La fatídica marcha en Putre deja, a exactamente dos semanas de ocurrida, varios saldos que abrieron un flanco para el Ejército y el Ministerio de Defensa: el más grave, la muerte del soldado
Franco Vargas (19), 45 soldados con un cuadro viral. De estos últimos, uno sufrió una amputación de una mano y otro sigue en estado grave.
Y mientras aún pesan cuestionamientos sobre el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga y la ministra Maya Fernández -por las versiones contrapuestas que se dieron inicialmente tras lo ocurrido y por la "lentitud" de la respuesta, respectivamente-, ya avanzan las indagatorias, tanto desde la justicia marcial como civil, para determinar qué jurisdicción llevará el caso.
Pero hay otro debate que se ha abierto a raíz de la crisis: varias voces han apuntado a que es necesario avanzar en una "revisión" de las condiciones de los soldados que realizan el servicio militar, mirando más allá de lo ocurrido en Putre y la correspondiente revisión de si se cumplieron o no los protocolos, lo que deberá arrojar la investigación.
Esta semana, el ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, dijo a La Segunda que "hay una obligación del Estado de cuidar lo más preciado que tienen las Fuerzas Armadas que son sus recursos humanos, sus soldados; más aún, si es un voluntario que va a servir al país en una zona muy difícil".
Por eso, comentó que "quizás es el momento de evaluar el servicio militar, tal como lo hicimos en 2003 donde se propició la voluntariedad, lo que tuvo un buen comienzo. Pero hoy ya no es así, hoy cumplen 18 años cerca de 130 mil varones y finalmente ingresan al servicio militar cerca de 5 mil, en una buena medida porque se han incorporado mujeres".
Ingresos al servicio militar
El servicio militar es, en primera instancia, obligatorio y está orientado a jóvenes de 17 años (con inscripción anticipada hasta que cumpla la mayoría de edad), 18 años (llamado por sorteo), y voluntario en jóvenes entre 19 a 24 años. Para las mujeres, es voluntario.
En el mes de febrero, se publica el listado con los nombres de los jóvenes inscritos y sorteados, y para realizar el servicio, se evalúan por una comisión médica y militar, quienes determinan si la persona es apta o no para realizar el servicio. En tanto, el proceso de acuartelamiento inicia en abril.
El servicio militar puede cumplirse en el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, y la duración máxima es de hasta dos años; y mientras se cumple, los jóvenes pueden acceder a cursos de capacitación. Una vez finalizado el periodo de conscripción, los jóvenes pueden postular a ser soldado profesional o a alguna escuela matriz de las instituciones de las FF.AA.
En cuanto al número de inscritos, el año 2020 marcó una importante disminución en los voluntarios. En noviembre de ese año, se inscribieron 3.969 voluntarios, lo que marcó una disminución del 55,5% comparados a los 8.926 del mismo periodo de 2019. En esa oportunidad, el coronel del Ejército Fredy Kirst, comentó a El Mercurio que tanto la pandemia como el estallido social habían provocado "una disminución de la voluntariedad".
Por entonces, ya habían voces que apuntaban a que se necesitaba hacer una reflexión y pensar con "visión de siglo XXI" el tipo de defensa que se necesita. El general (r) Eduardo Aldunate, propuso formular mecanismos "que den posibilidades a sectores en la clase media o universitarios (para que) puedan participar en este instrumento de la defensa".
Pese a que en 2019 hubo más de 8 mil inscritos, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), también informaba en ese entonces una tendencia a la baja en las cifras en los años previos: si en 2017 hubo 17.308 voluntarios, en 2018 se inscribieron 12.947 jóvenes. Es decir, un 25,2% menos.
El ex director de la DGMN, Hugo Lo Presti, comentó al respecto que, entre las posibles razones estaba que "la demografía va cambiando, tenemos menos jóvenes", y que "también pueden haber temas coyunturales que son las imágenes institucionales".
En mayo del año pasado, y en el marco del Día del Soldado Conscripto, la ministra Maya Fernández anunció la conformación de una mesa de trabajo para generar propuestas de cara a aumentar el número de jóvenes que realicen el servicio militar, precisamente, por la baja sostenida que se venía observando desde 2018.
Según comentó en esa oportunidad la ministra de Defensa, la merma sostenida "expone a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, a una situación de gran exigencia de su personal, el que, además de las tareas propias de sus áreas de misión, ha debido desplegarse ante situaciones como estados de excepción y catástrofe y resguardo de fronteras en distintas regiones del país".
De acuerdo a las cifras de Defensa, los acuartelados en unidades militares en 2019 fueron 7.763; en 2020, fueron 4.951; en 2021, 3.389; en 2022 fueron 2.946; y en 2023, la cifra se elevó a los 5.269. De todas formas, la ministra reconoció que se trata de cifras que "se mantienen significativamente por debajo del total requerido por el Ejército de Chile, que para este año, por ejemplo (2023) fue de 10.108".
Debate por los montos que reciben los soldados
El ex subsecretario Gaspar, en su análisis, también apuntó a los bajos montos que reciben los soldados conscriptos durante el servicio militar. "Como 80 mil y en zonas extremas otro tanto que no supera los $160 mil o $170 mil, ¡pocazo! Hay que crear incentivos, hay que evaluar las condiciones de la conscripción".
En efecto, el monto depende de la zona donde se realice el servicio militar y de los grados que tenga cada conscripto. De acuerdo a la ley 20.676, los montos van desde los $75.158 para conscriptos en grado 32, hasta los $95.282 para grado 23.
En conversación con Emol, Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab y experto en seguridad y defensa, comenta que estos montos "son para gastos personales, porque en definitiva, se les da comida, alojamiento, etc.".
Por su parte, Alfonso Kaiser, magíster en ciencias navales y académico del Master of Engineering de la U. Andes plantea que, a su juico, "los conscriptos ganan poco", por lo que propone que los montos "debieran ser igualados para que recibieran algo parecido, que si no estuvieran haciendo el servicio. Ahí hay una deuda. La realidad es que esto debe ser atractivo, tenemos que retribuirle que hacen por todos nosotros".
"Lo otro, es que puedan hacer una carrera técnica o un oficio, después del servicio. Se está haciendo, pero falta mucho, tenemos que hacer algo más estructurado a mi juicio, en que, por ejemplo, gente que tiene más facilidades para ciertas áreas, tener un curso más avanzado. Eso sería bueno para las instituciones. Importante, esto se debe hacer a través del Ministerio de Defensa", comentó.
Revisión de protocolos y exámenes
Otro de los focos del debate ha sido las previsiones médicas para los jóvenes que van a hacer el servicio militar. La semana pasada, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eldestein, comentó a Radio Cooperativa -a propósito de su despliegue en Arica- que hubo "fallas en los protocolos", como por ejemplo, que "no se vacuna a los conscriptos (influenza), y eso va a ser un cambio radical".
Esa semana, también se conoció que dentro de los protocolos, no se contempla que los jóvenes que hacen el Servicio Militar se realicen exámenes médicos específicos para determinar si tienen problemas de salud que dificulten su permanencia en zonas de altura.
El general Rodrigo Pino, jefe de Estado Mayor General del Ejército, comentó al respecto que "no se exige el cumplimiento o la aplicación de estos exámenes, eso va a ameritar un cambio y un análisis para poder determinar si corresponde".
Kaiser comenta sobre este tema que a raíz de la cantidad de personas que participan de la inscripción, hay que considerar que cada examen tiene un costo, y ese costo hay que financiarlo. "Entonces, uno quisiera hacerle todos, pero la realidad es que es inviable para el sistema de salud de las FFAA. Por eso, no se pueden hacer todos los exámenes que quisieran".
"Se hace lo mínimo que tiene que hacerse, para dejarlos más aptos que entren, y no se vean enfrentadas, las instituciones, a un problema serio, de una persona, que tiene por ejemplo un problema cardíaco. Ya que existe un riesgo para la persona que entra, pero también para la institución", reflexionó.
En esa línea, precisa que "hoy por hoy el problema es cuánto se les exige y cuánta plata tenemos para eso. Lo otro, también, es lo que dice la ley, recordemos que los funcionarios públicos deben cumplir al pie de la letra lo que dice la ley. Si queremos modificar eso, hay que modificarlo por ley y otorgarle un financiamiento".
