El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la situación carcelaria en Chile, la cual ha estado en el foco de preocupación por parte de los expertos y del propio Ejecutivo.
El secretario de Estado abordó los cuestionamientos que se instalaron esta semana debido a que hubo distintas voces que criticaron la medida que la justicia le otorgó a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, que quedó en arresto domiciliario total y arraigo nacional, donde la Fiscalía le imputó los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, por un desfalco que ascendería a los 31 mil millones de pesos, en desmedro de la prisión preventiva que solicitada.
En esa línea, Cordero sostuvo en Estado Nacional de 24H que "yo en esto soy bien respetuoso de la independencia judicial, porque así como tenemos este caso, tenemos casos donde se han otorgado prisiones preventivas".
"Yo lo vería en la evolución en general. Nosotros tenemos hoy día un abuso de la prisión preventiva. Cuando tenemos un abuso de la prisión preventiva y aumenta las personas privadas de libertad, a usted le impide razonablemente hacer dos cosas dentro de la cárcel"
Luis Cordero, ministro de Justicia
"Yo lo vería en la evolución en general.
Nosotros tenemos hoy día un abuso de la prisión preventiva. Cuando tenemos un abuso de la prisión preventiva y aumenta las personas privadas de libertad, a usted le impide razonablemente hacer dos cosas dentro de la cárcel", dijo el titular de Justicia, haciendo alusión, de igual manera, a la editorial de El Mercurio de este domingo que
alerta sobre la sobrepoblación penal existente en el país.
En ese sentido, aseveró que la primera es "segregar de modo eficaz". Y la segunda, "tener políticas de reinserción adecuada, que es donde uno debiera focalizar en el caso particularmente de los condenados".
Entonces, dijo, "este es un equilibrio donde la conversación tiene que ser con cierta adultez. Porque supone entender que detrás del encarcelamiento no hay una bondad
per sé, sino que hay un camino granjeado de riesgos".
Y otros números también generaron una luz de alerta. Este domingo, "El Mercurio", accedió a los datos de Gendarmería sobre la cantidad de homicidios que se han registrado en los recintos penitenciarios desde 2018 hasta 2023.
Durante ese período, las muertes por acciones de terceros disminuyeron en un 17%. No obstante, la brecha aumenta si se comparan los asesinatos en 2020, que marcó un peak de 61 casos, con los de 2022, cuando se registraron 29.
El año pasado, sin embargo, el registro volvió a crecer: 35 personas privadas de libertad perdieron la vida en contextos de riñas.
Al respecto, el secretario de Estado remarcó que "el Estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe perfectamente lo que sucede en su interior".
"Si yo en estos momentos levantara el teléfono y llamara al director de Gendarmería, el director de Gendarmería se demoraría 10 o 15 minutos de informarme detenidamente cuánto es la cantidad de personas que se encuentran privadas de libertad, cuál es la situación de los establecimientos, etc", aseveró.
Nuevo plan carcelario
Frente a toda esta situación, Cordero abordó parte del nuevo plan carcelario que está elaborando el Ejecutivo.
En esa línea, subrayó que "el Presidente (Boric) ya lo había anunciado en su cuenta pública, pero ya están los procesos de licitación en curso".
"De aquí entre este año y el 2025, ocupando el sistema de concesiones, no solo se va a habilitar una cárcel nueva, que es en La Laguna, en Talca, sino que además de eso, se están licitando las ampliaciones. Las ampliaciones de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua y Puerto Montt", agregó.
Con todo, afirmó que "aproximadamente el país de aquí al 2033 debiera tener un aumento de un poco más de 20.000 nuevas plazas del sistema".
Sin embargo, reforzó la necesidad de avanzar legislativamente. Esto, porque según aseguró "las proyecciones de aquí al 2033, la peor de las proyecciones es que vamos a estar en torno a los 80.000 personas privadas de libertad".
Entonces, enfatizó en que "si tomamos medidas adecuadas, nosotros podríamos ver entre 54.000 y 58.000 personas privadas de libertad, lo cual el plan de infraestructura del cual se está trabajando podría hacerse cargo, le podría dejar cierta holgura al país".
