Un nuevo antecedente se sumó este jueves a la polémica por la otorgación de
pensiones de gracia en el marco del estallido social, esto luego de que se conociera un informe de la Contraloría General de la República que da cuenta de que
58 de las 419 personas beneficiadas tenían antecedentes penales por condenas.
Además, se señala la existencia de personas que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales como estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
Sumado a lo anterior, 19 beneficiarios no presentaron antecedentes médicos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o bien algunos presentaron certificados poco legibles, contradictorios o anteriores a 18 de octubre del 2019.
Hechos que han causado enojo en la oposición, desde donde algunos han pedido la salida del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve o solicitado la remoción de todos los consejeros del INDH que validaron las cuestionadas pensiones de gracia.
Las primeras versiones
El tema ha sido una constante para el Gobierno en los últimos meses, desde donde no sólo han tenido que salir a dar explicaciones, sino que incluso han debido tomar medidas como la revocación de los beneficios otorgados.
Fue en medio de la comisión especial investigadora de la Cámara de mediados de septiembre del año pasado, que el subsecretario Monsalve señaló que cerca del 10% de quienes han recibido pensiones contaba con antecedentes penales. Lo cual equivalía a unas 40 personas, todos con "antecedentes antiguos y por delitos menores". Aunque algunas habían sido otorgadas en este gobierno y otras en la administración pasada.
Con ello, explicó que en el reglamento no se considera como requisito solicitar los antecedentes penales y apuntó que dado que es el Presidente de la República quien otorga las pensiones a las personas, "si él lo estima pertinente podría revocar el beneficio".
Más tarde, en el mes de diciembre se conoció el caso de Juan Villalobos, quien recibía el beneficio y estaba imputado por el delito de estafa y prófugo de la justicia.
"Esas pensiones se otorgan bajo determinado tipo de condiciones, tiene una clausula de revisión, sin embargo, también hay otro tipo de aspectos que son necesarios de revisar desde el punto de vista normativo", dijo sobre el caso el titular del Interior, Luis Cordero, quien además recordaba que "el Gobierno y particularmente el Ministerio del Interior se ha referido de que se van a revisar las condiciones en las cuales esa pensión se entregó para efectos de mantener o no su vigencia".
A Villalobos se fueron sumando nuevas situaciones como la de Andrés Fuica, sentenciado por saquear un supermercado, y el Gobierno decidió anunciar una serie de indicaciones para hacer cambios en la legislación actual, buscando evitar otros casos. Una para establecer la obligación de que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas, previo a decidir y en segundo lugar, para contar con la facultad legal para revocar el beneficio".
Esto último acotó Monsalve, "porque en la historia de Chile nunca se ha revocado una pensión de gracia (...) y hay una discusión jurídica respecto a que existen facultades o no". "Estas dos indicaciones manifiestan la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece no debió haber ocurrido", recalcó.
Ante esto, desde la UDI pidieron al Gobierno revocar el beneficio vía decreto, invalidando la resolución anterior. Mientras el Gobierno insistía en legislar y dar certezas jurídicas al respecto.
A inicios de enero, el subsecretario Monsalve seguía sosteniendo que "hoy día no hay ninguna norma legal explícita que faculte a la autoridad política para revocar este beneficio y, por tanto, desde nuestra perspectiva hay un vacío que no da certeza legal al respecto".
Ya ingresadas las indicaciones del Ejecutivo, parlamentarias del FA y del PC rechazan la idea de legislar para limitar las pensiones de gracia a personas con antecedentes penales. Y pese a que se aprobó la idea de legislar sobre el tema en la comisión de Desarrollo Social con el respaldo de la oposición, surgieron críticas transversales respecto a que éstas no permitían revocar el beneficio a quienes accedieron a ellas. Tras lo cual La Moneda volvería a ingresarlas.
Anuncio de revocación
A mediados de mes y tras varios nuevos y cuestionados casos, el Gobierno dio un vuelco y anunció que "lo antes posible" revocará las polémicas pensiones de gracia vía facultad administrativa del Presidente
Gabriel Borc.
Según explicó Monsalve, "todos saben que ha habido un debate jurídico respecto si hay facultades administrativas para revocar o no revocar las pensiones de gracia. Por esa razón la Subsecretaria pidió un informe jurídico a un abogado experto en materias administrativas y constitucionales. La conclusión a la que tengo acceso hoy día, es que las decisiones administrativas como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, por razones de mérito y por razones de conveniencia en la medida que se busque proteger el bien común. Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia".
La bajada del anuncio la hizo el ministro Cordero, éste precisó que se revisarían todos los beneficios y no sólo las asociadas a víctimas del estallido social, y así decidir cuáles se revocarían o no.
El propio Presidente se refirió al tema y afirmó que "hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales, y lo que he mandatado a los organismos correspondientes, es que, eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas, hoy día se revise".
"Efectivamente, voy a hacer uso de una facultad administrativa, para que, en el caso que identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas y narcotráfico, yo personalmente voy a usar uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones", sostuvo.
"La propuesta que está haciendo el Ejecutivo es que cuando la persona ya tiene una pensión de gracia y comete delitos y es condenada por ellos, pierda la pensión de gracia", complementó la ministra Tohá.
El anuncio desató críticas entre parlamentarios del PC y el FA, desde done apuntaban que se pasaban a llevar los derechos humanos y tratados internacionales.
La semana pasada, en tanto, en una carta publicada en El Mercurio, la directora del INDH, Consuelo Contreras, explicó rol del organismo en el otorgamiento de las pensiones de gracia, detallando la creación de dos glosas en la Ley de Presupuesto 2022 para tales efectos. Una de ellas, vinculada al Instituto, y otra, que facultaba al Presidente de la República para entregarlas.
"En Chile no hay, ni ha habido, personas que tengan pensiones de gracia entregadas en virtud de la función de acreditación que el Congreso encargó al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa fue una decisión del Poder Ejecutivo", defendió Contreras.
Ofensiva del PC y últimas explicaciones del Gobierno
Esta semana además, la diputada del Partido Comunista e integrante de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Candelaria Acevedo, anunció que junto a su bancada buscarán impugnar los proyectos de ley refundidos que buscan revocar las pensiones de gracia. Para lo cual recurrían al Tribunal Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cual además choca con la facultad administrativa que busca ocupar el Mandatario para revocar beneficios.
Ante esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó ayer a Radio ADN que "hay un sano equilibrio que se está tratando de lograr para evitar que retrocedamos en materia de reparación a víctimas de violación a los derechos humanos, que han sido graves, no cualquier lesión, y por otro lado, atendamos a este bien público o este interés público de no estar entregando recursos del Estado a personas que están cometiendo delitos graves".
Por su parte, la ministra del Interior manifestó hoy en Radio Pauta que la ofensiva del PC, "por cierto que nos complica, pero es parte del derecho que tienen los parlamentarios si tienen objeciones".
Conocido hoy el informe de Contraloría, desde el organismo ratificó que el Mandatario puede revocar el beneficio, creciendo la presión política para que tome medidas al respecto. Mientras en paralelo, la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora, donde se asegura que hubo irregularidades al momento de otorgar los beneficios. Éste contó el rechazo de parlamentarios del PC y del FA.
Fue el subsecretario Monsalve quien terminó reaccionado al informe de Contraloría, así señaló que "nunca debería haber ocurrido que se entregaran pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Nunca debió haber ocurrido, por lo tanto es un hecho grave".
Sin embargo, aseguró que "se cumplió rigurosamente los requisitos que establecía el procedimiento, establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales".
"Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría que sí fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento", aseveró Monsalve, acotando que "yo sí dicté un procedimiento, la modificación de ese procedimiento, que hoy día le permite a Chile, que cuando se vaya a otorgar una pensión de gracia, exista la obligación de presentar los antecedentes penales, por lo tanto, los cuestionamientos de Contraloría tienen fundamento respecto a este punto".
Desde el INDH, en cambio, aseveraron que no se le encargó medir la "magnitud de las lesiones" y "nunca intervino" en el proceso de otorgamiento de pensiones, sino que "su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas".
La ministra Tohá, en tanto, apuntó a la administración pasada por el procedimiento de entrega del beneficio: "Desde el punto del procedimiento, el procedimiento cumplió todos los pasos que estaban previstos, tanto en la Ley de Presupuesto, como el oficio que se dictó del ex subsecretario Galli, pero desde el punto de vista de las personas que llevan adelante esto, hoy día hay un sumario por ciertos reparos que plantea la Contraloría en el análisis de algunas carpetas y tiene que llegar a conclusión ese sumario".
