El caso que se lleva contra el ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, a quien se le imputa la malversación de más de $140 millones de gastos reservados, se vincula con el allanamiento realizado la mañana del viernes tanto al domicilio como a la oficina de Sergio Muñoz, quien hasta este viernes mandataba a la institución.
En el marco del caso Audio, los equipos investigativos peritaron el teléfono celular del abogado Luis Hermosilla, imputado en la causa por presunto soborno, y se habría rescatado información que involucraría a la ex máxima autoridad de la policía civil en hechos constitutivos de delitos.
Hermosilla, hasta antes de abrirse la indagatoria por el caso Audio,
defendía a Espinosa en el proceso en su contra y Muñoz le habría entregado información sobre esa investigación.
Este hecho derivó en los allanamientos y en la formalización que se pidió en su contra. Imputación por el delito de Infracción artículo 31 de la Ley 19.913 e Infracción artículo 246 del Código Penal. La audiencia se realizará el próximo martes 19, a las 09:00.
Si bien en principio el Ejecutivo ratificó a Muñoz en su cargo tras una reunión sostenida en La Moneda, durante la noche el ex director retornó al Palacio Presidencial para presentar su renuncia, la cual fue aceptada por el Presidente Gabriel Boric.
Imputación
Un total de $1.099 millones de gastos reservados tuvo que administrar entre 2015 y 2017 Espinosa mientras estuvo al mando de la PDI. En enero del año pasado, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, presentó un escrito ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
"La custodia y administración de los gastos reservados asignados a la PDI se encuentran a cargo de su jefe de servicio, el director general, quien decide la fecha, monto, y distribución de esos fondos en diversas unidades institucionales, y quien es responsable de su correcta inversión", dice la acusación.
Además, añade que "el acusado, ex director de la PDI, hizo depositar una parte de estos, en dinero en efectivo, en sus cuentas corrientes personales, tanto del BancoEstado, como del Banco de Chile. Así como en la cuenta corriente del Banco de Chile perteneciente a su cónyuge, la acusada María Magdalena Neira".
Solo por el supuesto desvío de fondos fiscales, Campos estimó una pena de 10 años de cárcel en contra de Espinosa. A lo que sumó cinco más por lavado de activos y otros cinco por falsificación de instrumento público.
En la acusación se explica que luego de que un subcomisario entregaba estas sumas de dinero a Espinosa, el ex director de la institución "junto con distribuir esas sumas entre las unidades destinatarias de estos caudales, antes precisadas, sustrajo a lo menos $146 millones, sumas de dineros correspondientes a fondos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados asignados a la PDI".
La entidad persecutora identificó un total de 52 depósitos realizados en tres años.
La fiscalía también acusa de un tercer cargo al ex director de la policía civil: falsificación de instrumento público. "Entre los años 2015 y 2017, el acusado Héctor Espinosa faltó a la verdad en la narración de los hechos sustanciales, de forma reiterada", dicen desde la fiscalía.
El Ministerio Público también acusa otro cargo relacionado con el lavado de activos y que incluye a Espinosa y su cónyuge.
