Durante los últimos días, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fijó un criterio para los funcionarios de Gobierno: en caso de formalización, tendrán que dejar sus cargos.
"Nuestra filosofía, con los funcionarios que son de nuestra dependencia, es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones", sostuvo en primer lugar.
Luego, detalló que "esa es la filosofía que nos aplicamos nosotros como Gobierno central y con nuestros funcionarios. Otros poderes del Estado, organismos autónomos como son los municipios, toman sus propias decisiones".
Estas declaraciones generaron repercusiones, sobre todo, por la situación del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien es investigado en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, y a medida que avancen las diligencias podría, eventualmente, ser formalizado.
Además, por los casos de las máximas autoridades de las policías, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez (que será formalizado por su eventual responsabilidad en el delito de omisión "de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio", durante el estallido social), y el exdirector nacional de la PDI, Sergio Muñoz, quien ya fue formalizado por ilícitos reiterados de violación de secreto.
El diputado PPD, Raúl Soto, considera que el Gobierno "se está equivocando" y "está negándose a hacer política y tomar decisiones difíciles descansando en argumentos jurídicos, pero la verdad es que acá hay que evaluar caso a caso".
Por ejemplo, señaló que "hay situaciones donde la formalización va a ser tarde y el daño político ya va a estar hecho, como Miguel Crispi".
Hay otras situaciones, agregó, "donde la formalización puede ser insuficiente, dada la magnitud y los efectos colaterales desde la perspectiva política que eso puede tener para nuestro país, como la situación del general Yáñez".
"El Gobierno tiene que actuar con criterios políticos, no solamente con criterios jurídicos, y debe tomar decisiones caso a caso, por más difícil que sea, pero hay que asumir costos", precisó.
El diputado Andrés Jouannet (presidente de Amarillos), sostuvo por su parte que el "criterio Tohá" difiere del "criterio del Presidente". "El Presidente todavía tiene en su cargo a quien traicionó su confianza. Miguel Crispi engañó al Mandatario, no le dio la información de todos los problemas que había con las fundaciones y todavía se mantiene en su cargo".
De manera adicional, dijo que le parece "malo", "porque tenemos al general director de Carabineros, Yáñez, en una situación compleja. Ella (la ministra) debiera dedicarse a fortalecer a Carabineros y no enviar estos mensajes que distorsionan la situación, porque hoy día tenemos problemas de seguridad, tenemos que fortalecer Carabineros".
La jefa de bancada RN, Ximena Ossandón, acotó que "si el Gobierno fija un estándar, debe hacerlo, pero con todos los funcionarios, no importa si es el máximo asesor presidencial o la jefa de la Dipres".
Ahora bien, mencionó que "de cualquier manera, en el caso del General Yáñez es distinto, y debe justificarse, según señala la propia Constitución, entendiendo que no es un funcionario más de confianza, sino que goza de una naturaleza especial. En ese caso, me parece que un criterio meramente gubernamental no basta y que debería justificarse desde la objetividad y considerando la presunción de inocencia".
Desde la misma tienda, el diputado Jorge Durán comunicó que "el Gobierno del presidente Gabriel Boric es una administración que cuesta entender bastante cuando toma alguna decisión por algún tema simple o bien complejo, y más cuando es por el Caso Convenios. Dicho lo anterior, este criterio que ya fijó la ministra del Interior para funcionarios del Gobierno en caso de formalización, no es lo adecuado".
A su juicio, "lo más oportuno es que el Presidente tome decisiones claras a favor del país y le pida de una vez por toda la renuncia a Miguel Crispi e, incluso, a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Y así, realiza una limpieza en su gabinete, ya que el Mandatario tiene su propia oposición al interior de su Gobierno (...) Presidente Boric, por favor, tome decisiones claras en bien del país, ya que creo categóricamente que usted está más preocupado de cuidar los intereses de sus amigos que los del país".
La diputada Karen Medina (PDG) indicó que le parece "de toda lógica" lo que sostuvo la ministra y que "debiera ser una materia de ley, una materia que abarque al menos a todos aquellos funcionarios de servicios dependientes del Estado".
Lo que sí, aseveró que le "preocupa tremendamente que esto dependa del Poder Judicial, las investigaciones y que muchas veces sabemos que esto no funciona con la celeridad que nos gustaría. Por ende, pudiera traducirse en demandas de aquellas personas que después de un proceso investigativo, a lo mejor muy largo, resulten inocentes y que vean dañados su imagen, su nombre y su honra. Y esto vendría a perjudicar, por supuesto, a todas aquellas personas. Creo que es una buena idea, pero hay que darle vuelta y debe ser en materia de ley y no solamente anunciado para un sector".
El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, fue más enfático y precisó: "Ojo con las declaraciones de la ministra Tohá, que establece con criterio un estándar respecto de aquellos funcionarios que son formalizados al interior del Gobierno. No se vaya a pisar la cola, ministra, porque muchos de los que han declarado en las causas de corrupción están en calidad de imputados y prontamente podrían estar formalizados".
Por último, el jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, mencionó que "el Gobierno ha decidido trazar una política respecto a sus funcionarios que sean formalizados. El problema, en primer lugar, es que esa política se les comunica a través de la prensa y, en segundo término, esa política no hace distinción respecto al delito ni al grado de compromiso reconocido por el propio sujeto que está siendo investigado. Esto es relevante, porque en el caso del exdirector general de la PDI era un delito grave el cual él reconocía haber hecho los actos que se le estaban imputando, no así en el caso del director general de Carabineros".
Entonces, afirmó que "esas distinciones son relevantes cuando tenemos que reconocer el principio de inocencia que sólo se quiebra con una sentencia definitiva. Es decir, la formalización no es suficiente. Aquí falta claridad y falta, creo yo, hacer distinciones que son relevantes además de haberlo comunicado personalmente a cada uno de los involucrados".
