Múltiples hechos delictuales e incivilidades son parte de las problemáticas que trae consigo la toma de Maipú, donde fue hallado el cuerpo del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, luego de 9 días desaparecido producto de su secuestro.
El lugar, ubicado específicamente en camino a Melipilla, comenzó con sus instalaciones en 2018, para tener un peak de llegada de personas durante el 2020, es decir, en pandemia. Sus habitantes son principalmente de origen haitiano y venezolano, y según catastro del municipio, hoy viven cerca de 600 familias.
Este fin de semana, el acalde Tomás Vodanovic (RD) comentó a Emol que cada vez que se han hecho intervenciones para desalojar viviendas, los equipos municipales han sido agredidos. Por eso, ante el caso de Ojeda, se agudiza la necesidad de desalojar este sector y para ello, comentó, se necesita "un esfuerzo del Estado en su conjunto".
"Reiteramos nuestro llamado a coordinar acciones para la erradicación de esta toma ilegal, que es foco de violencia y delitos desde hace varios años. Este lunes me reuniré con la delegación presidencial para buscar acciones en esa línea. El Estado debe responder con acciones más que con palabras", expresó.
Autoridades en línea con la erradicación
Este lunes, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo estar en línea con lo expresado por Vodanovic. A través de su cuenta de X, sostuvo estar "cien por ciento de acuerdo con el alcalde. Hay que terminar con esa toma en Maipú y también la de Cerrillos. Ambas se han transformado en fuente de inseguridad y graves delitos".
"Son casos muy complejos que no tienen soluciones mágicas, pero estamos decididos a poder dar una respuesta estatal contundente, de forma que no sean problemas que se arrastren a otros lugares de la región. Queremos intervenir, porque creemos que le corresponde al Estado hacerlo".
Constanza Martínez, delegada presidencial RM
Por su parte, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, confirmó esta tarde que se reunirá con el alcalde Vodanovic para evaluar la erradicación del campamento en cuestión, expresó a Tele 13 la intención de avanzar en esta materia, aunque también las dificultades asociadas.
"Hoy día tenemos en reunión con el alcade, hay temas complejos que se arrastran hace cinco, siete o 10 años, sobre todo con la crisis habitacional que vivimos, y hay tipos de campamentos que son distintos a lo que habitualmente estamos acostumbrados, este campamento queda debajo de una autopista y otros campamentos que están sobre rellenos sanitarios", contextualizó Martínez.
En esa línea, precisó que "son casos muy complejos que no tienen soluciones mágicas, pero estamos decididos a poder dar una respuesta estatal contundente, de forma que no sean problemas que se arrastren a otros lugares de la región. Queremos intervenir, porque creemos que le corresponde al Estado hacerlo".
Cómo erradicar la toma
Los expertos consultados coinciden en que erradicar la toma, a través de un proceso de desalojo, es un proceso extremadamente complejo. Algunos plantean que incluso, las intervenciones, de no hacerse de manera coordinada y utilizando distintas herramientas por parte de entidades intervinientes, no tendrán buenos resultados.
Iván Poduje, arquitecto y director de Atisba, parte de la base de que los campamentos están fuera del radar del Estado. "Son asentamientos informales o ilegales por definición, lo que implica que tienen estructuras jerárquicas que son distintas y que toman decisiones que inciden sobre el resto". Esto, considerando que post pandemia, crecieron estos asentamientos con mucha población migrante.
"Para erradicar un campamento de este tamaño, debes tener un terreno para localizarlo. Pero tienes una larga lista de familias esperando. Entonces no es llegar y moverlos a otra zona de Maipú, saltándote la fila de las familias que han cumplido con todas las reglas", comenta.
El urbanista Uwe Rohwedder, de la Universidad Central, plantea que las tomas existen por inexistencia de políticas publicas coherentes y realistas respecto al grave problema de déficit habitacional que el país arrastra por décadas.
En el caso de la toma de Maipú, coincide en que "se debe desalojar y reubicar", pero también plantea que se debería, vía seccional, ver la posibilidad de transformar o regenerar el lugar, dándole una estructura de calles, espacios verdes, equipamiento para conformar un barrio con consideraciones de seguridad entre otros".
"Una operación de este tipo sólo es posible si el lugar no esta sujeto a riesgos en general y reúna las condiciones para urbanizarlo, porque son proyectos de largo plazo y siempre se debe acordar con quien es el propietario", cerró.
"La criminalidad se va a trasladar a otro lugar"
Desde la dimensión de la seguridad, Juan Castañeda, Cientista Político y Doctor en Sociología de la U. Autónoma, quien además es experto en criminalística, expone las dificultades con las que se enfrentarán las autoridades para un desalojo de una toma como la de Maipú.
"Se puede hacer una intervención en la toma de Maipú, pero esto no es muy eficaz desde la mirada de seguridad, porque el fenómeno criminógeno que allí hay, simplemente se va a trasladar a otro lugar", sentencia. "Si un líder de una banda u organización criminal ve que están haciendo intervenciones, se va a trasladar", remarca.
"Se puede hacer una intervención en la toma de Maipú, pero esto no es muy eficaz desde la mirada de seguridad, porque el fenómeno criminógeno que allí hay, simplemente se va a trasladar a otro lugar".
Juan Castañeda, cientista político U. Autnónoma
Asimismo, comenta que el desalojo siempre conlleva un costo asociado muy alto, "y en el contexto de la necesidad de vivienda que hay en Chile, la erradicación no es fácil, es un proceso que demora".
Lo que se hace habitualmente, a nivel mundial, son las redadas, es decir "las intervenciones policiales, como lo que vimos con los toldos azules en Meiggs, pero frente a esto, la delincuencia también evalúa si estos procesos se están repitiendo, se van hacia otros territorios", precisó.
Con todo, dice que es clave que las acciones que se hagan tengan un enfoque integral; por ejemplo, "que una acción contribuya a enfrentar el crimen organizado, pero otra acción debe ir en la línea de otorgar a las personas el acceso a ciertos servicios fundamentales, incluyendo que los niños vayan al colegio o que las personas tengan acceso a empleo formal".
