Aún hay cupos por completar en la
Corte Suprema y el
Consejo para la Transparencia (CPLT) sigue sin poder sesionar por la falta de integrantes.
Esas son algunas de las acciones que forman parte del "laberinto" de los nombramientos que falta que haga el Gobierno. Ahora, cabe mencionar que esta semana el Congreso logró llenar las cuatro vacantes que estaban pendientes hace más de un año en el Tribunal Constitucional.
Según consignó El Mercurio, desde hace más de un año está abierta la vacante dejada en noviembre de 2022 por el exministro Guillermo Silva en la Corte Suprema y a lo largo de los meses se han ido sumando más cupos. Uno de ellos es el del fiscal judicial -disponible desde agosto pasado cuando jubiló su extitular, Lya Cabello- y dos magistrados, luego que a fines del año pasado abandonaran el Poder Judicial los titulares Haroldo Brito y Jorge Dahm.
Por otro lado, está el caso del CPLT -institución que desde el 2008 vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia de la función pública y de acceso a la información de la administración del Estado- que tiene solo dos miembros (Bernardo Navarrete, presidente, y Natalia González, consejera) y que con ese quórum no puede sesionar.
Otro suceso que se suma, es el del Instituto Nacional de la Juventud que está sin director titular desde el 2022. La situación se dio desde que la anterior ocupante del cargo, la cientista política Renata Santander, renunció en mayo del año mencionado. Actualmente ejerce como director subrogante el sociólogo Juan Pablo Duhalde, que tiene una experiencia de 10 años de trabajo en materias urbanas y de juventud.
Existe un concurso para elegir al nuevo titular que comenzó en septiembre pasado. Tras una serie de selecciones, el Consejo de Alta Dirección Pública definió una nómina de personas elegibles y la envió al Presidente Gabriel Boric el lunes 8 de enero. Ahora, el Mandatario tiene un plazo de máximo 90 días hábiles para concretar el nombramiento.
Según información del sistema de Alta Dirección Pública del Servicio Civil, desde marzo de 2022 a la fecha, el 100% de los cargos de jefaturas nacionales (primer nivel jerárquico) ha sido concursado y el 96% ya tuvo nombramiento. Así, existen seis cargos cuyas jefaturas aún no han sido nombradas.
Además de eso, está el caso en que La Moneda debió tramitar una ley por el extenso vacío en la dirección del SLEP de Atacama. Los problemas de dicho organismo comenzaron con su primer director, Carlos Pérez Estay, quien lleva 21 meses suspendido del cargo debido a un sumario en su contra, aunque no ha dejado de percibir su remuneración. En noviembre se designó como directora (s) a Ximena Sanhueza, quien casi de inmediato presentó una licencia médica en medio de cuestionamientos luego de que una auditoría del propio Ministerio de Educación (Mineduc) confirmara que una de sus hijas, contratada en el servicio, recibía sueldos con dineros de la subvención general y la subvención escolar preferencial, que no pueden destinarse a remuneraciones. Ambos hechos han impedido que hasta ahora se designe a un nuevo director titular.
Ahora bien, el Gobierno logró que el Congreso despachara esta semana una ley que habilita el nombramiento excepcional de un director, sin pasar por el proceso de Alta Dirección Pública, cuando el cargo esté vacante o el titular no lo desempeñe durante 20 días corridos.
Finalmente, está la situación del Servicio de Salud de Arica. Tras la renuncia de Magdalena Gardilcic al cargo de directora en 2020, ejerció como directora (s) Patricia Sanhueza, hasta la actualidad. Para definir a un titular oficial también hay un concurso de Alta Dirección Pública (ADP) que comenzó en diciembre recién pasado y en primera instancia recibió 61 postulaciones.
Un análisis de admisibilidad determinó que 58 candidatos cumplían con los requisitos, y luego de una evaluación de una empresa especializada en reclutamiento y selección, el Consejo de ADP definió que 19 personas avancen a la siguiente etapa que ahora está en desarrollo.
