A dos semanas para que rija el fallo de la Corte Suprema que obligará a las aseguradoras a establecer una tabla única de factores y restituir a los afiliados los montos que se les cobraron en exceso, una preocupación es qué ocurrirá con quienes se encuentran bajo tratamiento médico crónico o complejo que no puedan descontinuarse y que, debido a sus preexistencias, podrían tener dificultades para cambiarse a isapre y deben ingresar a Fonasa. El Gobierno comprometió garantizar la continuidad de sus tratamientos en dichos casos, aunque no estipuló cómo, por cuánto tiempo, ni cuánto le costaría asumir dicho compromiso. Eso es lo que calcularon las investigadoras Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián (Ipsuss), y Daniela Sugg, economista en salud y ex coordinadora de la Dirección de Presupuestos. En la estimación calcularon que cerca de 256 mil afiliados requerirían continuar algún tratamiento, lo que en el caso de que las seis isapres entraran en insolvencia, significaría al Estado un déficit anual de US$ 71 millones, aun considerando que estas personas aportaran su 7% al fondo público. Y esto en el escenario más conservador.
