Extremas medidas de seguridad ha tomado el Poder Judicial ante el próximo desarrollo del
juicio oral contra Los Gallegos, célula de la organización criminal Tren de Aragua que hace cerca de tres años opera en Chile.
Las precauciones han considerado incluso el traslado del juicio oral a Santiago,y proteger los datos de los jueces que participarán del proceso, debido a la alta peligrosidad de esta organización transnacional, dedicada al secuestro extorsivo, trata de personas, explotación sexual, tráfico de drogas, y homicidios, entre otros crímenes.
En total
son 38 miembros de Los Gallegos que la Fiscalía llevará a juicio oral, solicitando para 11 de ellos penas de presidio perpetuo, además de otras penas que suman más de 200 años de presidio para los restantes. En tanto, a mediados de enero, el Ministerio Público logró condenar en juicios abreviados a otros seis acusados en esta investigación, por delitos de trata de personas, entre otros ilícitos.
Fue en septiembre del año pasado cuando el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, transparentó que se estaba evaluando la posibilidad de trasladar el juicio oral a Santiago, aludiendo a la falta de medios físicos y técnicos para hacerlo en la ciudad de Arica.
Así, reveló que en diversas conversaciones que había sostenido con el Poder Judicial de Arica, se evaluaban distintas opciones: "una de ellas sería trasladar la realización del juicio derechamente a Santiago, al Centro de Justicia, que reúne todas las condiciones de seguridad, pero es un tema que efectivamente hay que analizar bien del punto de vista legal y constitucional también", dijo a Radio Cooperativa.
Según constató Emol, finalmente la Corte de Apelaciones de Arica determinó que el juicio oral se realizará en esa ciudad, no obstante, aún no está clara la modalidad, es decir, si será telemática o presencial, considerando la gran cantidad de acusados y su alto nivel de peligrosidad.
Una opción que se baraja es que sea de modalidad mixta, puesto que varios de los acusados están distribuidos en distintos recintos penitenciarios del país, y deben ser trasladados a Arica durante los meses que dure el juicio. En tanto, la fecha tentativa para que éste inicie, sería cerca a la tercera semana de abril.
Otra de las cautelas en el proceso fueron las presentaciones de los medios de prueba reunidos en la investigación de la Fiscalía ante el Juzgado de Garantía de Arica -en el marco del inicio de la audiencia de preparación de juicio oral-, las que se desarrollaron hasta el pasado 19 de febrero bajo estrictas medidas de seguridad.
"Luego de diversas postergaciones finalmente se dio inicio a la preparación de juicio oral, que corresponde a una etapa procesal relevante ya que es el filtro previo al juicio oral; es decir todos los intervinientes presentan sus pruebas y es el tribunal de Garantía el que determina qué pruebas finalmente serán rendidas y valoradas en el juicio oral respectivo", explicó a mediados de enero el fiscal regional, Mario Carrera.
Reserva de identidad de los jueces
Esta semana, el pleno de la Corte Suprema resolvió "como medida preventiva, excepcional y temporal" reservar la identidad de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y de los ministros de la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción, que participarán del proceso en cuestión, suprimiendo así sus datos del sitio web institucional.
La disposición,
solicitada por el tribunal de alzada ariqueño el pasado 23 de febrero, "atiende a la complejidad del caso y sus particulares características, siendo adoptada con el objeto de resguardar todas las condiciones necesarias para la independencia interna y externa de los magistrados que deben intervenir en el juicio", señalaron desde el Poder Judicial.
Añadieron que la información que transitoriamente se ordena suprimir, no afecta las garantías procesales del Ministerio Público, defensas y querellantes, quienes conocerán de los antecedentes del proceso en su condición de intervinientes, pues sólo será reservada para los usuarios que visiten el sitio web institucional.
Según consigna El Mercurio, también se acordó oficiar a Carabineros y a la PDI para que adopten las medidas tendientes a salvaguardar la seguridad de los ministros.
En tanto, desde la Corte de Arica, su presidenta, Juan Ríos, sostuvo que "no hay miedo en los jueces de esta jurisdicción, el temor que fue manifestado a la Corte Suprema es respecto al resguardo de los familiares cercanos a los jueces, cuyos datos se pueden extraer de la página web del Poder Judicial, que está a disposición de todo el público".
La investigación
La acusación incluye 22 hechos delictivos en que los acusados tuvieron distintos grados de participación. Así, entre otros delitos se les atribuye siete homicidios (seis de ellos calificados) registrados durante el año 2022, en tres de los cuales enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño.
Dentro de la prueba de la Fiscalía se cuentan peritajes de armas de fuego y peritajes contables de 12 cuadernos incautados en los que se controlaban las finanzas de la agrupación criminal. Se suman más de 60 informes policiales, la mayoría de ellos que corresponden al análisis de más de 140 teléfonos intervenidos.
La indagatoria fue trabajada junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, y se inició en enero de 2022 incluyendo tres grandes procedimientos y operativos en Cerro Chuño.
