El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Cedida
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve,
se refirió esta jornada a la polémica suscitada en torno a las pensiones de gracia. En ese contexto, no descartó que se revoque la medida a otro grupo de beneficiados además de quienes fueron favorecidos con la iniciativa en el contexto del denominado estallido social.
En un punto de prensa, la autoridad del Interior afirmó que "los antecedentes penales de las personas no son de conocimiento público. Ni siquiera los gobiernos acceden por completo" a estos.
En ese sentido, sostuvo que para contar la dicha información de se debe solicitar un
"extracto de filiación" al Registro Civil, "que es lo que está haciendo el Gobierno para poder cotejar la situación de todas las pensiones que se entregaron en base a esta facultad".
Agregó que "por eso es que cuando tengamos el extracto de filiación y, por tanto, sepamos exactamente la naturalidad de los antecedentes penales, se le propondrá al Presidente los criterios para usar la facultad administrativa de revocación".
En ese sentido, complementó "por ahora estamos abocados a las pensiones entregadas en el marco del estallido. Son 18.000 pensiones las que ha entregado el Estado desde el año 1981, y, por tanto, además hemos tomado muestras de otros grupos para poder tener un antecedente de cuál sería el escenario en otros grupos a los cuales se le ha entregado el beneficio de pensiones de gracia".
Pensiones de gracia a afectados del estallido social
Monsalve también aseveró que "entregar pensiones de gracia a víctimas del estallido es algo que se incorporó en la Ley de Presupuestos del año 2021 y el año 2022: no la incorporó el gobierno del presidente Piñera ni tampoco el Gobierno del Presidente Boric, sino que fue el parlamento".
Asimismo, señaló que desde 1981 que se entregan pensiones de gracia y "nunca se habían pedido antecedentes penales, pero los hechos demuestran que hay que pedirlos".
Recordó que en el marco del estallido social hubo personas fueron lesionadas, por lo que "tomar decisiones respecto a esas personas tiene que tener mucha rigurosidad".
Sobre el informe jurídico, sostuvo que "hay facultades administrativas para revocar de manera muy precisa, en condiciones en que se considere, por razones de oportunidad, por razones de conveniencia, por razones de mérito, que la decisión eventualmente afecte el interés público. A nosotros nos parece que estas causales pueden concurrir en el caso de alguna de las pensiones de gracia. Por tanto, el Presidente, en virtud de esas facultades, ha decidido revocar. ¿A quiénes? Se están fijando los criterios".
