Controversia generó la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago,
Daniel Urrutia, quien el pasado 25 de enero autorizó que cuatro reos del
Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) puedan realizar videollamadas.
Según informó Meganoticias, la resolución activó la alerta en Gendarmería, institución que advirtió que dicho beneficio "pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada".
Esto, producto del alto grado de peligrosidad de los reclusos de dicho centro, muchos de ellos vinculados al crimen organizado y a delitos violentos.
Asimismo, Gendarmería cuestionó otra resolución del magistrado Urrutia, quien ordenó a la institución penitenciaria concretar la realización de una visita íntima al reo Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana, condenado a quince años de cárcel por narcotráfico, pese a no existir dependencias para ese tipo de encuentros en el REPAS.
La decisión del juez no sólo fue criticada por Gendarmería, sino que también generó rechazo en el mundo político. Por ejemplo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfatizó en su cuenta de X que "estamos invirtiendo más de $2 mil millones en seguridad carcelaria. Estas decisiones dinamitan el esfuerzo conjunto que estamos realizando con el Gobierno y ponen en riesgo la seguridad de Gendarmería para combatir el crimen organizado".
Corte suspende beneficio
A fin de revertir la decisión del 7° Juzgado, Gendarmería ingresó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual fue acogida por el tribunal de alzada, suspendiendo los beneficios hasta no resolver respecto del fondo del asunto.
Sobre este tema, la institución penitenciaria señaló en un comunicado que "más allá de lo que se determine a nivel judicial, es importante comprender que los internos en cuestión se encuentran recluidos bajo un régimen diferenciado de seguridad, ya que pertenecen a bandas criminales organizadas y poseen un alto compromiso delictual, de acuerdo a la clasificación que hace Gendarmería".
"En ese contexto, el acceso a videollamadas con terceras personas, puede comprometer gravemente las condiciones de seguridad del establecimiento, así como del personal de Gendarmería y de la población bajo custodia institucional", complementó.
Puntualizó que "en esa misma lógica se entiende lo referido a la visita íntima. El REPAS no tiene instalaciones destinadas a esos fines, ya que todas las visitas en ese recinto se realizan a través de locutorios".
"Este tipo de medidas son fundamentales en el ámbito penitenciario para un control efectivo de los establecimientos, en particular en lo que respecta a internos pertenecientes a bandas de crimen organizado", acotó Gendarmería en su escrito.
