La mañana de este viernes se conoció el allanamiento a la casa y oficina del
director general de la PDI, Sergio Muñoz, por orden de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el marco del llamado caso Audio.
Dicho caso se dio a conocer en noviembre del año pasado, luego que el medio Ciper revelara el registro -que data de mediados de 2023- entre el empresario Daniel Sauer con los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. En él, los involucrados apuntaban a presuntos pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), presuntamente, con el fin de obtener información privilegiada.
Pero con el avance de las horas, se comenzaron a conocer las causas por las que Muñoz estaría involucrado en la polémica y que habrían motivado la solicitud de su formalización para el martes 19 de marzo.
Pero este no es el único hecho judicial que involucra a un líder de la policía. El 3 de enero de este año, la Fiscalía Centro Norte solicitó formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad en el delito de omisión en medio del denominado estallido social, momento en el que ejercía como director Nacional de Orden y Seguridad.
Así las cosas, ambos generales directores se enfrentan hoy a un escenario complejo, que no sólo los afecta en materia judicial, sino que abre flancos en la credibilidad y reputación de las instituciones, siendo sus máximos líderes quienes se ven en jaque. Todo esto, en medio de la crisis de seguridad que afecta al país, con la arremetida del crimen organizado.
En el caso de Yáñez, el Gobierno entregó todo su respaldo a la institución y afirmó que su situación no obstaculizó su relación con ésta, aunque intentó mantener cautela en sus dichos. En cuanto a Muñoz, hoy la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que espera que "esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad y en definitiva no termine perjudicando a las personas".
Próxima formalización de Muñoz
Sergio Muñoz asumió en junio de 2021, tras ser nombrado por el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, en reemplazo de su predecesor, Héctor Espinosa, quien afrentaba una polémica investigación por delito de fraude al fisco, uso de gastos reservados y lavado de dinero.
El 13 de octubre, el entonces ex director de la PDI, fue formalizado por recibir fondos desviados por 146 millones de pesos, tanto a su cuenta bancaria como a su esposa, quien también fue formalizada.
Este dato es clave para comprender por qué hoy Muñoz enfrentará una formalización, puesto que la orden de allanamiento en su contra apunta a que el general director de la PDI habría entregado información relacionada a la causa de su predecesor al abogado Luis Hermosilla. Al menos a esa convicción llegó el Ministerio Público y Carabineros.
Y es que Hermosilla, hasta antes de abrirse la indagatoria por el caso Audio, defendía a Espinosa en el proceso en su contra. Y los datos sobre la supuesta filtración provendrían del teléfono que le fue incautado a Hermosilla –y que fue periciado por los investigadores- justamente en el caso Audio.
Por eso, se le imputará a Muñoz dos delitos: el primero, se refiere "al que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo", y el segundo, establece sanción al "empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente".
Caso Yáñez
El 2 de enero, la Fiscalía Centro Norte presentó una solicitud de formalización contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad en el delito de omisión en medio del denominado estallido social, momento en el que ejercía como director Nacional de Orden y Seguridad.
Además, se conoció que Yáñez había enarbolado una solicitud de inhabilidad contra los fiscales
Xavier Armendáriz y Ximena Chong, quienes lideran la investigación por apremios ilegítimos registrados durante el estallido social- al acusar a ambos de "odio y resentimiento" contra la institución y su titular.
Ese mismo día Yáñez citó a los 41 generales a una reunión a través de una videoconferencia para explicar su escenario judicial, instancia en la que afirmó que "voy a seguir trabajando hasta que las condiciones así lo permitan y poniendo siempre por delante nuestra institución". Esto, considerando que su periodo como titular de Carabineros termina el próximo 14 de noviembre.
Frente a estos hechos, el Gobierno optó por la cautela, apuntando a que se trataba de una investigación de carácter secreta, aunque días más tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que "el Gobierno de Chile no solo apoya y valora el rol de Carabineros, lo considera fundamental, pero también considera fundamental la labor de la justicia".
La audiencia de formalización de Yáñez está fijada para el próximo 7 de mayo, en dependencias del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, e incluye citación a Mario Rozas y Sergio Olate.
