El REPAS fue reabierto durante marzo.
Aton
El Gobierno rechazó la autorización del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago,
Daniel Urrutia, quien autorizó el 25 de enero recién pasado, la realización de videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
El REPAS, que alberga a parte de los reos más peligrosos del país y que tiene capacidad para 296 personas -distribuidos en secciones de alta y máxima seguridad-, fue reabierto durante marzo del año pasado en una ceremonia que estuvo encabezada por el Presidente Gabriel Boric y otras autoridades del país.
Esto, tras la remodelación, que tuvo una inversión de $3.756 millones y que fue parte del plan de infraestructura penitenciaria, relacionado con el fortalecimiento del Plan contra el Crimen Organizado. Se renovó el equipamiento médico; se realizaron mantenciones en sistemas de suministros (eléctrico, gas y agua potable) y en la central de alimentos del recinto; y se implementó más luminaria en celdas y pasillos.
En cuanto a seguridad y tecnovigilancia, las cámaras aumentaron en 65% (de 234 a 387) incorporando cámaras térmicas y un nuevo sistema de escaneo corporal. Junto a esto, se instaló un sistema anti dron automatizado, el primero en su tipo de América Latina, que permite detectar drones que sobrevuelen, sin autorización, el espacio aéreo de la unidad.
En esa oportunidad, el ministro de Justicia, Luis Cordero, comentó sobre la reposición que "está especialmente focalizado para el crimen organizado y para aquellas personas con alta compromiso criminal. Y es que está dentro del Plan de Infraestructura Penitenciaria y también dentro de aquel que está vinculado al fortalecimiento del Plan contra el Crimen organizado".
Autorización
Según un reportaje de Meganoticias, la autorización provocó gran preocupación en Gendarmería, que advirtió que esto "pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada".
Pese a esta situación, Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución a recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante un recurso en el cual alertan sobre la gravedad de la decisión.
"Considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial en comento, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados", señala el documento consignado por el medio citado.
En esta línea, argumentan que el hecho que las personas encarceladas puedan comunicarse libremente con terceros, es "particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración".
Finalemente, el tribunal de alzada dio una orden de no innovar, suspendiendo la resolución del juez Urrutia. El 13 de febrero, el tribunal de garantía entregó un plazo máximo de dos días para que se remita un informe con los detalles de la decisión.
