Un fuerte debate generó la designación que hizo el
Presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Justicia,
Luis Cordero, de los
abogados integrantes, a raíz de la cercanía política que tienen con el Mandatario, como por
sus opiniones a favor del estallido o a favor del cambio constitucional.
Se trata de abogados que cada año designa el Ministerio de Justicia para todo el país (95 para 17 cortes de apelaciones), y cada tres años, se eligen a 12 profesionales para cumplir esa misma función en la Corte Suprema. Su existencia permite
completar las salas ante la ausencia o inhabilidad de alguno de sus miembros titulares.
En la última designación, según dio a conocer El Mercurio, se sumó, por ejemplo, el abogado integrante de la Corte de Punta Arenas, Carlos Alberto Abarzúa, cuestionado porque fue candidato a la Convención Constitucional por la lista Apruebo Dignidad durante el primer proceso de cambio constitucional, en un cupo de Convergencia Social -el partido del Presidente Boric-, y que antes se desempeñó como seremi del Trabajo en el Gobierno de Michelle Bachelet.
En tanto, uno de los nombres que ha generado mayor polémica ha sido el del abogado integrante de la Corte de San Miguel, Fernando Monsalve (PC), quien patrocinó varias causas contra el ex Presidente Sebastián Piñera.
Cordero: "Es una institución que uno debe suprimir"
En conversación con
EmolTV, el ministro Cordero recordó que los abogados integrantes son parte de una institución que está hace muchas décadas en Chile, e incluso mencionó que "no conozco ningún proceso de nombramiento de abogados integrantes donde no aparezca una crítica, pero hay un acuerdo entre los especialistas, una opinión que yo tengo de antes de que fuera ministro,
que es una institución que uno debe suprimir".
"
En general, lo que uno debe buscar es un Poder Judicial con jueces de carrera, de ingreso profesional. Los abogados integrantes son abogados, como exige la ley, deben ser de reconocida competencia profesional y académica, tiene un mecanismo para su nombramiento en que las cortes de apelaciones conforman ternas, y a partir de cada una de ellas elige un nombre de cada terna el Ejecutivo. En el caso de las cortes de apelaciones se hace todos los años, en el caso de la Corte Suprema cada tres", explicó.
"Pero son personas, abogados y abogadas, que se desempeñan desde su ejercicio profesional. No son jueces de dedicación exclusiva y eso, por cierto, durante largo tiempo ha implicado una crítica. Por eso siempre ha existido esta figura y la propuesta de ministros suplentes", precisó, señalando que, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, se suprimió la figura de los abogados integrantes, y se creó la figura de ministros suplentes.
Cordero recordó que en 1997 se hizo una reforma a la Corte Suprema, que tenía como fin suprimir los abogados integrantes. "Cuando uno revisa la historia de la reforma constitucional, era bueno, con esto comenzamos el inicio de la supresión de los abogados integrantes, eso no pasó", comentó al respecto.
Asimismo, precisó que parte del problema que hoy existe, es que "tenemos a la Corte Suprema y en algún sentido a las cortes de apelaciones, también a cargo de funciones de gobierno, judicial o administrativa. Entonces distraemos mucha atención de los jueces y juezas de la Suprema y de las cortes de apelaciones, en funciones que son estrictamente administrativa, y muchas veces en que están ausentes, es porque están cumpliendo esas labores y no las jurisdiccionales".
"Institución obsoleta"
En conversación con Emol, parlamentarios integrantes de la Comisión de Constitución del Senado y la Cámara, se mostraron dispuestos a respaldar una modificación o derechamente eliminar la institución de los abogados integrantes. Algunos, incluso acusaron de que se trata de un cargo que permite el "activismo judicial".
La diputada RN, Camila Flores, planteó sobre este tema que, a su juicio, en este Gobierno, la designación de cargos que son de importancia para el país, como lo es la Corte Suprema, "siempre ha estado marcada por la ideologización y por optar por personas que tengan cercanía con la izquierda, más que por sus capacidades o aptitudes para ostentar dichos cargos".
"En casos como los del juez Daniel Urrutia hemos visto lo peligroso que es para la sociedad tener en esos puestos a personas fuertemente ideologizadas, que no velan por impartir justicia, sino que por sus propios intereses personales.
Espero que se pueda modificar la forma en la que actualmente se designan a los abogados que integran la Corte Suprema, y también otros cargos, de manera que no sean de designación del Presidente, sino que puedan pasar por un filtro mayor que garantice que esa persona tiene los requisitos para desempeñarlo", precisó.
Desde Republicanos, el diputado Luis Sánchez fue más duro en sus cuestionamientos, y criticó que "sin duda las decisiones del Presidente dañan la institución de los abogados integrantes, que ha sido un aporte a la administración de la justicia en el pasado".
"Usar este puesto para darle trabajo a activistas amigos es impresentable y atenta además contra la independencia política que debe tener el poder judicial. Estos nombramientos profundizan la crisis del activismo judicial y probablemente serán causa de nuevas críticas a la justicia", cuestionó.
Para el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), los abogados en cuestión "debiesen inhabilitarse según los mecanismos que establezca la ley en materias donde exista conflicto, ahora, entendiendo que es una facultad discrecional del Presidente de la República lo respeto, pero efectivamente estoy disponible a revisarlo, más aun cuando el propio ministro lo señala".
"Lo importante es asegurar que pese a las opiniones personales que tenga cada uno, deben ser responsable con su historia y carrera profesional. Además quienes integren deben ser competentes por sus capacidades y no por la influencia política de un determinado gobierno", zanjó.
Su compañero de tienda, senador Francisco Huenchumilla, comentó que "los abogados integrantes son una institución obsoleta que responde a tiempos pasados y que debería ser eliminada; ahora, todos los gobiernos la han usado y reparten favores o gestos políticos de distintos tipos, claramente de grupos elitistas conectados con el poder".
