"Requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Yáñez Reveco". Esa es la última acción tomada por el general director de Carabineros.
Fue presentada ante el
Tribunal Constitucional, con lo que podría aplazarse su formalización fijada para el próximo
7 de mayo por hechos ocurridos durante el estallido social.
En el documento, que consta de 24 carillas y fue ingresado ayer, el general señala que la investigación en su contra "se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos. En efecto, esta figura de participación
no constituye un crimen en sí mismo, sino una especial participación de los jefes militares y civiles en los tipos penales de derecho penal internacional".
Además, asegura que "el 7° Juzgado de Garantía, haciendo un uso abusivo del Derecho y a través de un procedimiento irracional e injusto está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable a la institución de Carabineros de Chile".
"Recurro ante este Excmo. Tribunal para garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma cornisiva ni activa. En efecto, jamás he permitido, convalidado, autorizado ni aceptado la afectación de la vida, integridad y dignidad de ningún chileno, pero por el ejercicio de mi cargo de DIOSCAR debí hacer cumplir la Constitución y las Leyes, para así restablecer el Estado de Derecho, el orden público y la seguridad interior", sostuvo también.
Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "en general las estrategias que las personas ocupan ante los tribunales no son temas en los cuales el gobierno le corresponde intervenir y pronunciarse. Son parte de la dinámica de estos procesos y no corresponde que hagamos ningún planteamiento".
La jefa de gabinete insistió que "las formalizaciones las definen los tribunales. Y cuando se definan, el gobierno tendrá que tomar sus decisiones y se harán las evaluaciones. Pero nosotros no somos, en el Ejecutivo, los que decidimos cuándo se hace la formalización".
La solicitud de Yáñez
