El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la investigación penal que se realizará por el otorgamiento de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales graves.
Cabe recordar, que según un informe de Contraloría, 58 de las 419 personas que recibieron este beneficio, sostuvieron condenas por crímenes tales como estafa, tráfico, abuso sexual y homicidio, entre otros.
En marco de esta situación, el fiscal nacional, en una entrevista de Mesa Central, indicó que "
había merito para que iniciásemos de oficio una investigación porque habían antecedentes de hechos que
podrían corresponder caracteres de delito".
Además, Valencia no descartó ninguna posibilidad en los potenciales delitos que podrían salir de esta investigación, y agregó que "podría haber también por ejemplo fraude de suspensiones, personas que entregaron información falsa con el objeto de poder acceder a una de estas pensiones". Sin embargo, aseguró que todas estas son "hipótesis iniciales".
Por otro lado, el fiscal recalcó "puede haber una situación ilegal", pero que si así fuese el caso "no necesariamente constituye un delito, hay irregularidades de distinta naturaleza y de distinta gravedad".
Refiriéndose a quiénes se investigará entre los funcionarios públicos, o las personas que recibieron las pensiones de gracia, Valencia comentó que "los focos de la investigación
corresponderán al fiscal regional y a su equipo". Sin embargo, explicó que en este tipo de situaciones se suele empezar por los informes de Contraloría, los cuales según explicó "suelen centrarse en el actuar o en las acciones realizadas por los
funcionarios públicos".
Cuando se le preguntó por la posibilidad de que funcionarios de Gobierno quedasen como imputados, el fiscal no emitió afirmaciones especificas, pero dijo que al igual que cualquier investigación de este tipo "eso es posible que ocurra", y dijo que "cuando uno investiga delitos en los que participan empleados públicos, empleados públicos pueden terminar teniendo la calidad de imputados, sin que finalmente tengan la calidad de condenados".
Continuando con los posibles investigados y quienes serían responsables de lo sucedido, Valencia añadió que "podríamos llegar a hipótesis en las cuales son
los funcionarios públicos los que son merecedores de sanciones más graves que quienes no tienen esa calidad". Pero también recalcó en la posibilidad de que "
los empleados públicos hayan sido engañados".
Finalmente, en relación al oficio que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó al Gobierno advirtiendo que no podían acreditar las pensiones y que presuntamente no tuvo respuesta, el fiscal nacional concluyó diciendo que "va a ser la investigación la que establezca si fue respondido o no fue respondido", y por otro lado si estaba dentro de sus atribuciones que el organismo hiciese esta labor.
