Cerca de dos horas y media y alrededor de una hora y 40 minutos declararon ayer el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, respectivamente, en el marco del caso Convenios y, en particular, por la arista de Democracia Viva, donde se indaga fraude al fisco, entre otros delitos.
Crispi y Jackson, ambos militantes de Revolución Democrática (RD), son las primeras figuras del Frente Amplio (FA) en ser interrogadas en calidad de imputados en el proceso que dirige la Fiscalía de Antofagasta.
Los dos llegaron hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional, ubicada en calle Catedral, en el centro de Santiago, en automóviles y acompañados de sus abogados: Crispi con Guillermo Chahuán y Jackson con
Miguel Schürmann. Ninguno de los dos frenteamplistas habló tras las diligencias, que estuvieron marcadas por la aglomeración de medios de comunicación.
Estaba decidido hace algunos meses por el Ministerio Público que las declaraciones —llevadas a cabo por el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios y el persecutor Cristián Aguilar, a cargo de la indagatoria, además del director de la Unidad de Anticorrupción, Eugenio Campos— se materializarían, pero era, además, una de las diligencias solicitadas por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval.
Estos últimos en una ampliación de su querella original pedían, entre otras cosas, que se investigara una eventual falta de control en el traspaso de fondos a las fundaciones, tema que, según quienes conocen la causa, habría sido abordado por el sociólogo y el ingeniero civil industrial.
"Rumor"
En el caso de Crispi, la acción judicial apunta a que el sociólogo —quien hasta septiembre de 2022 ejerció como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere)— en junio de ese año validó un convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación ProCultura para pintura "a $262.083 por metro cuadrado" para la recuperación de fachadas de la zona de conservación histórica. La suma fue denunciada como excesiva en la causa.
Desde el entorno de Crispi apuntan a que se trató solo de una gestión administrativa.
Sobre este punto, el abogado de Jackson, Miguel Schürmann, indicó que la querella de los republicanos se plantea "básicamente bajo una tesis de que habría algún tipo de concierto en la rebaja de controles de auditoría interna del Gobierno, y (que) en eso de alguna forma tendría vinculación el señor Jackson, lo que obviamente no es efectivo y fue parte de la respuesta que le entregó hoy día ante el Ministerio Público".
De acuerdo con conocedores del caso, a ambos imputados se les consultó cuándo se enteraron del caso Democracia Viva, pues otra de las aristas es la eventual omisión de denuncia.
Jackson, según informó Schurmann, respondió a la fiscalía que supo a través del reportaje del medio antofagastino Timeline publicado en junio pasado, mientras que el abogado de Crispi indicó en un comunicado que su representado "reiteró lo que había señalado en la Cámara de Diputadas y Diputados en noviembre de 2023, despejando cualquier duda respecto de su intervención y conocimiento sobre los hechos investigados".
Durante esa intervención del año pasado, explicó que "como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio" y que dio aviso a la entonces subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD), algo que "no fue por escrito. Le dije que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar", afirmó.
Relación familiar
La declaración de Crispi fue más extensa que la de Jackson y la razón sería, según los que conocieron la diligencia, que, si bien al parecer no hubo preguntas relacionadas a la declaración del exseremi de Vivienda Carlos Contreras, actualmente formalizado por fraude al fisco en la arista de Democracia Viva, sí se le preguntó por la relación laboral entre él y la arquitecta Verónica Serrano, que es su tía y fue jefa del Programa de Asentamientos Precarios entre julio y diciembre de 2022.
Esto, porque Crispi fue subsecretario de Desarrollo Regional hasta el 8 de septiembre de ese año. El jefe de asesores habría indicado a los persecutores que no habló temas laborales con su familiar en esas fechas y menos hubo menciones a los ahora cuestionados convenios.
Una de las tesis que ha planteado Contreras en su defensa es que los convenios se realizaron debido a una presión ejercida por diversos funcionarios, apuntando principalmente a Serrano, quien, de acuerdo a Transparencia Activa, a enero de este año aparecía como funcionaria de la Subdere en la Región Metropolitana.
