El próximo 27 de octubre se realizarán las elecciones municipales, comicios de cara a los cuales los partidos políticos ya han comenzado a prepararse, formando alianzas electorales o bien buscando candidatos.
Y si bien asoman algunos nombres nuevos para competir, se espera que en varias otras comunas los alcaldes vayan a la repostulación o bien logren traspasar su capital político a sus potenciales reemplazantes, apostando a que dichas comunas queden en manos de sus partidos.
En ese escenario, es que en varias tiendas preocupa el panorama judicial que aqueja a algunos municipios y particularmente a sus jefes comunales, situaciones que bien podrían jugarles en contra en sus intenciones de reelegirse o en otros casos ser un precedente negativo para sus sucesores.
El panorama judicial
El fin de semana se conoció el fallo contra el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, por la demanda realizada por docente Iris Núñez por publicar y viralizar un video en sus redes sociales funando a la profesora.
Según consignó ayer El Mercurio de Antofagasta, la jueza había decidido condenar a Velásquez a 541 días de reclusión menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 15 UTM y a la pena accesoria de suspensión de su cargo, además de los costes de la causa. No obstante, el alcalde accedió a una sustitutiva de firma mensual en Gendarmería por el mismo plazo.
Por ahora el alcalde seguirá ejerciendo sus funciones, pero se debe esperar un plazo de apelación para la pena sustitutiva.
Otro caso que causó revuelo hace un tiempo fue el del alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, quien fue detenido y formalizado, tras acusado de malversación de fondos -cercanos a los $1.060 millones- y cohecho. La UDI decidió suspender su militancia y no los considerará como candidato para los comicios, pero sin duda el caso afecta las pretensiones de Chile Vamos en la comuna.
La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también ha debido enfrentar tiempos difíciles, la alcaldesa incluso tuvo que comparecer ante la Fiscalía Centro Norte en calidad de imputada por el delito de fraude al fisco, en el marco del denominado caso "Sierra Bella" por la fallida compra de la ex clínica, en la cual se detectaron varias irregularidades. Hoy, en tanto, la alcaldesa y militantes del PC confirmó que buscará la repostulación.
Otro foco de atención es lo ocurrido en Las Condes, donde la UDI espera llevar a la reelección a Daniela Peñaloza, quien ha debido enfrentar varios problemas en su gestión. Si bien son varios los episodios dos que están en la mira del Ministerio Público son, por ejemplo, la compra de terrenos para la construcción de un Cesfam en la comuna, donde se indagan irregularidades y la investigación por el pago excesivo de horas extras a funcionarios.
Si bien el alcalde Daniel Jadue no puede repostular por un tercer periodo, sin duda el PC y el oficialismo buscarán mantener en sus manos la comuna de Recoleta, lo que podría dificultarse para el sector. En noviembre pasado el jefe comunal declaró como imputado por el caso Farmacia Populares, en el que se indagan eventuales delitos de corrupción -como cohecho- debido a una supuesta donación por $20 millones de Best Quality SpA, un proveedor de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), al jefe comunal durante la pandemia, que luego se habrían enviado a su partido.
También en manos de justicia está el caso el caso Led, donde se indaga al alcalde y a otros funcionarios de la comuna, así como al gerente general de la empresa Itelecom, Marcelo Lefort por la adjudicación de un contrato por más de $10 mil millones para el recambio de luminarias.
Gran revuelo cuspo el caso del alcalde de Reinaco, Juan Carlos Reinao, quien estuvo una semana prófugo de la justicia, tras lo cual quedó en prisión preventiva, imputado de ocho delitos de connotación sexual, ocurridos entre 2006 y 2020 en contra de cinco mujeres.
Hace unos días, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en la casa del alcalde de la Municipalidad de Coronel, Boris Chamorro Rebolledo, y en el cuarto y sexto piso de la municipalidad, debido a una investigación por presuntos delitos de corrupción. Desde el ente persecutor, indicaron que la investigación involucra a distintos funcionarios públicos de la entidad comunal y, a su vez, a representantes de empresas.
