La denuncia por maltratos a una estudiante de la U. de Los Andes se conoció ayer, a través de redes sociales.
El Mercurio/Archivo
A través de redes sociales, ayer se conoció el caso de
Catalina Cayazaya, una joven que el pasado 16 de marzo se quitó la vida tras denunciar maltrato por parte de profesoras de la Universidad de Los Andes. Fue la madre de la estudiante, Carola Cors, quien hizo la denuncia.
En una carta publicada en Instagram, la madre expone los abusos a los que fue sometida su hija mientras hacía sus internados de la carrera de Terapia Ocupacional.
"A Catalina le arrebataron las ganas de vivir", expresa.
Producto de esto, la universidad emitió un comunicado anunciando una "exhaustiva investigación", mientras que la Superintendencia de Educación Superior (SES) anunció que oficiará al plantel. Si bien no han recibido una denuncia o reclamo formal, señalaron que se decidió actuar de oficio "debido a la gravedad de la situación".
Esta mañana, el
superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, profundizó a
Radio Universo que en su capacidad fiscalizadora y ante las denuncias conocidas en redes sociales, "tenemos que ver si los mecanismos que tiene la universidad para resolver estos conflictos son efectivos, si son capaces de tomar las medidas necesarias para revertir las situaciones que se han planteado, y si podemos ver alguna manera de evitar que este tipo de circunstancias vuelvan a ocurrir".
En concreto, la acción de la SES busca que la Universidad entregue información sobre dichos mecanismos, la que debiera ser conocida en los "próximos días", y a partir de ello, "definir qué tipo de instrumento de fiscalización podría aplicarse en este caso, pero no queremos proceder a una fiscalización directa todavía, sin escuchar a la universidad y ver los antecedentes que ésta pueda aportar en esta materia".
Salazar comentó que en 2021 ya habían tenido una situación en materia de convivencia de la U. de Los Andes, "y se resolvió con intervención de la universidad".
En cuanto al caso de Catalina, "la situación no va a poder ir por resolver lo que ella vivió directamente, sino por prever y tratar de hacernos cargo de que situaciones como ésta no se vuelvan a repetir", afirmó. Esto, junto con recordar que en el marco legislativo, la SES tiene la misión de cuidar la convivencia y propiciar espacios seguros para los estudiantes.
Consultado por las sanciones que podrían recaer en sobre el plantel, Salazar precisó que las multas pueden llegar hasta las 10.000 UTM (aproximadamente $650 millones). Esto, siempre que se abra un proceso sancionatorio, "hacer una investigación, establecer que la universidad infringió sus normas internas, y sobre esa base, proceder a la aplicación de sanciones".
En cuanto a los plazos, Salazar precisó que esto varía según el proceso que se aplique y en función a la cantidad de evidencia que se debe recolectar. "Hay que entrevistar a todo el mundo, tratar de ver en qué lugares ocurrió todo esto, revisar las alertas y mecanismos que funcionaron o no, y el conjunto de normas de la carrera, de la facultad y de la universidad", comentó.
Con ello, se esperaría que la situación arroje algún resultado "durante este año", dijo Salazar. Consultado por si eso podría tardar al menos seis meses, el superintendente dijo que "tengo la impresión, por la dinámica que han tenido los hechos hasta ahora, que va a ser más rápido que eso; entendemos la urgencia de la situación".
