Con la presentación en el Congreso Nacional de la auditoría que Contraloría hizo sobre las pensiones de gracia otorgadas a raíz del estallido social,
el Gobierno no ha parado de entregar explicaciones sobre el procedimiento con el que concedió el beneficio.
Si bien el documento había sido remitido al ministerio del Interior el pasado 19 de diciembre del 2023 -y recibió un documento del mismo tipo pero de carácter confidencial en septiembre del mismo- no fue hasta que el documento llegó a los parlamentarios de la comisión que indaga las irregularidades en la entrega de beneficios en la Cámara, que el Ejecutivo dio a conocer elementos clave de la trama.
Uno de ellos, es que el ministerio del Interior instruyó un sumario para dar con alguna responsabilidad sobre la falta de antecedentes que acreditarán las lesiones de las personas que postularon a una pensión de gracia, la que presumiblemente estarían en la comisión asesora sobre la concesión de estos beneficios.
También, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que el Presidente Gabriel Boric ordenó la primera de estas revocaciones para el caso de la persona que fue condenada por almacenar pornografía infantil el pasado viernes 19 de enero, antes de irse de vacaciones a Puyehue.
Pero por más aclaraciones que ha dado La Moneda, existe más de un cabo suelto por despejar respecto a cómo gestionó el Gobierno las irregularidades de las pensiones entregadas.
Fecha en que se enteró Boric
Exactamente un mes transcurrió desde que el Gobierno tuvo a la mano los antecedentes penales de los beneficiarios -con el informe que Contraloría remitió al ministerio del Interior el pasado 19 de diciembre- a la primera revocación de Boric, lo que abrió la duda sobre el momento en que el Presidente se entera del caso.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó un rezago en la revocación, explicando que antes de notificar al jefe de Estado, había que dar con la identidad del sujeto.
"El informe de la Contraloría habla de una serie de delitos pero no los vincula a un rut, o sea la Contraloría habla de determinados delitos que tendrían personas que recibieron pensiones de gracia, pero no los vincula a ninguna persona. En el informe no le van a decir que habla de pornografía infantil e identifica a la persona", señaló, apuntando que "por eso es que para actuar con certeza, se pide formalmente información a través de los extractos de filiación al Registro Civil"
A partir de ahí, indicó, "se le informa al Presidente y el Presidente tomó la decisión inmediata de revocar". Ahora bien, la autoridad no quiso especificar la fecha en que Boric fue informado y ese día corresponde al viernes en que ordena la revocación.
Criterio
Es esta revocación ordenada por el jefe de Estado la que abrió la duda respecto al criterio que irá aplicar para el resto de pensiones de gracia a retrotraer en el retorno de sus vacaciones.
De eso adelantó este viernes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al sostener que se considerarán antecedentes de delitos de alta connotación. "Esto es homicidio, tráfico, violencia intrafamiliar, que a lo mejor algunos tienen bajas penas, pero son de alta connotación y son graves", precisó.
En esa línea, advirtió que "lo que sí buscamos es excluir a aquellos, por ejemplo, con trauma ocular, personas que han quedado sin posibilidad de ver por violencia de agentes del Estado", añadió. "Evidentemente aquí hay criterios de inclusión para dejar sin efecto y hay criterios de exclusión para dejar sin efecto".
INDH
Otro asunto a aclarar por el Ejecutivo, es si es efectivo que no respondió el oficio que el Instituto de Derechos Humanos (INDH) remitió al Presidente Gabriel Boric en septiembre del 2022, advirtiendo que no tenía las capacidades para acreditar las violaciones de derechos humanos del estallido social.
Desde el organismo aseguran que el Mandatario no respondió la misiva, pero en La Moneda no han querido aclarar si es que el documento llegó efectivamente a las menos del Presidente.
"Por medio del presente tengo a bien informarle sobre la imposibilidad que asiste al Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) para efectuar la acreditación del padecimiento de 'menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo' en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia", se indica en el documento firmado por la titular de la entidad, Consuelo Contreras.
Lo anterior deja en jaque al Ejecutivo que ha defendido la idea de que la acreditación de las lesiones durante el estallido social era facultad del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
