Este martes, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados continuaron con la discusión de las indicaciones del articulado del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), aunque no será hasta su total despacho como era la intención de su presidente, diputado Miguel Ángel Calisto.
Esto, luego que por segunda jornada consecutiva, la diputada FA, Maite Orsini, se negara a dar el acuerdo para el total despacho, acción a la que se plegó el diputado Jaime Araya (Ind).
Por estos días, la discusión parlamentaria se ha centrado en avanzar en proyectos relativos a la seguridad y a dotar de herramientas a las policías para sus labores, luego del triple homicidio a carabineros registrado el fin de semana en Cañete.
Producto de este hecho, la Fiscalía determinó aplazar para el 1 de octubre la fecha en que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se debe presentar para su formalización por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, durante el estallido social.
Nuevo debate en torno a Yáñez
En medio de ese escenario, ha surgido un debate a raíz de algunos de los artículos de la ley RUF que para algunos podría leerse como "beneficiosos" para Yáñez, en caso de que la normativa se convierta en ley.
Ayer se aprobó parte del contenido de los principios de racionalidad y de rendición de cuentas. En cuanto al primero, se entenderá como "el uso racional de la fuerza y el ejercicio adecuado de ésta".
En tanto, se respaldó el principio de responsabilidad gracias a una indicación suscrita por varios sectores políticos. En ella se estableció que el uso de la fuerza, fuera de los parámetros permitidos, conlleva las responsabilidades individuales y, cuando corresponda, la responsabilidad de la autoridad civil y los mandos respectivos.
De aprobarse la normativa de esta forma, y a la luz de que lo que se imputa a Yáñez es la omisión, ¿podría resultarle beneficioso que la ley fije responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas?
Según comentó el diputado Raúl Leiva (PS), no hay forma de que esto beneficie a Yáñez. "en lo absoluto, lo que sí permite aplicar de manera retroactiva una norma y ha sucedido en dos o tres casos en función del principio indubio-prorreo es la ley Nain-Retamal, donde hay presunción de haber obrado con forma de derecho".
"En ningún caso las reglas de uso de la fuerza van a modificar esa situación. Si eventualmente existiera alguna aplicable, sería la ley Nain-Retamal, que establece como presuntamente válidas todas las operaciones realizadas".
Por su parte, el diputado de Amarillos, Andrés Jouanett, comentó que sí podría beneficiar la situación juidicial de Yáñez, puesto que "en el fondo, el juez va tener a la vista la ley actual al momento de dirimir".
"Habría que ver todos los tipos penales"
En conversación con Emol, el abogado Javier Couso, plantea que "habría que estudiar muy bien cuál es el tipo penal por el cual el general Yáñez está siendo imputado. Hay una norma que sí es de relevancia constitucional que es el principio de ley penal más favorable".
"Esto quiere decir que si por ejemplo, alguno de los delitos por los cuales estaría procesado Yáñez, fuera eliminado, el juez está obligado a considerar esto", planteó. No obstante, aclaró que "aquí habría que tener muy claro si estas reglas de uso de la fuerza cubren todos los tipos penales por los cuales está siendo procesado el general Yáñez".
Por su parte, el
abogado de la USS, Luis Palacios, plantea que la modificación que incorporó a "la autoridad civil y los mandos respectivos" en el principio de responsabilidad "puede tener un doble filo".
"Por un lado, amplía el espectro de quienes pueden ser considerados responsables, alargando la cadena de mando hasta incluir niveles más altos de supervisión y decisiones políticas. Por otro lado, al especificar y dividir la responsabilidad entre más actores, podría diluir la responsabilidad individual de una persona específica, como el general director de Carabineros, si se argumenta que la responsabilidad era compartida o que las fallas eran sistémicas", aclara.
Por otra parte, Palacios comenta que el principio "pro reo" favorece al acusado en caso de duda, garantizando que se apliquen las interpretaciones más favorables para el imputado en procesos penales. "Sin embargo, este principio no implica automáticamente la retroactividad de la ley".
Para que el principio "pro reo" sea aplicable en el caso de Yáñez, a la luz de la nueva normativa, "tendría que evidenciarse que es más favorable que la ley anterior en términos de responsabilidad o penalización; ser interpretada de tal manera que su aplicación resulte en una menor penalidad o menor probabilidad de ser encontrado culpable en comparación con la legislación anterior".
"Al respecto la Corte Interamericana de Derecho Humanos, caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, precisa la prohibición de aplicar de manera retroactiva disposiciones que aumenten la pena, así como conductas delictivas que al momento de los hechos no estuvieran previstas", cerró.
