Un tema que ha marcado la pauta los últimos días es el que aqueja al ahora exdirector nacional de la Policía de Investigaciones (PDI),
Sergio Muñoz.
Y es que la exautoridad habría entregado, presuntamente, información sobre la investigación de su antecesor, Héctor Espinosa, relacionada al delito de fraude al fisco, con el uso de gastos reservados, donde además se indaga lavado de dinero, al abogado Luis Hermosilla, otrora defensa de Espinosa.
El viernes se realizó un allanamiento en su oficina y domicilio, se anunció la formalización para el próximo martes 18, y se concretó la renuncia, luego de que la presentara al presidente Gabriel Boric en La Moneda, quien la aceptó.
Pero, lo cierto, es que este hecho que ha removido la institución se ha dado en un momento que asoma complejo, ya que, por ejemplo, en las últimas horas se conoció que dos funcionarios fueron desvinculados tras ser detenidos en el marco de una indagatoria por cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.
La jornada del sábado, a través de un comunicado, la PDI expuso que "el viernes 15 de marzo se concretó la aprehensión de dos inspectores por su presunta responsabilidad en los delitos antes mencionados" y que la investigación la "dirige la Fiscalía Metropolitana Centro Norte".
Además, reiteró que "la PDI reitera a la opinión pública que no acepta ni ampara conductas que se alejen de los valores y doctrina institucional".
Hace menos de una semana, otro acontecimiento afectó a la institución. En concreto, funcionarios dispararon contra un automóvil donde viajaban un padre y su hijo (en la comuna de Colina).
"Personal de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Bicrim Colina, se movilizaban en un vehículo y son alertados de que un automóvil sedán gris estaba realizando ilícitos, específicamente había intentado realizar una encerrona en ese sector. Concurren a esa esquina y se encuentran de frente con un vehículo con las mismas características, lo intentan fiscalizar y este automóvil se da a la fuga", señaló al respecto Felipe Olivari, fiscal de la Fiscalía Centro Norte.
Luego, dijo que se inició una persecución, y "según la versión de los funcionarios de la PDI, el vehículo que perseguían casi atropella a dos personas, por lo tanto, ellos hacen uso de sus armas de servicio, disparan en varias oportunidades contra este vehículo, finalmente se detiene y los dos ocupantes del auto particular resultaron con lesiones, cada uno con dos impactos de bala, uno con una herida en el rostro, el otro en la zona lumbar, afortunadamente sin riesgo vital y siendo intervenidos para extraerle los proyectiles en estos momentos en el Hospital San José".
Sin embargo, afirmó que "el automóvil no registraba encargo por robo ni tampoco se encontraron especies ilícitas al interior".
La versión de los familiares de los heridos, en tanto, fue que se les cruzó el automóvil de la PDI y los funcionarios no se identificaron. "Con lo que pasó con el venezolano Ojeda y los falsos PDI pensaron que podía ser todo falso y les querían hacer una encerrona, por eso no se detuvieron. Solo al final encendieron la baliza", señaló un sobrino y primo de las víctimas a Meganoticias.
La fiscalía dispuso que "por transparencia", fuera Carabineros quien llevara la investigación y se incautaron las dos armas utilizadas por los funcionarios policiales.
Poco antes de aquello, específicamente a principios de marzo, se confirmó que el que comenzó como un "presunto secuestro" terminó con la muerte del exteniente del Ejército venezolano, Ronald Ojeda.
El 21 de febrero el exmilitar fue secuestrado desde su departamento en la comuna de Independencia. Tras ratificarse el hecho, el Gobierno informó que se querellaría, pues el Presidente consideraba la situación como "prioritaria". No obstante, casi 10 días después, el cuerpo sin vida del hombre fue encontrado enterrado dentro de una maleta, en una toma en Maipú.
Días después se conoció el certificado de defunción del Registro Civil, que consignaba que la causa de muerte de Ojeda era "asfixia por suspensión", según Ex-Ante.
El viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la situación del exdirector Muñoz asegurando que espera que "esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad y en definitiva no termine perjudicando a las personas".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, en tanto, dijo el sábado a Meganoticias que lo ocurrido era "un delito gravísimo, por las características de la autoridad y también por la señal que importa el rol que cumplimos todos aquellos quienes desempeñamos una función pública".
Además, remarcó "en este tipo de cosas creo que es importante tener en consideración que las responsabilidades son personales y no institucionales".
Y es que si vamos a los datos, y más allá de los mencionados acontecimientos, la PDI continúa siendo una de las instituciones más valoradas por los chilenos.
De hecho, según la encuesta Cadem realizada el 4 de febrero, que abordó esa arista, la Policía de Investigaciones se encuentra en el segundo lugar de aprobación con un 86%. Solo la supera Bomberos con un 98%, mientras que en tercer lugar se encuentra la Fuerza Aérea con 82%.
