La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el informe que Contraloría entregó este jueves a la Cámara dando cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento de pensiones de gracia relacionadas al estallido social.
Desde la Región de La Araucanía, la jefa de gabinete indicó que "por supuesto que aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado, no solo con respecto a las pensiones del estallido, estamos analizando las pensiones de gracia hacia atrás".
"En Chile hay 18 mil pensiones de gracia y nunca ha sido un requisito para entregarla, los antecedentes penales. Entonces, esto es algo que tiene que modificarse a futuro, eso es lo que nos ha instruido el Presidente", añadió.
Apuntando al Mandatario, Tohá aseguró que "el Presidente de la República, a penas conoció el tipo de delito en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios, tomó una serie de definiciones en la semana pasada".
De hecho, la ministra indicó que el jefe de Estado "dejó firmada la pensión de gracia de una persona con antecedentes de pornografía infantil, que inmediatamente ese caso se debía revocar y no era uno de los casos con este daño permanente y grave como es la pérdida del globo ocular".
En esa línea, señaló que "la mayoría de los casos que se han conocido con antecedentes penales graves, no corresponden a las personas que tienen los daños más severos, por ejemplo, la perdida de un daño ocular. La enorme mayoría son otro tipo de daños".
Por lo demás, la titular de Interior aseguró que los casos con antecedentes penales son más que los 58 cifrados por la Contraloría. "Son 61", apuntó.
Con todo, descartó un presunto conflicto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que dirigió las responsabilidades del procedimiento al ministerio del Interior, y con el Partido Comunista, donde criticaron las pensiones de gracia mal otorgadas.
"Nosotros ni tenemos ni vamos a entrar en ninguna polémica. El proceso por el cual se asignan las pensiones de gracia está en la ley, cualquiera lo puede ver, no es necesario polemizar. La ley dice claramente quién califica a las víctimas y quién debe otorgar las pensiones. No es necesario abrir polémicas en cosas que están claras y que no lo definió este Gobierno, lo definió el Parlamento. Estas cosas se votaron en el Parlamento, se votaron de esta manera y las reguló en su detalle en un oficio el Gobierno anterior", sostuvo.
"No fue nuestro Gobierno"
Sobre la falta de chequeos, Tohá advirtió que "desde el punto del procedimiento, el procedimiento cumplió todos los pasos que estaban previstos, tanto en la Ley de Presupuesto, como el oficio que se dictó del exsubsecretario Galli, pero desde el punto de vista de las personas que llevan adelante esto, hoy día hay un sumario por ciertos reparos que plantea la Contraloría en el análisis de algunas carpetas y tiene que llegar a conclusión ese sumario".
Requerida por una autocrítica del Gobierno sobre esta trama, la secretaria de Estado aseveró que "la opinión del Ejecutivo es que este procedimiento no era el correcto, que debimos haberlo regulado de otra manera en la ley, pero no fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos".
