Los diputados y jefes de bancada, Frank Sauerbaum (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli), Augustín Romero (Republicanos), además de Francesca Muñoz (Social Cristiano) y Joanna Ahumada (PDG-Demócratas e Independientes), enviaron una carta al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), manifestando la "más profunda preocupación por las reiteradas omisiones del Gobierno y sus funcionarios en relación a las obligaciones de información y veracidad respecto de esta Cámara de Diputados".
En el documento enviado, los jefes de bancada le hacen ver al presidente de la mesa "las inconsistencias en la entrega de información relacionada con el Caso Convenios y la negativa del jefe de asesores presidencial de comparecer ante la comisión especial investigadora constituida por nuestra Corporación fue una muestra inmejorable de la falta de disposición que ha mostrado el Gobierno por transparentar información y cumplir con sus obligaciones constitucionales con la Cámara de Diputados".
Lo mismo advierten que está sucediendo ante las pensiones de gracia mal otorgadas y reveladas por el impactante informe al respecto de la Contraloría General de la República. Sobre el tema, en la misiva al presidente de la Cámara le manifiestan que "queda en evidencia que el Gobierno, y particularmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública estaban al tanto de severas irregularidades -incluso muchas de ellas posiblemente constitutivas de delitos- directamente vinculadas con el mandato investigativo de la Comisión Especial Investigadora encargada de indagar el caso".
En el documento se especifica que al pedirle a la ministra del Interior, Carolina Tohá, "sobre la importancia de los antecedentes médicos al momento de conceder la pensión de gracia", si se hizo seguimiento y conocer sobre "cuántos beneficiarios de pensión de gracia tienen antecedentes penales", no hubo respuesta. Ni siquiera cuando se reiteró la solicitud de información.
A juicio de los legisladores, se agrava la falta de respuesta ya que "el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco de la auditoría de la Contraloría General de la República, estaba al tanto de las irregularidades y contaba con la información sistematizada, en tanto debió ser entregada al órgano contralor que el 21 de septiembre ya había evacuado un informe preliminar donde se hacían presente al Subsecretario del Interior todas las observaciones, muchas de las cuales aún siguen sin ser subsanadas".
Se suma a esto que durante la presencia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la Comisión de Desarrollo Social (15 de enero) oportunidad en que se discutían mociones refundidas que buscan regular la entrega de pensiones de gracia, y que "la materia objeto de la convocatoria estaba directamente relacionada con los resultados del informe final del órgano Contralor, decidió guardar silencio". Y la autoridad "nunca corrigió el número de sujetos con antecedentes penales, a pesar de contar con dicha información".
En la carta se le recuerda al presidente de la mesa, además, que las "obligaciones del Ejecutivo para con el Poder Legislativo (...) importan una piedra angular dentro del sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado y un presupuesto de existencia para las democracias modernas y el Estado de Derecho". Por lo tanto, aclaran que "no hay control de la acción del Gobierno si no hay acceso a la información oficial".
Finalmente, se le pide al presidente Ricardo Cifuentes, que "haga llegar a S.E. el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, nota formal donde se plasme nuestra molestia y preocupación por el incumplimiento de los deberes de información que le corresponden al Gobierno en relación con nuestras facultades fiscalizadores, haciendo presente al Jefe de Estado la complejidad que ello importa para los equilibrios que sostienen nuestra democracia representativa".
