Revuelo causaron las recientes declaraciones del
fiscal Héctor Barros, a cargo de la indagatoria del crimen del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, registrado a fines de febrero en nuestro país. Luego que sujetos lo secuestraran en su departamento en Independencia y dieran muerte en una toma en Maipú.
Ayer, en un reportaje de Chilevisión, el fiscal sostuvo que "nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio de señor Ojeda desde Venezuela".
Esta mañana, al ser consultado por sus dichos, el fiscal explicó que con el avance de la indagatoria se han ido descartando líneas investigativas y la que ahora queda, es la de la organización desde el exterior.
"Esto no fue un autosecuestro, no fue un secuestro extorsivo. Esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera, en contexto de crimen organizado, donde el perfil concreto que tiene la víctima nos lleva a concluir que ninguna de las primeras hipótesis, de que la víctima hubiera estado en movimientos ilícitos o que el Tren de Aragua lo hubiera secuestrado para efectos de cobrar algún rescate, están absolutamente descartadas", sostuvo Barros.
Consultado por un posible móvil político detrás del hecho, el fiscal precisó que "lo que he dicho es que este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela, no he dicho que es un tema político, no he dicho quién lo organizó, porque eso es parte de la investigación, y en eso estamos trabajando".
Más de una década frente a casos de crimen organizado
Al margen de su complejidad y particularidades, el caso del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda es uno de los tantos que ha tenido que dirigir el fiscal Héctor Barros (55 años) desde que tomó el mando del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, unidad que debutó en noviembre del año pasado.
La crisis de seguridad y la nueva criminalidad asociada a este flagelo fue el principal móvil para que el fiscal nacional, Ángel Valencia, junto al Gobierno y las policías, impulsaran la creación de este grupo de unos 240 profesionales en todo el país. La tarea de coordinación, desde la RM le fue asignada a Barros.
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Encabezaremos una transformación inédita desde el punto de vista del Ministerio Público", precisó el persecutor en la presentación del nuevo grupo. Así, los desafíos que presentan los delitos de secuestro extorsivo, secuestro con homicidio, trata de personas, y los mercados ilícitos, entre otros, hacían que Barros fuera el indicado para dirigir la nueva unidad, gracias a su extensa experiencia en materia de crimen organizado, desde su arribo al Ministerio Público, en 2001, como fiscal adjunto de La Serena.
En 2004, el abogado de la Universidad de la República se trasladó a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, como Fiscal Jefe especializado en delitos de robo. Dos años después asumió, en la misma región, la jefatura de la Fiscalía Especializada en Antinarcóticos y Crimen Organizado, en la que se mantuvo durante 11 años. Entre sus labores, persiguió y desbarató bandas locales conformadas por clanes familiares, como "Los Car'e Jarro" o los "Car'e Pelota".
Desde 2017 estuvo a cargo de la Fiscalía Local de Puente Alto, periodo en el que además le correspondió asumir la subrogancia y suplencia de la fiscalía regional Metropolitana Sur, que hoy lidera y coordina con sus labores en ECOH.
Los desafíos de ECOH y su postura ante la migración irregular
Pese a que la nueva unidad de la fiscalía está en marcha hace solo cinco meses, ya han debido enfrentar casos como el del empresario Rudy Basualdo, secuestrado y luego liberado en Rancagua; los hallazgos de casa de tortura que mantenía el Tren de Aragua en la comuna de Maipú; los hallazgos de cuerpos en zonas rurales de distintas comunas del país; o el crimen de los agriculores en la Región de O'Higgins. Todo, como parte del nuevo escenario que viene enfrentando el país hace más de cinco años y que con el tiempo, se ha agudizado.
Frente a este tipo de hechos, el persecutor no ha escatimado en señalar que existe un componente asociado a la migración irregular. Luego del hallazgo de las casas de tortura, comentó a Radio Pauta que "nosotros estamos viendo una realidad que existía en Centroamérica y que ahora se extrapoló a nuestro país, a propósito de la inmigración".
En esa línea, Barros se mostró partidario de que la migración se debe regular, "adoptamos la decisión de que todos se quedan acá, pero los regularizamos con nombre y apellido, aunque sean falsos, pero que los tengamos en nuestro Registro Civil, porque tenemos víctimas e imputados que no sabemos quiénes son".
Asimismo, expuso que el ingreso ilegal no es el único factor, sino que cuando se logran detectar a estas organizaciones, "tenemos el problema que no encontramos a los delincuentes, por una razón muy sencilla: ingresan por paso habilitados y se van por pasos no habilitados. De repente tenemos la orden de detención para muchos, pero no tenemos cómo ejecutarla porque no sabemos dónde están".
En el caso Ojeda, uno de los más bullados de los últimos meses, el fiscal ya anunció que solicitó un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela, puesto que los dos autores del crimen retornaron a ese país luego del delito. La intención de Barros es que ese país colabore con la detención de los suejetos, para que sean extraditados a Chile y puedan enfrentar a la justicia local.
