Para enfrentar la sobrepoblación penal, el Ejecutivo le solicitó a Gendarmería informar cada mes el número de internos, capacidades y condiciones. Según manifestó el ministro de Justicia, Luis Cordero, se está buscando que “todos sepan la disponibilidad de cupos que tiene el sistema”.
En esa línea, apuntan a que magistrados y fiscales tengan en cuenta esta información al momento de decretar, por ejemplo, una prisión preventiva.
La solicitud del Gobierno desencadenó una serie de opiniones en el Congreso Nacional. Desde la oposición apuntaron a que era una "irresponsabilidad" por parte del Ejecutivo, mientras que oficialismo tuvo posturas disímiles.
El diputado Andrés Longton (RN) manifestó que claramente que esto atenta contra la independencia del Poder Judicial y contra la autonomía de las fiscalias que tienen que fallar en razón del mérito de la causa y de la ley. Si las cárceles están sobrepobladas, no pueden ser las familias honestas y pacíficas, que quieren vivir tranquilas, quienes asuman el costo de tener que convivir con un delincuente que puede ser un peligro para la sociedad y que debería haber estado preso y que por esta directriz, porque están sobrepobladas las cárceles, que es responsabilidad del Gobierno y no de las familias chilenas puede quedar en libertad”.
Francisco Undurraga (EVO) sostuvo que lo planteado por Cordero es "a lo menos irresponsable", ya que "es el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia a quien le corresponde ocuparse de la situación carcelaria".
"Los magistrados deben hacer su trabajo que es condenar a quienes han cometido delitos graves, o no. Y claramente lo que busca el gobierno con esta iniciativa agravará la delincuencia en el país, ya que muchos formalizados que debieran quedar en prisión preventiva, por ejemplo, podrían quedar libres, transformándose en un peligro para la sociedad", agregó.
Asimismo, Gustavo Benavente (UDI) planteó que "independiente de que es cierto de que obviamente tenemos una sobrepoblación penal y de que faltan más cárceles, lo que debe tener a mano un fiscal o un juez al momento de pedir o decretar la prisión preventiva es fundamentalmente la seguridad de las chilenas y chilenos, más allá de este problema de la sobrepoblación penal, creo yo que lo principal aquí es la seguridad y ese es el principal derecho que tiene que tomarse en cuenta al momento de decretar o pedir una prisión preventiva".
Visión del oficialismo
Por otro lado, la diputada Emilia Schneider (CS) manifestó que "es una muy buena propuesta, porque la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario no solo genera vulneraciones de derechos para las personas en los penales, sino que también dificulta la persecución del crimen organizado y la delincuencia que ocurre desde dentro de las cárceles".
"Yo presenté un proyecto de ley el año pasado para que la Corte Suprema informe sobre el uso de la prisión preventiva y sus criterios, para evitar abusos de la medida y arbitrariedades. Concuerdo con el principio de que todo el sistema debe hacerse responsable de esta realidad", agregó.
A su vez, Andrés Giordano (IND-FA) sostuvo que "no es secreto que hay prisiones preventivas que se dictan apresuradamente, con un criterio que muchas veces parece guiado por la opinión pública. La idea es que para casos de criminales que sí son un peligro para la sociedad o con riesgo de fuga se utilice esta herramienta, pero no despilfarrar recursos públicos cuando no es así; el año pasado el porcentaje de personas presas sin condena subió a un 37,5% del total de personas en recintos penitenciarios".
A su juicio "hay una ineficiencia que debe repararse, desde la calidad de la evidencia presentada en las audiencias, hasta los procesos mismos que se extienden más de lo debido, prolongando innecesariamente la detención o utilizándola cuando no corresponde".
Una opinión distinta compartió el diputado Jaime Araya (IND-PPD): "lo que ocurre en las cárceles es responsabilidad de Gendarmería de Chile, que a su vez depende del Ministerio de Justicia, por lo tanto pretender trasladar la responsabilidad a la judicatura y al Ministerio Público no corresponde, si hay preocupación por lo que sucede en las cárceles, que se construyan cárceles".
En esa línea, calificó como "presión indebida" la propuesta del Ejecutivo, "el ministro debe rectificar y dejar sin efecto esta decisión. Si quiere instar porque no se decreten prisiones preventivas, que el Gobierno actúe como interviniente en las causas, la crisis carcelaria no se va a resolver dejando a los sicarios, violadores, narcotraficantes, y lideres de crimen organizado, ni a sus cómplices o encubridores en libertad".
