Han pasado 11 días desde que se desarrolló la fatídica marcha de la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco" de Putre, en la Región de Arica y Parinacota. Ese sábado 27 de abril, se produjo la muerte del conscripto Franco Vargas, de 19 años, y otros 45 soldados terminaron afectados por un cuadro respiratorio.
La muerte del joven soldado se informó a la opinión pública el domingo, y con el paso de los días, se registró una serie de versiones cruzadas entre lo comunicado por el Ejército, la información que llegaba a las autoridades de Defensa y Delegación Presidencial de Arica, y las versiones de los ex conscriptos que se acogieron a la salida voluntaria de la institución; en total, 114 jóvenes que decidieron no continuar.
No fue hasta este lunes,
nueve días después de la muerte de Franco Vargas, que en medio de la escalada mediática, el
comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, salió a dar un punto de prensa para abordar la situación. En la oportunidad, comunicó que decidió relevar a los dos oficiales que ese sábado estaban al mando de la instrucción, y que solicitó a la Corte Marcial un ministro en visita a modo de transparencia para las investigaciones. Ayer el Ejército anunció que se relevó a seis otros oficiales.
Iturriaga también aprovechó la instancia para señalar que los conscriptos no estaban bajo temperaturas extremas en la marcha y que los soldados mantenían una indumentaria adecuada, lo que no coincide con las declaraciones de los jóvenes que estuvieron presentes ese día. Según recogió Biobío, el comandante en Jefe del Ejército aseguró además que "algunos usaron su tenida interior, otros decidieron marchar con polera (...) ellos deciden con qué ropa van".
En medio de toda la polémica, algunas voces expertas o con trayectoria en materia de Defensa, han planteado distintas lecturas en torno al manejo de la situación, entre ellas, algunas críticas por la forma y tiempos en los que se reaccionó, tanto desde el Ejército como desde el propio Ministerio de Defensa.
La "lentitud" en la comunicación
Una de las voces con mirada crítica es la de Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa, quien ha señalado en distintos medios durante estos días sus aprehensiones en torno a la lentitud con que se salió a responder por lo ocurrido, situación que distingue de la forma en que se enfrentó la tragedia de Antuco.
"Una de las lecciones de Antuco es la rapidez de la comunicación de los hechos, porque cuando no hay comunicación oportuna surgen todo tipo de versiones (...) Lamento que aquí no hubo una respuesta rápida de las autoridades civiles... han pasado 10 días", dijo Gaspar ayer a La Segunda.
"A mí, como ciudadano, me habría gustado una declaración como la que dio el comandante en Jefe del Ejército con alguna anterioridad. Pasaron algunos días no muy justificados de silencio, a mi juicio"
Jorge Burgos, ex ministro de Defensa
Según contó, en el caso de Antuco, siendo subsecretario, "me enteré el mismo día de lo que ocurrió e inmediatamente partimos a la zona y contactamos a las familias. En situación de crisis debe haber transparencia y rapidez oportuna, sobre todo con los familiares, a quienes se les debe brindar comprensión y respeto".
La visión es compartida por el ex ministro de Defensa, Jorge Burgos, quien en conversación con Emol comenta que "a mí, como ciudadano, me habría gustado una declaración como la que dio el comandante en Jefe del Ejército con alguna anterioridad. Pasaron algunos días no muy justificados de silencio, a mi juicio".
Para Burgos, más allá de las causas que se determinen respecto a lo ocurrido, "siempre será un hecho gravísimo que un conscripto muera en circunstancias tan complejas como las que murió este joven, más allá de la especificidad de la causalidad directa de la muerte. Por eso, creo que pudo haber sido mejor una declaración más pronta una vez ocurridos los hechos".
Rol de Defensa
El ex ministro recuerda que, de acuerdo a la Constitución, las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa, por lo que ante un hecho de esta magnitud, ocurrida en una de las ramas, en este caso, del Ejército "no puede ser un hecho ajeno a las autoridades de Defensa, y tienen que colaborar con determinar las razones por las que ocurrió, qué procedimientos no se cumplieron o no existen. Es un rol preponderante, esencial", precisa Burgos.
En ese sentido, Antuco vuelve a convertirse en un hecho de referencia, especialmente en cuanto a los protocolos que eventualmente se ajustaron tras lo ocurrido ese 2005. Burgos presume que la ministra de Defensa, Maya Fernández, "lo primero que hizo fue llamar al comandante en Jefe del Ejército para preguntarle sobre los hechos, no puedo creer que no haya sido así".
Si bien para Burgos resulta "opinable decir que la ministra debió haber actuado más públicamente y no entregarle el tema al subsecretario para las Fuerzas Armadas (Galo Eldestein)", pero precisa que por ahora, adelantar alguna responsabilibidad política sería "apresurado", puesto que aún se deben esclarecer las causas -y por cierto, las responsabilidades- en lo ocurrido.
Distinta opinión tiene Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab y ex oficial de Armada, quien remarca que la responsabilidad política de lo ocurrido recae en la cartera liderada por Fernández. "A Defensa le encanta aparecer para las cosas buenas y arranca para las malas. La ministra Fernández no fue a Putre, sino que mandó al subsecretario Eldestein. Puede que haya estado ocupada con lo que ocurrió en Cañete y la muerte de los carabineros, pero no puede aparecer ahora rasgando vestiduras de que el responsable de todo esto es el general Iturriaga".
De todas formas, apunta que "nadie puede poner en duda la calidad de la investigación, porque aquí van a ver conclusiones penales y administrativas".
Revisión de protocolos
Por otra parte, Kouyoumdjian enfatizó que la responsabilidad "funcional" sobre lo ocurrido, recae sobre el general Iturriaga, "pero entre el comandante en Jefe, hay otros mandos, y a dos de ellos ya se les relevó de sus cargos". En su opinión, ante lo ocurrido con el conscripto de 19 años, "se hizo lo que había que hacer en su minuto, más allá de las acusaciones de que se le hizo bullying o no. Es probable que el joven haya tenido alguna afección".
Lo anterior, abre otro debate en torno al caso: la revisión de los protocolos para ingresar al servicio militar. De hecho, el lunes, el
subsecretario Eldestein afirmó a Radio Cooperativa que hubo "
fallas en los protocolos", como por ejemplo "que no se vacuna a los conscriptos (contra la influenza) y eso va a ser un cambio radical, y otras causas que prefiero que salgan de la investigación".
Por su parte, el ex subsecretario Gaspar apuntó a que "quizás es el momento de evaluar el servicio militar, tal como lo hicimos en 2003, donde se propició la voluntariedad, lo que tuvo un buen comienzo. Pero hoy ya no es así, hoy cumplen 18 años cerca de 130 mil varones y finalmente ingresan al servicio militar cerca de 5 mil, en una buena medida porque se han incorporado mujeres".
La ex autoridad también apuntó a las bajas remuneraciones de los conscriptos: "como $80 mil y en zonas extremas, no supera los $160 mil o $180 mil", subrayó.
Para Kouyoumdjian, es probable que los protocolos se hayan cumplido; no obstante, "si el protocolo era suficiente, probablemente lleguemos a la conclusión de que no, más todavía si el Ejército está siendo requerido de forma permanente para cubrir las fronteras por los problemas de crimen organizado y migración ilegal, probablemente vamos a tener que mejorar las certificaciones médicas y los protocolos para destinar gente a esos lugares".
