El transporte público ha generado diversas críticas en la Región de Valparaíso, principalmente por su mal estado y poca fiscalización. Sobre esto, varios diputados denunciaron una serie de irregularidades cometidas por los operadores del transporte público del Gran Valparaíso.
El Mercurio de Valparaíso consignó que los diputados Andrés Longton (RN), Andrés Celis (RN) y Luis Fernando Sánchez (P. Republicano), además del core Manuel Millones (Ind-UDI) y la presidenta de la Agrupación Vecinal Forestal Seguro y Digno, Jenny Carreño, presentaron las denuncias.
La Contraloría Regional de Valparaíso efectuó entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022 un proceso de fiscalización, cuyo informe final N°799 evacuó este 27 de marzo y que, de acuerdo a sus resultados, viene a reafirmar las deficiencias del sistema y también el escaso poder de control por parte de la institucionalidad a cargo de supervisar el buen funcionamiento de las 9 áreas de negocio.
El informe señala que se detectaron una serie de disminuciones arbitrarias de las diferentes flotas, sin la debida aprobación de la Seremi. Sumando a ello, hubo 1.448 buses que incumplieron la frecuencia que se les exige y, por eso, la Seremi deberá, en un plazo de 60 días, informar sobre sanciones para esos casos.
Estos procesos disciplinarios deberán replicarse, se advierte, en los 21.753 casos donde buses del Gran Valparaíso superaron la velocidad de 100 kilómetros por hora. Pero también en aquellos casos donde vehículos de las empresas cuestionadas paralizaron, en promedio, 13,6 días al mes durante el años 2021 y 12,61 días para el 2022.
Además, al ente del Gobierno también se le imputa que no ha "exigido la implementación del sistema de cobro electrónico de tarifas a las unidades de negocio en los plazos establecidos, por lo que deberá exigir su ejecución, cuyos avances deberán ser informados en un plazo de 60 días hábiles".
Seremi no tiene poder
Por último, la Contraloría comprobó que ni la Seremi de Transportes Valparaíso ni la Subsecretaría del ramo cuentan con un manual de procedimientos para aplicar las sanciones a los operadores del servicio.
Para el diputado
Luis Cuello (PC), quien es crítico del sistema y hasta elaboró un proyecto de ley denominado
"Que pase la micro", que amplía el transporte a operadores públicos, la auditoría de la Contraloría ratifica "la práctica generalizada de incumplimientos por parte de las empresas privadas que operan el transporte del Gran Valparaíso". A su juicio,
"hay una situación de total impunidad, que tiene que ver con un problema estructural, que va mucho más allá de las capacidades de fiscalización del Ministerio de Transportes".
Escasa fiscalización
Uno de los denunciantes que motivó la investigación de Contraloría fue el diputado Andrés Celis (RN), quien ve en las "múltiples irregularidades señaladas una negligencia preocupante". Esto se suma, advierte a "la ausencia de manuales de procedimientos y la utilización de herramientas obsoletas para el control de procedimientos sancionatorios, que indican una falta de adaptación a estándares modernos de gestión".
Su par y correligionario Andrés Longton (RN), que también forma parte de los reclamantes, espera que "los sumarios que se orden realizar a Contraloría junto a la modernización pronta del sistema, den resultados". Aún así, no confía en que los procesos de licitación de un nuevo sistema, comprometido para 2025, sea la solución a todos los problemas.
Está convencido que "licitaciones sin mecanismos de control eficientes, como lo señala Contraloría, nos condena a los mismos males".
No piensa lo mismo Celis, quien considera que una "nueva licitación de transporte en Valparaíso debe ser la oportunidad para reconstruir desde cero una gestión eficiente y responsable".
Intervenir repartición
En tanto, el core Manuel Millones dijo que el informe "es tan lapidario que justifica que se intervenga de inmediato la Seremi de Tranportes y se hagan los sumarios a quienes corresponda, dado que lo que se evidencia es la falta de fiscalización y control sobre la flota licitada, que recibe un subsidio del Estado para sus operaciones".
Por esa razón, lamenta que "la licitación que prepara el Ministerio de Transportes sea más de lo mismo y que, extrañamente, no incluya a metro o a los taxis colectivos". Es decir, subraya, "van a replicar un sistema deficiente y eso hay que decirlo".
Negligencia grave
Según el presidente de la Confederación Nacional de Conductores de la Región de Valparaíso, Oscar Cantero, lo que señala Contraloría no los sorprende, ya que son denuncias que llevan haciendo durante años y que se suman a sus críticas sobre cómo el Gobierno actual ha enfrentado el tema, demorándose tres meses en nombrar un Seremi de Transportes y cómo es que ya vamos en el tercero en dos años.
"Hay una situación de total impunidad, que tiene que ver con un problema estructural, que va mucho más allá de las capacidades de fiscalización del Ministerio de Transportes"
Diputado Luis Cuello (PC)
Su reclamo es que hay empresas como
Fenur, apuntadas por la Contraloría, "que en nada cumplen, como el contrato las obliga a tener 397 buses en la calle, aun cuando hoy tienen 200, pasando a llevar la resolución 1.745 que reglamenta el perímetro exclusión". Agregó que, según la ley,
"esta empresa no debería estar operativa y, al contrario, debería caducarse el contrato y llamar a concurso a otras empresas para prestar servicio acorde".
Por su parte, la presidenta de la Agrupación Vecinal Forestal Seguro y Digno, Jenny Carreño, quien llevó los reclamos de la ciudadanía a la Contraloría, siente que hay una "Seremi que no ha tomado en serio su rol fiscalizador. Hay una negligencia grave y eso tiene un costo gigantesco para la calidad de vida".
