Nuevos flancos se le abren al Gobierno y en esta oportunidad diputados oficialistas han contribuido a acrecentar las controversias.
En los últimos días han sido foco de críticas - por distintos motivos- la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; su par de Energía, Diego Pardow; y la jefa de Interior, Carolina Tohá.
Diputados desde el PPD hasta el Partido Comunista han arrojado duras críticas a la gestión de los secretarios de Estado.
Entre sus recriminaciones, legisladores aseguraron que se dañaron las confianzas, acusaron falta de diálogo e incluso calificaron como una "aberración" una de las medidas que está llevando adelante el Ejecutivo.
Maisa Rojas
Si bien las críticas del oficialismo contra la titular de Medio Ambiente se arrastran hace meses, desde que se confirmó su participación en reuniones en la casa del lobbista Pablo Zalaquett estas se agudizaron y ayer se vivió uno de los momentos más tensos en medio de toda esta polémica.
El miércoles estaba citada la comisión de Medio Ambiente de la Cámara para comenzar la tramitación del proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente; sin embargo esto no se concretó porque la molestia de los legisladores contra Rojas fue más fuerte.
Luego de una ronda de recriminaciones contra la secretaria de Estado después de que se conociera una tercera reunión que sostuvo con empresarios en la casa de Zalaquett, los parlamentarios - de manera transversal - aseguraron que se "rompieron las confianzas" y que Rojas ya no era una interlocutora válida para continuar con las tramitaciones legislativas. En esa línea, solicitaron suspender la sesión.
Fue el diputado Daniel Melo (PS) quien puso sobre la mesa detener el debate legislativo "entiendo que el proyecto es muy importante (...) pero hay un problema que es evidente, y ese problema uno no puede hacer como que no existe, no se si el resto de los colegas quiere continuar con la tramitación como si acá no hubiese pasado nada, como si uno barriera todo debajo de la alfombra, esa sensación me da".
A sus palabras se sumó la diputada Maricela Santibáñez (IND-PC) y Felix González (FRVS). Este último dijo que "tenemos que legislar de cara la ciudadanía, con transparencia y en condiciones que podamos hacer un trabajo que de garantía de eso y claramente hoy no están esas garantías. Se acaba de acordar enviar una carta al Presidente de la República haciendo un reclamo por falta de transparencia y pidiendo una reunión con él de manera de recomponer confianzas. Seguramente el va a evaluar con quién nos vamos a relacionar, porque el Parlamento se relaciona con el Presidente a través de sus ministros, y puede ser que el Presidente tome determinaciones en ese sentido también".
Agregó que "hay que generar condiciones para dar garantías de que lo que se tramita no sea como la Ley Longueira, sea una tramitación basada en principios y no intereses, y los empresarios defienden intereses, sobre todo esos empresarios en particular".
Además, el representante por la Región de Bío Bío sostuvo que "le haría bien al Gobierno que la ministra diera un paso al costado y que pudiéramos tener una contraparte con la que podamos hacer trabajo prelegislativo, poder concordar indicación a los proyectos como los hemos venido haciendo".
"Le haría bien al Gobierno que la ministra diera un paso al costado y que pudiéramos tener una contraparte con la que podamos hacer trabajo prelegislativo"
Felix González (FRVS)
Si bien la presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Clara Sagardia (IND-CS), intentó continuar con la tramitación del proyecto que estaba en tabla, finalmente fue imposible y optó por suspender sesión.
A estos cuestionamientos también se sumó el liberal Alejandro Bernales, quien en entrevista con EmolTV sostuvo que "creo que la ministra no ha podido cultivar buena relación con los parlamentarios (...) en la discusión de presupuesto vimos que se rechazó parte del presupuesto en Medio Ambiente que fue sorpresivo y en Medio Ambiente no había ninguna alerta y terminó cayendo esa votación con el presupuesto y era un gesto de malestar hacia la ministra por la poca relación que había con varios de ellos. Tiendo a pensar que lo que pasó en presupuesto hoy continúa en la comisión con este gesto. Es bien duro y grave no dejar participar a una ministra, es muy complejo".
A la salida de la sesión, la ministra de Medio Ambiente lamentó lo ocurrido porque "vino todo el equipo, recordemos que estábamos citados hoy en día para hablar de un proyecto de ley, de una reforma muy importante para el Ministerio de Medio Ambiente que venimos trabajando hace más de un año, una reforma a la Superintendencia. Estábamos junto con el subsecretario, con nuestro jefe de la División Jurídica, también está la superintendente y una cantidad importante de asesores para poder ya presentar esta reforma".
La secretaria de Estado reiteró sus argumentos de por qué participó de la reuniones en la casa de Pablo Zalaquett y aseguró que acudió en un momento "tenso" donde se le criticaba de "poco dialogante". Agregó que la idea era "tender puentes" y que actuó de "buena fe".
Ante la arremetida de los parlamentarios contra Maisa Rojas, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, sostuvo que "el reglamento de ambas corporaciones son claros. Los ministros de Estado no pueden ser excluidos de un debate parlamentario, tiene derecho a asistir a las reuniones de sala y a las comisiones tal cual como lo hacen los parlamentarios".
Diego Pardow
Por otro lado, también se gatilló un conflicto con el Ministerio de Energía, en particular contra el jefe de la cartera, Diego Pardow, luego de que el Ejecutivo ingresara por el Senado el proyecto que crea un mecanismo de estabilización de precios de la electricidad, con el objetivo de mitigar las inminentes alzas en las cuentas de la luz que fueron alertadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
En este contexto, los legisladores acusaron a Pardow de no escuchar a los parlamentarios e exigieron renegociar los contratos. El diputado Jaime Araya (IND-PPD) manifestó su molestia contra el anuncio del Gobierno y contra el jefe del Ministerio: "Él lo que está haciendo básicamente es agravar el problema. No ha escuchado a los diputados ni diputadas, hemos tenido innumerables reuniones desde la Cámara de Diputados, hay una carta que le envió el presidente de la Cámara de Diputados y se comprometió con todos nosotros a tener un diálogo real, respecto de cómo arreglar el problema de la tarifa eléctrica en nuestro país, y eso no se ha cumplido".
"Por lo tanto, queremos mostrar nuestro profundo desacuerdo en que se haya anunciado un proyecto que es profundamente regresivo, que no arregla el problema, que encarece el costo de la energía, sobre todo para las familias de clase media y más vulnerables de nuestro país, y lo que más nos genera molestia es que no nos haya escuchado con el respeto que se merecen las y los diputados que representamos distintas regiones, distintas realidades", agregó el diputado.
Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC), manifestó que "el presidente de la Corporación de la Cámara de Diputados y Diputadas le dijo muy claramente al ministro Pardow que los acuerdos en el Senado no son vinculantes con la Cámara. Nosotros vemos como bancada transversal por la baja de la tarifa de la electricidad. Hemos dicho con mucha claridad que un PEC 3 no es una solución. El PEC 1 fracasó. El sistema de estabilización 2 también fracasó. Ni siquiera alcanzaron los recursos".
"(Pardow) No ha escuchado a los diputados ni diputadas, hemos tenido innumerables reuniones desde la Cámara de Diputados, hay una carta que le envió el presidente de la Cámara de Diputados y se comprometió con todos nosotros a tener un diálogo real"
Diputado Jaime Araya (IND-PPD)
En esa línea, dijo que "hoy día nos estamos ateniendo a la posibilidad de un 88% de alza de la cuenta de la luz a las personas que tienen mayor consumo, que no son necesariamente los más ricos. Son las pymes, son los negocios de los barrios, son las familias que viven hacinadas, y la solución que nos da el ministro es precisamente lo que dijimos que no era solución. Me parece que hoy día el ministro tiene que sentarse a conversar con la Cámara de Diputados y Diputadas de manera real. Hemos propuesto la renegociación de los contratos. Creemos que ese es el camino y para eso también hemos ido tomando algunas medidas".
Al ser consultado sobre la resistencia de los diputados, el ministro en conversación con Radio ADN, sostuvo que "se hicieron estos trabajos prelegislativos en dos sesiones, durante octubre y noviembre". En esa línea, afirmó que recibió "algunas observaciones en particular de algunos parámetros, de algunas cosas que podíamos mejorar, fue disposición a avanzar respecto de los diputados, un grupo bastante transversal, distinto de los que estaban ayer en este punto, creo. Eso es efectivo".
Con todo, dijo que "nosotros estamos siempre dispuestos a recibir observaciones como cómo ir aliviando la carga del bolsillo de los consumidores, por supuesto, pero hoy tenemos una necesidad de atender de manera urgente.
Carolina Tohá
Por otro lado la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha salido a atajar las críticas de los parlamentarios oficialistas en relación a revocar las pensiones de gracia a las personas que cuenten con antecedentes penales.
El anuncio lo dio el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, la semana pasada cuando confirmó que el Presidente Gabriel Boric examinará los antecedentes de las personas beneficiadas y hará uso de sus facultades administrativas para anular el beneficio luego de que se establezca un criterio de evaluación.
El método para la revisión será elaborado por el ministerio del Interior, y así lo confirmó el Mandatario quien dijo que "hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales, y lo que he mandatado a los organismos correspondientes, es que, eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas, hoy día se revise".
Tras el anuncio del jefe de Estado, el diputado Boris Barrera (PC), planteó que sería "una aberración sin precedentes, que perpetúa la impunidad, porque estamos hablando de personas a las que se les violaron los derechos humanos, que fueron mutiladas, torturadas, personas muertas, con perdigones en sus cuerpos, que aún no tienen justicia".
En esa línea, el parlamentario emplazó al Ejecutivo y comentó que "si el Gobierno cae en este juego y falso relato de la derecha, que dice que las pensiones de gracia son un premio para delincuentes, el Gobierno estaría pasando a llevar tratados, convenciones internacionales en relación a los derechos humanos, porque no tiene relación alguna que una persona que haya cometido un delito en alguna oportunidad, que tenga antecedentes penales y que ya cumplió esa pena, que el Estado no pueda reparar el daño que se le hizo en el gobierno de Piñera".
Este mensaje fue secundado por el comunista Matías Ramírez, quien a través de "X" (ex Twitter) aseguró que "es un error abrirse a revisar el otorgamiento y dicha revisión puede constituir un acto ilegal y arbitrario a la luz de los comportamientos del Estado Chileno en materia de reparación a victimas de violaciones a los derechos humanos".
"Una aberración sin precedentes, que perpetúa la impunidad, porque estamos hablando de personas a las que se les violaron los derechos humanos"
Diputado Boris Barrera (PC)
Además, los legisladores argumentaron que con esto se podría estar pasando a llevar una serie de tratados internaciones sobre los derechos humanos. A estas críticas, la diputada Claudia Mix (Comunes), en conversación con Radio Universidad de Chile, dijo que "el Gobierno se vio presionado a tomar una decisión que yo no comparto porque esas pensiones de gracia (...) son medidas reparatorias, estas 400 personas están las personas con trauma ocular, aquellas que perdieron un padre, algún familiar, etc. Entonces no estoy de acuerdo con revisarlas. Otra cosa es modificar la ley y que se cambie para el futuro".
En este contexto, la ministra del Interior se refirió en particular a los dichos del diputado comunista Boris Barrera quien tildó de una "aberración sin precedentes" si es que se revocan los beneficios.
Sobre esto la secretaria de Estado sostuvo que no comparte las palabras del parlamentario, pero puso paños fríos a la situación y aseguró que "aquí no solo hay que ponderar los antecedentes penales, sino que también el daño causado. No es un elemento decir que de per se los antecedentes penales dejan a una persona fuera de la posibilidad de ser compensada de haber sufrido un daño severo".
Además, apuntó a que "hay que corregir lo que la ley dice hasta ahora, lo que dice sobre el procedimiento administrativo y que no ponía a la vista los antecedentes penales".
