Aumentan los cuestionamientos hacia el Partido Comunista por la idea que enarboló la diputada Candelaria Acevedo de impugnar las revocaciones a pensiones de gracia al Tribunal Constitucional y a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.
Si bien, la idea la vertió la parlamentaria en el marco de la discusión de proyectos de ley refundidos de la derecha que buscan suprimir el beneficio,
lo cierto es que el Gobierno está fraguando una fórmula que busca el mismo cometido, pero marginando aquellos casos en que se trate de afectaciones graves y permanentes a los derechos humanos.
Y aún cuando la iniciativa no radica en una decisión de la bancada, este jueves, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, secundó la medida frente a la revocación de las pensiones de gracia del "estallido" a personas con antecedentes penales o con condenas.
"Ella (la diputada Acevedo) tiene una palabra en esto muy autorizada. ¿Y sabes por qué? Porque fue detenida por la CNI, desaparecida, y para que apareciera su padre tuvo que quemarse a lo bonzo. La diputada sabe de cosas mayores, de cosas más grandes... ¡Respétenla! Eso le diría a los demás", señaló.
Ante tal escenario, el ministro de Justicia, Luis Cordero, hizo una invitación. "El Presidente de la República ha dado una instrucción, el ministerio del Interior se encuentra evaluando las medidas y el Ejecutivo va a ejercer la función administrativa que le entrega. Yo lo único que recomendaría es que mejor, antes de hacer anuncios de esas características, probablemente es mejor dimensionar qué decisiones y a qué personas va a afectar, para luego evaluar en ese tipo de casos si es procedente o no la impugnación", afirmó.
"Entiendo, sin embargo, que es la posición del Partido Comunista al proyecto de ley", acotó, "pero en cualquier caso, si se refiriera a la potestad que va a ejercer el Presidente de la República, yo creo que es mejor estudiar los casos en los cuáles se va a ejercer".
Horas antes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció una diferencia del Ejecutivo con la pretensión del PC. "Por cierto que nos complica, pero es parte del derecho que tienen los parlamentarios si tienen objeciones", señaló en radio Pauta.
Críticas del PS
Desde el Partido Socialista, parlamentarios mostraron su desacuerdo con la idea de impugnar las revocaciones y extendieron su total respaldo al criterio que vaya a aplicar el Presidente.
En esa línea, el diputado Raúl Leiva, indicó que "yo no lo comparto, creo que jurídicamente es improcedente recurrir contra el Gobierno de Chile. Un militante de un partido político que conforma la Alianza de Gobierno, me parece del todo contraproducente".
En cuanto al espaldarazo que dio Carmona, el legislador apuntó que "es un respaldo del que deberá hacerse cargo él, yo entiendo que es absolutamente improcedente".
"Las facultades que tiene la administración están en el derecho interno, la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos establece en el artículo de 53 y siguiente, la facultad de revocar o invalidar esas pensiones de gracia en tanto las condiciones de ese otorgamiento hayan variado. Entonces, el ejercicio de una facultad en materia de derecho público no puede, conforme a la norma, estar sesgada en caso alguno ni menos recurrir a una Corte Internacional para esos términos", detalló.
A su vez, el senador Alfonso De Urresti advirtió que "siempre el derecho de recurrir existe, pero creo que el Presidente de la República, si revoca estas pensiones, lo hará con la argumentación y en casos que sean sumamente graves. Yo en eso respaldo absolutamente al Presidente, hay que revisar esas pensiones y no podemos los partidos políticos y menos los partidos de la coalición, convertirnos en defensores de alguien que haya cometido ilícitos o situaciones que ameritan su revocación".
"Confío en el Presidente Boric, en el Ejecutivo cuando curse eso si alguien individualmente quiere hacer, pero institucionalmente no corresponde", agregó.
En tanto, el diputado Leonardo Soto, indicó que la idea de "que no se financie con pensiones de gracia, entre comillas, a personas que tienen un grado de compromiso delictual es algo que también compartimos. Nosotros no nos vamos a apartar del apoyo leal e irrestricto al Gobierno de Chile en esta materia".
Apuntando al pie en que queda el PC, consideró que "la ciudadanía tiene que valorar y ponderar cuál es la disputa real entre el Gobierno y el Partido Comunista y tomará sus propias decisiones y también valoraciones".
