procedimiento administrativo, entre otras".
Top lobbistas, gestores de interés y empresas
Conforme a la Ley Nº 20.730 que regula el lobby, es deber del Consejo para la Transparencia poner a disposición del público los registros de agenda pública y la nómina sistematizada de lobistas y gestores de intereses particulares, pero no es responsable del contenido y la exactitud de los datos que se informan.
Según los datos más recientes, actualizados al mes de noviembre de 2023, se realizaron 4.489 registros de audiencia remitidos por los órganos del Estado.
Las empresas que más registraron audiencias por lobby son la Cámara Chilena de la Construcción, seguida por Ciclo S.A.; Extend; Clínica Santa María; Compañía General de Electricidad S.A.; Codelco; E-Cl (Engie Energía Chile); y Colbun S.A.
En el listado aparece además -en cuarto lugar- la Superintendencia de Electricidad (SEC), sin embargo, desde Transparencia aclaran que hay un error de registro desde la propia SEC, quienes al ingresar el registro de las audiencias, lo habrían hecho como "lobbistas", cuando en realidad, son sujetos pasivos, es decir, quienes reciben a los gestores de intereses o lobistas.
El listado de sujetos pasivos, es decir, a quienes se les solicitó una audiencia o reunión por ley de lobby, la lidera el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros; el alcalde de San Esteban, Christian Ortega; José Luis Sepúlveda, director del Serviu de La Araucanía; y Omar Gutiérrez, jefe de servicio del Minvu de O'Higgins. En cuanto a los organismos, lidera el Servicio de Evaluación Ambiental, la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la Cámara de Diputados, y subsecretaría de Bienes Nacionales.
Entre las empresas más conocidas por sus gestiones en comunicaciones o lobby está Azerta, que tiene entre sus socios directores a Cristina Bitar; también está la empresa de comunicaciones y gestora de intereses Extend, de Marilú y Pilar Velasco, hijas del ex ministro Belisario Velasco; también está Imaginacción, holding que promueve asesorías en las relaciones público-privadas, fundada por Enrique Correa Ríos, y reconocida como una de las principales empresas de lobby.
¿Cómo ven este escenario desde estas empresas? Claudia Miralles, gerenta de Imaginaccion, comenta que desde sus inicios han sido impulsores de una ley de lobby. En esa línea, subraya que "la relación público-privada requiere transparencia y cumplimiento de la ley", y que "en un contexto de desconfianza en las instituciones, autoridades y lobistas deben ser especialmente rigurosos en usar el instrumento que existe. El Gobierno equivocó el camino. Si hay que 'dialogar hasta que duela', es obligación de las autoridades recibir al sector privado bajo la ley de lobby", sostuvo.
Sanciones y el debate por las "áreas grises"
