El caso del joven soldado fallecido en Putre, Región de Arica y Parinacota, Franco Vargas, será revisada por la justicia militar, sin embargo, la justicia civil también tomará la causa. Esto, luego que el
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella puesto que de acuerdo a su razonamiento, los hechos corresponden a
apremios ilegítimos, delito consignado en el Código Penal.
Esta mañana, el
fiscal nacional, Ángel Valencia, comentó a
Radio Universo que a raíz de la querella del INDH, la
fiscalía de Arica, "cumpliendo con sus obligaciones legales, toma la denuncia, genera una causa, la asigna a un fiscal, y ese fiscal toma decisiones respecto de si, por ejemplo, se declara incompetente (...) si habría a un delito -aquí evidentemente hay un delito, aparentemente tiene que investigarse, pero no hay nada que indique que, de buenas a primeras, alguien puede descartar esto-, o abre una investigación".
"Conforme a la ley, es una situación que estamos evaluando, pero no cabe duda que no es un asunto que el fiscal (Mario) Carrera descartó apenas lo recibió para enviarlo a la justicia militar".
Ángel Valencia, fiscal nacional
En esa línea, Valencia explicó que las investigaciones no pueden convivir, porque, "yo no puedo estar investigando a la misma persona por los mismos hechos ocurridos en la misma época y con la misma calificación ante la justicia civil y justicia militar, eso es incompatible".
"Lo que sí puede ocurrir, es que en ciertos asuntos que están muy relacionados, sean de competencia civil y otros de competencia militar, como por ejemplo el caso del general Juan Miguel Fuente-Alba, que por el uso de gastos reservados, está siendo investigado por la justicia militar, pero por lavado de activos estaba siendo juzgado por la justicia civil", explicó el fiscal nacional. De todos modos, aclaró que en cuanto al caso de Putre, este escenario -de dos juicios separados- no se presentaría, porque se trata de una situación distinta.
Consultado sobre cómo entonces se resolvería el tema de la indagatoria, el fiscal nacional comentó que "no es la primera vez que el Ministerio Público que investigaría hechos ocurridos" en estas materias. En este caso, el fiscal (de Arica, Mario Carrera) "está pidiendo un informe sobre el punto jurídico para efectos de decidir si disputa o no esa competencia, porque hoy ya hay una investigación iniciada (marcial) o si envía los antecedentes a la justicia militar".
"Nosotros lo estamos apoyado y debiera ser una decisión que se tome prontamente, pero uno puede advertir que si bien es la Corte Suprema la que finalmente resuelve, pareciera que ya emitió una opinión implícita (al designar a la ministra en visita), aunque nadie podría decir que ese tema está resuelto", analizó.
Consultado por si sería "mejor" que el caso lo indague el Ministeiro Público, Valencia comentó que "conforme a la ley, es una situación que estamos evaluando, pero no cabe duda que no es un asunto que el fiscal Carrera descartó apenas lo recibió para enviarlo a la justicia militar".
Así, precisó que la señal es que "el Ministerio Público ha investigado en el pasado hechos similares, sin que haya existido cuestionamientos a la objetividad, con imparcialidad -tenemos las capacidades para eso- y hoy estamos evaluando si la vamos a disputar o no, eso le corresponde al fiscal de Arica".
