Los imputados fueron formalizados.
Aton
La Policía de Investigaciones (PDI) informó que detuvo a una pareja de chilenos, ambos de 20 años,
por su presunta responsabilidad en un secuestro y un robo con violación perpetrados en la capital.
Para concretar los ilícitos, según la investigación de la policía civil, los imputados usaban un aparente taxi y t
ransitaban durante la madrugada por las cercanías de eventos, con el objetivo de recoger a sus víctimas. El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Metropolitana, señaló que los imputados fueron detenidos "por su responsabilidad como autores en el delito de secuestro, robo y robo con violación".
"Utilizaban un vehículo similar a un taxi, y circulaban por distintos puntos de la capital, específicamente el sector nororiente, posterior a la
finalización de distintos eventos, alrededor de las 6 de la mañana", detalló el subprefecto.
Uno de los casos de la investigación ocurrió
el 28 de enero pasado en la comuna de Huechuraba.
Al respecto, Barrientos afirmó que "abordan a una pasajera que salía desde un evento en Espacio Riesco, a quien la trasladan, conforme a sus indicaciones, hasta su domicilio. Sin embargo,
estos sujetos cambian el rumbo hasta otro sector, donde la intimidan con armas de fuego y es obligada a entregar todas sus especies de valor, de igual forma hacen uso de sus tarjetas de crédito en distintos cajeros automáticos de ese sector nororiente".
Luego la víctima fue abandona y
denunció los hechos, por lo que se inició la investigación de la causa.
No obstante, también existe otra investigación de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI que involucra a uno de los capturados. Si bien la investigación está en desarrollo,
desde la policía civil indicaron que el hombre y el vehículo utilizado, estarían vinculados al delito de robo con violación.
La fiscal Laura Cruz, de la fiscalía Regional Centro Norte, sostuvo que el hombre fue formalizado por ambos delitos, mientras que la mujer solo por el hecho ocurrido en noviembre. Ambos imputados quedaron bajo la medida de presión preventiva. El tribunal estableció un plazo investigativo de 90 días.
