Controversia es lo que, al menos, generó la decisión del juez de garantía
Daniel Urrutia,
de autorizar videollamadas para reos de alta peligrosidad, determinación que se conoció en medio de la crisis de seguridad que afecta al país.
Y es que, a ojos de otros magistrados, parlamentarios y del mismo Gobierno, es algo "inexplicable" lo que resolvió, incluso, conociendo sus argumentos, los que presentó a través de un informe el viernes.
Urrutia citó normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras para fundamentar su resolución, que "recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares".
El texto agrega que "el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes. Que lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento".
Además, expone que "analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones". Y recuerda, todos son imputados, por lo que deben "ser tratados de acuerdo al principio de inocencia".
"Los fundamentos, a mi juicio, son más inexplicables que esta resolución, toda vez que él cita algunas normas internacionales, pero dichas normas no están contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y, por tanto, no son ley de la República. Recordemos que un juez, para justificar y fundamentar su resolución, debe invocar la ley y aquí, como dije, estamos hablando de normas que no son ley de la República. Incluso, es más, a fines del año pasado se aprobó en Chile una ley que prohíbe a los internos tener y usar celulares dentro de cualquier recinto penitenciario del país, lo cual hace más inexplicable la resolución del juez Urrutia", dijo el diputado Gustavo Benavente (UDI) al respecto.
El parlamentario Miguel Ángel Calisto (Demócrata), en tanto, señaló que "si bien existe la separación de poderes, resulta incomprensible que el Estado tenga dos mensajes para los delincuentes y el narcotráfico, por un lado busca perseguirlos y sancionarlos, mientras que por otro lado pretende beneficiarlo. Hoy nuestro ordenamiento jurídico consagra la restricción de libertades según el delito o la peligrosidad del imputado. Hoy se les está regalando en bandeja que sigan operando y organizándose desde la cárcel".
Desde el Partido Socialista (PS), el diputado Marcos Ilabaca se unió a dichas manifestaciones indicando que "lo que ha sucedido con este juez de garantía es escandaloso y grave. No podemos permitir que este tipo de acciones suceda. El combate al narcotráfico y al crimen organizado debe ser total y todos los poderes del Estado deben encontrarse en una línea para poder desarrollar este tipo de acciones. Yo espero que la Corte de Apelaciones logre revocar esta decisión, que la encuentro errada. Revisaremos la normativa que existe actualmente para poder restringir este tipo de situaciones. Al crimen organizado no se le entrega ningún milímetro. Por lo mismo, creo que es absolutamente un error lo fallado por este tribunal".
"El comportamiento del juez Urrutia no es algo nuevo. Es el mismo que en el pasado dejó libres a delincuentes del estallido y además ha insultado en reiteradas ocasiones a nuestras policías. Es fiel representante de la ideología octubrista y por lo mismo la Corte Suprema debiese hacerse cargo y removerlo de la judicatura, o al menos del conocimiento de causas penales. Hoy la ciudadanía reclama mano dura y seguridad y el juez Urrutia, y todos los jueces que piensan como él, son una amenaza a esa demanda", agregó por su parte, el diputado Luis Sánchez (Republicano).
Previo a la declaración de congresistas, se manifestó el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, desestimando también los argumentos de Urrutia.
En conversación con CHV Noticias la autoridad sostuvo que "aquellos aspectos que señala el juez Urrutia pueden ser relevantes en personas que se encuentran imputadas o que están condenadas por delitos que son comunes, por delitos que eventualmente implican que estas personas tengan alta, mediana o bajo compromiso delictual, pero no respecto a las personas más peligrosas que tenemos dentro de nuestro país, que están cometiendo crímenes que tienen un impacto muy importante, pero que además han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país y han puesto en riesgo la seguridad del país vecino".
"No estamos hablando de personas que sus crímenes sean delitos comunes, sino que son crímenes organizados, son crímenes que ponen en riesgo la seguridad del país y que, por lo mismo, se requiere un régimen especial para mantener a estas personas aisladas del resto de la población penal", sentenció.
Anteriormente, el Gobierno se había referido a este tema a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien aseguró que "consideramos que este es un hecho grave. Por supuesto, estamos en contra y el ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza".
"Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete el delito de secuestro, crimen organizado que comete delitos de homicidio, crimen organizado que comete delitos de trata de persona, es que sus líderes, los líderes que están detenidos, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización. Por eso es que esas personas están en módulos de alta o de máxima seguridad", añadió
Monsalve reforzó su idea aseverando que "evidentemente, ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo sentido si que finalmente un juez los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o incluso con, eventualmente, integrantes de la propia organización criminal".
En tanto, la Fiscalía Nacional también se pronunció. En concreto, y a través de una declaración, el Ministerio Público señaló que el organismo "ha estado en constante coordinación con Gendarmería de Chile, revisando tanto la apelación como el recurso de hecho, esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión del juez de garantía, señor Daniel Urrutia". "Estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados", cerraron.
Dos ex directores de Gendarmería no se quedaron fuera y también abordaron la polémica. Cabe mencionar que la institución se dirigió a la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 2 de febrero solicitando que se decretara una orden de no innovar, es decir, que la decisión del magistrado quedara paralizada, lo que fue concedido el día 6-.
El ex director de Gendarmería, Christian Alveal, reveló a Emol que la resolución es peligrosa y una "alarma roja para el Estado en general, por la sencilla razón de no entender que el Estado -los tres poderes- tienen que adecuarse a esta nueva amenaza: el crimen organizado".
En cuanto al debate sobre los derechos humanos, expresó que "hoy existe un conflicto entre lo que es la interpretación de algunas personas sobre estos, respecto a tener las mínimas condiciones para hacerse cargo de perfiles criminales altamente complejos".
En tanto, Claudio Martínez, también ex director de la institución, expresó que la decisión "atenta derechamente contra la política criminal que tiene Gendarmería de alta seguridad", asegurando que la cárcel fue diseñada exactamente para lo que hoy en día se autorizó: evitar la comunicación de los presos.
Si bien en su origen, "la cárcel fue diseñada para un grupo calificado como terrorista, hoy ha sido reemplazado por lo que se llama el crimen organizado, de modo que esta decisión es una aberración", sostuvo.
Quien también se sumó fue el presidente de la Asociación de Magistrados, Alejandro Vera. En diálogo con Radio ADN durante la semana, expuso que "si son personas de alta peligrosidad, que además tienen condiciones de aislamiento, obviamente no se puede decretar este tipo de medidas".
De manera adicional, comentó que Urrutia "no pertenece a nuestra asociación. Él se retiró voluntariamente" y que "esperamos que se esclarezca esta situación por el bien y la seguridad de todos".
Según constató El Mercurio, los reos beneficiados están siendo investigados por delitos graves, la mayoría asociados al Tren de Aragua. Asimismo, en el listado se encuentran los imputados por el crimen del cabo de Carabineros Daniel Palma ocurrido el 2023.
Ahora, en cuanto a lo que viene, el medio exhibió que probablemente mañana la causa pase a manos de un relator (un funcionario que debe estudiar y luego contar a la sala cuál es el asunto en discusión), luego el tribunal de alzada tendría que revisar los antecedentes expuestos por cada parte involucrada y, finalmente, la sala resolvería el "fondo" de la causa, si confirma la decisión del juez Urrutia o si la revierte.
