La congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia Don Orione cumplió los términos en que la Corte Suprema acogió, el 29 de septiembre pasado, el recurso de protección que interpuso contra un grupo de "okupas". El desalojo de los intrusos debía tener lugar sólo después de dos meses de que fueran notificados de la sentencia, a menos que en ese lapso se hubiesen ido por su voluntad del predio que los religiosos tienen en el balneario de El Quisco. No obstante, dos días antes de que se concretara el desalojo, los ocupantes -que ya habían incendiado dos de las siete cabañas del recinto- volvieron a prenderle fuego. "Quedaron en pie sólo las instalaciones centrales, donde los curas hacían sus misas, pero que estaban convertidas en un salón orgiástico e insalubre", dice Marta Escanilla, abogada de la congregación. "Avisar con tanto tiempo el desalojo es preparar a los ocupantes para que hagan embarradas", concluye la profesional, quien por esta razón descree de la viabilidad de lo ordenado el viernes 23 por la Corte Suprema en orden a dar seis meses para que 3.900 familias abandonen la toma en el cerro Centinela de San Antonio antes de ser expulsadas por la fuerza pública.
