Ayer, la
ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el
general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dejará su cargo, a raíz de la formalización programada para el próximo 7 de mayo. Esto, por su eventual responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, durante el estallido social.
De concretarse la audiencia para ese día, el jefe de la policía uniformada, debería salir antes de su cargo, de acuerdo al criterio que ha establecido La Moneda, frente a las formalizaciones que deba enfrentar alguna autoridad de Gobierno o algún cargo de confianza.
Según dijo la ministra Vallejo, la salida de Yáñez se debería concretar días después del aniversario institucional de Carabineros, que será el sábado 27 de abril.
De ahí, sólo quedaría la semana siguiente -entre el 29 de abril y el 3 de mayo- y según conoció Emol, la salida será un día hábil, lo que deja fuera la opción de que el general director deje su cargo el 1 de mayo.
Batería de recursos: Amparo, no innovar y medida prejudicial
Pese a este escenario, Yáñez se ha jugado unas últimas últimas cartas en medio de todas las acciones que ha encabezado su abogado, Jorge Martínez, para dejar sin efecto la formalización en su contra, las que no habían tenido acogida.
El martes, el Tribunal Constitucional rechazó su solicitud de suspensión del proceso, por lo que ayer su defensa, presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de las imputaciones que los fiscales Xavier Armendáriz, jefe regional metropolitano Centro Norte, y Ximena Chong, quien encabeza la unidad de Alta Complejidad de esa jurisdicción, harían a su representado el próximo mes.
En el recurso, el abogado acusa de una "feroz persecución" por parte del Ministerio Público a Carabineros en relación con los hechos ocurridos desde el 18-O, y subrayó en la "ilegal" cautelar de prisión preventiva que se pretendería solicitar contra Yáñez. Además, acusa a ambos fiscales de "un evidente sesgo y parcialidad en la tramitación de esta causa, razón por la cual, como jefe superior del servicio, mi representado ejerció derecho a guardar silencio en la investigación".
En la noche, el abogado volvió a acudir a la Corte de Apelaciones, esta vez, para presentar un recurso de no innovar, texto de 8 páginas al que accedió Emol.
En el escrito, el abogado apunta a "la grave vulneración de los derechos de mi representado, específicamente la amenaza y perturbación directa a su libertad personal y seguridad individual, por los delitos que se le busca imputar en la audiencia de formalización fijada para el día 7 de mayo de 2024, y que se extenderá, en palabras del propio Fiscal Regional Armendariz, por 5 jornadas; pero específicamente por la audiencia de medidas cautelares personales que se dará posteriormente".
En el texto, Martínez toma lo señalado en el recurso de amparo, donde acusa que a su defendido "se le ha privado de su derecho de conocimiento de los hechos que se le imputarán desde el momento que que adquiere la calidad de imputado, su derecho a ser oído y su derecho a tener un plazo razonable para preparar su defensa material; puesto que los hechos de la carpeta investigativa han mutado, aumentando progresivamente de 300 a más de 1378 delitos que se busca imputar a mi representado".
En abogado también cuestiona que el delito que se imputará "solo puede cometerse por una persona que haya tenido al menos la posibilidad de realizar una conducta con el fin de detener los acontecimientos con un conocimiento que no sea extemporáneo. Esto se denomina la actualidad del dolo, e implica que el sujeto estuvo presente en el lugar de los hechos".
Pero eso no fue todo: Martínez también presentó ayer una medida prejudicial precautoria para solicitar la paralización o suspensión de la tramitación de la causa contra Yáñez, "por haber actuado el Ministerio Público fuera de sus competencias constitucionales y legales al irrogarse facultades legislativas y jurisdiccionales en su actuación, lo que constituye fundamento para presentar una demanda de nulidad de derecho público en su contra".
Junto a ello, solicitó que se amplíe a 30 días el plazo para notificar dicha solicitud y su resolución.
Así las cosas, este jueves la Corte de Apelaciones resolverá si declara admisible o no el recurso de amparo. En tanto, si se acoge la orden de no innovar, se suspenderá la audiencia de formalización, mientras se resuelve el fondo del recurso de amparo, lo que podría ser la próxima semana.
