La cartera busca que todos los actores del "sistema de justicia penal" tengan a la vista estos datos y se hagan responsables de la situación penitenciaria.
El Mercurio
El ministro de Justicia,
Luis Cordero, se refirió la mañana de hoy miércoles al oficio a Gendarmería solicitándole informar mensualmente a jueces y fiscales el número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país y descartó que la medida busque invenir en las solicitudes o dictámenes de prisión preventiva
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Esto, ya que la cartera busca que todos los actores del
"sistema de justicia penal" tengan a la vista estos datos y se hagan responsables de la situación penitenciaria.
En un punto de prensa, el secretario de Estado explicó que "el número de personas privadas de libertad en
el país ha aumentado en los últimos 24 meses cerca de 40%" y que el país mantiene "su número de plazas desde hace aproximadamente una década: 41.000".
Por esa senda diferenció que Chile "ha invertido en mejores condiciones carcelarias, pero no ha aumentado su número de plazas", por lo que "distintas administraciones han tratado de generar inversión pública para generar las condiciones de dignidad y permitir adecuada segregación al interior de los establecimientos penales, pero al no aumentar el número de plazas, en muy pocos meses el sistema penitenciario tiene una sobrepoblación muy significativa".
Identificó que ello provoca que las segregaciones de la población penitenciaria "se hacen más ineficientes", aunque también las "condiciones de seguridad que se complejizan".
Así, afirmó que "el Ministerio de Justicia se ha podido percatar que no hay conciencia de la capacidad total de los establecimientos y lo que implica la sobrepoblación, y eso ha sido muy evidente por los informes de jueces de garantía y fiscales judiciales que nosotros hemos recibido".
Asimismo, señaló que "el propósito es que el sistema de justicia en su totalidad tenga la información. Si eso tiene relevancia o no tiene relevancia para efectos de la prisión preventiva, el Ejecutivo no tiene ese propósito. Es fundamentalmente que todos sepamos y que seamos transparentes con la información que tenemos".
También apunto a que "hay muchas personas que quieren cárcel, pero esas personas nunca han ido a una cárcel y tampoco quieren una cárcel cerca de sus casas, de sus barrios o de sus comunas".
Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales
Por su parte, Francisco Bravo, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, dijo que "la sobrepoblación en recintos carcelarios es una realidad preocupante. En Chile hay más de 54 mil personas privadas de libertad, de los cuales cerca de 20 mil están en prisión preventiva".
Sobre la medida del Ministerio de Justicia, señaló que "las consideraciones que los fiscales atienden, a la hora de solicitar la prisión preventiva u otra medida cautelar, son única y exclusivamente las que la ley les impone. Y no podría ser de otra manera a la luz de lo que la Constitución Política, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y el mismo Código Procesal Penal señalan. Además de los criterios de actuación ordenados por el fiscal nacional".
"Tener en consideración otros aspectos, sería apartarnos de lo que la ley nos permite", agregó.
Finalmente sostuvo que "el planteamiento del señor ministro revela varios problemas más de fondo. Entre otros, el aumento de la criminalidad violenta que la Asociación de Fiscales ha venido hace 4 años denunciando con fuerza, a propósito de la necesidad de fortalecer al Ministerio Público y preocuparse y ocuparse de la seguridad de los fiscales y de los operadores de justicia, cuestiones respecto de las cuales se ha hecho poco".
